En artículos anteriores se ha hecho referencia a la oligarquía como ese pequeño núcleo de la clase dominante que ha tenido la capacidad de dar direccionalidad al Estado guatemalteco a través de definir los marcos constitucionales, las leyes ordinarias, las políticas de Estado y el nombramiento de sus operadores políticos y jurídicos, pero también ocupando directamente el gobierno de los organismos públicos y controlando, a través de diversos dispositivos de poder, a quienes eventualmente llegan a cargos como el de la presidencia de la república.
La oligarquía ha gestado un sistema político a conveniencia, con partidos que operan directamente como su instrumento y, cuando no es así, con partidos que controlan a través de diversos mecanismos, entre los cuales resaltan últimamente dos: la corrupción de políticos y de funcionarios y el financiamiento lícito e ilícito. De esta manera logran mantener capturado el Estado para garantizarse la reproducción y ampliación de las condiciones legales, jurídicas, políticas, económicas, ideológicas y culturales que les permiten, en esencia, el control político del Estado, el control oligopólico del mercado y el control y dominio ideológico y cultural de la sociedad. Su fin: la mayor acumulación de capital a toda costa, esencia de la empresa, del empresario, del capital.
En ese sentido, el jueves 19 de abril la Cicig y el MP presentaron el caso Financiamiento Ilícito FCN-Nación Etapa 2, que implica a un conjunto de empresarios oligarcas, al partido actualmente en el Gobierno y al presidente de la república, Jimmy Morales. Entre los señalados se encuentran Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Herbert González, Stefano Olivero, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte, Fraterno Vila, Andrés Botrán, Pedro Robles, Rodrigo Arenas y Édgar Ovalle. Las empresas vinculadas son Banco Industrial, Cementos Progreso, Distribuidora de Occidente, Cervecería Centro Americana, Financiera Negocios Bursátiles Consolidados y Novaservicios. Asimismo, resultan políticamente comprometidas representaciones empresariales y paraempresariales como la Fundesa, el Movimiento Cívico Nacional y varios de sus intelectuales orgánicos que desde la televisión y la prensa son encargados de posicionar y hacer defensa de sus intereses.
Como respuesta inmediata, varios empresarios comprometidos con el ilícito llevaron a cabo una declaración que constituye un acto descarado y cínico a través del cual pretenden que creamos sus frases «nos equivocamos», «sin saberlo cometimos errores», «lo hicimos de buena fe», «lo hicimos por Guatemala», «pedimos disculpas al pueblo de Guatemala» y «prometemos no volver a cometer estos errores».
Dicha declaración no puede calificarse sino de falsa por varias razones: 1) el financiamiento de partidos políticos ha sido uno de los mecanismos históricos que han utilizado para controlar el sistema político, los organismos del Estado, los partidos, a los políticos y a los funcionarios públicos de alto nivel; 2) su mea culpa intenta aminorar el carácter delictivo y corrupto de su práctica, la cual no puede ser calificada sino como financiamiento electoral ilícito, y su explicación intenta suavizar un hecho irrefutable: formaron parte de una estructura de corrupción; 3) su declaración es realizada después —no antes— de la presentación de la Cicig y del MP de las pruebas irrefutables que los vinculan, entre otras las otorgadas por dos directivas de una empresa familiar de varios de los señalados, y 4) su discurso no es más que un intento de allanar la búsqueda para que se les aplique una especie de perdón y olvido que les permita evadir la justicia y su posible prisión.
Al respecto, lo mínimo que podemos hacer los ciudadanos honestos y comprometidos con los cambios en el país es no seguir creyendo en cuentos de hadas y al mismo tiempo exigir justicia contra estos honorables empresarios, contra el partido FCN-Nación y contra el gobernante Jimmy Morales.
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