Honduras: las vidas en el país del miedo (I)

POSTAL I: Un  viaje en autobús

En una madrugada de marzo, en Ciudad de Guatemala, la fila de pasajeros avanza lentamente hacia el autobús. Un guardia de seguridad revisa sus pertenencias, hurga hasta donde puede, y les pasa por encima un detector de metales. De pronto, cada viajero da medio paso hacia atrás, sorprendido por el flash de una cámara. El guardia de seguridad también fotografía a cada pasajero. Así la empresa tiene un registro de todos. Esta vez, son un variopinto de hondureños que regresan a casa, turistas estadounidenses mochileros y algunos guatemaltecos que viajan por trabajo.

El autobús hará escala en Copán Ruinas y San Pedro Sula, antes de llegar a Tegucigalpa. Un picop con dos guardias de seguridad armados lo seguirá hasta Copán. Luego, escoltará a otro autobús desde ahí hasta la capital guatemalteca. En la frontera El Florido, difícilmente se percibe la diferencia entre un país y otro entre furgones estacionados en doble fila que, flanqueados por verdes colinas, ocultan el rótulo “Bienvenido a Honduras”. Un cambista con 20 años en el negocio dice que el cruce fronterizo es seguro porque está cercado. “Por Corintia (en el noroccidente hondureño) sí está mal”, dice, frunciendo el ceño surcado de arrugas, apretando los ojos. “Las maras”, suelta, casi deletreando cada sílaba, como recordando lo que son capaces de hacer.

Una patrulla de la Policía Nacional Civil permanece estacionada frente a la oficina de migración del lado guatemalteco. Un policía habla por celular. El otro lee su libreta de apuntes. La fachada de Migración de Honduras está desierta. Pero en un banco adjunto, hay dos guardias de seguridad privada. Cada uno sujeta con firmeza una escopeta, y sólo uno viste chaleco antibalas, como la mayoría de guardias privados en casi todos los bancos de Honduras.

Un policía privado que escolta el autobús espera con radio en mano a que suban los pasajeros después del chequeo migratorio. Asegura que los asaltos en carretera rara vez ocurren, que le ha ocurrido a otras empresas sin escolta armada, su competencia. “Pero sólo del lado de Guatemala”, dice. “Del lado de Honduras, nada”.

Entre los pasajeros viaja un joven hondureño de 24 años, administrador de un estudio de karate en Comayagua, en las afueras de Tegucigalpa (donde en febrero se incendió una cárcel y dejó a 361 reos muertos). Lee la sección deportiva de un diario hondureño, la nota roja de las primeras páginas la pasó de largo. Según él, Honduras está igual que siempre (mal), aunque desde enero de 2010 haya comenzado la gestión del presidente Porfirio Lobo. En ese lapso, el país alcanzó la cifra más alta de muertes violentas en el mundo (86 por cada 100 mil habitantes, una tasa ocho veces mayor que el promedio mundial, y cuatro veces mayor que el latinoamericano). “El problema aquí es que los políticos (en el gobierno) mucho se ayudan”, dice, explicando que la corrupción desvía los recursos del Estado para prevenir la violencia. La corrupción política puede ser quizás una punta de iceberg.

En las 14 horas del trayecto entre Guatemala y Tegucigalpa, los demás pasajeros también parecen inmutables a pesar que viajan hacia el corazón de la violencia en Centroamérica, o en el planeta Tierra. Muchos ya viven ahí, y se creen habituados a sortearla con éxito, a sobrevivir reglas no escritas que todos conocen.

POSTAL II: Capital con cicatrices

Algunos muros de Tegucigalpa, la capital hondureña, todavía muestran las cicatrices del evento político descrito por analistas como un parteaguas en la historia del país: El golpe de Estado del 28 junio de 2009, que sacó a Manuel “Mel” Zelaya de la presidencia en Honduras, que dejó un gobierno interino de Roberto Micheletti (quien dejó la presidencia del Congreso para ocupar la de la República), meses de incertidumbre, relaciones diplomáticas resquebrajadas, y una ola de violencia política que agudizó la que prevalecía por la delincuencia y el crimen organizado.

Hace tres años, los mensajes en grafiti estaban por todas partes. Ahora, es necesario circular por varias calles y buscar –casi con ojo de lince- la pintura desgastada que dibujó posiciones polarizadas. En una calzada, que sirvió de punto de concentración tanto para los seguidores de Zelaya como para quienes apoyaban su salida, todavía se leen mensajes como “Mel ratero”, o “Fuera golpistas”. El recuerdo de los hechos que engendraron estos pronunciamientos todavía está fresco.

Un ex jefe policial dice que era vox populi que un hijo de Zelaya utilizaba el avión presidencial para asistir a conciertos en la República Dominicana. Es una historia que también relata un ex líder magisterial, según quien el dinero comenzó a fluir una vez ganada la elección, incluso antes de iniciado el gobierno. “Antes de las elecciones de 2005, (Mel) nos dijo que debíamos reunir 100 mil lempiras (unos Q43 mil) para una concentración política”, dijo la fuente. “Al fin lo conseguimos (entre las bases), aunque con muchas dificultades”. Ya como presidente electo, Zelaya ya no necesitó pedirles ayuda para reunir los  1.2 millones de lempiras (medio millón de quetzales) que gastó en otra concentración antes de tomar posesión.

Un ex dirigente sindical, que se reunía con Zelaya en su casa en esa época, afirma que el ex presidente era y es víctima de una campaña de desprestigio. Él todavía cree que lo sacaron del país porque intentó “tocar” a los poderosos: los proveedores de combustible, grandes terratenientes (aunque Zelaya era uno de ellos) y al empresariado. “Su gran pecado fue querer ayudar a la gente más pobre de este país, que sobrevive con menos de un dólar (unos Q7.78) al día”, afirmó el ex sindicalista, quien figuró entre los manifestantes que salieron a las calles durante dos meses para protestar contra la salida de Zelaya.

“Mel quería preguntarle a los hondureños si querían reformar la Constitución, por medio de una consulta popular (que tendría que ser depositada en una ‘cuarta urna’), para encausar cambios sociales a largo plazo”, explica. Los detractores de Zelaya afirman que el ex mandatario quería modificar la carta magna para reelegirse y continuar en el poder, y los organismos Judicial y Legislativo intervinieron para detenerlo. Estos últimos dos, apoyados o forzados por los poderes económico y militar. En medio del conflicto, hubo quienes apoyaban la salida del ex presidente, pero se oponían a su expulsión del país. Este debate aún prevalece, aunque ha habido un camino recorrido para la reconciliación política, o como dicen analistas críticos, el retorno a una democracia plural.

Pulso político

La polarización no se percibe a simple vista. La inscripción a mediados de marzo pasado del nuevo partido político de Zelaya, Libertad y Refundación (LIBRE), atizó las cenizas, aunque según encuestas de ese mes, el Partido Nacional (PN) de derecha, y el Partido Liberal (PL), de izquierda, todavía concentran las preferencias del electorado casi en un 70 por ciento, entre los siete partidos inscritos para las elecciones primarias en noviembre próximo.

Zelaya ganó las elecciones en 2005 con el PL. En las elecciones de noviembre de 2009, el presidente Lobo fue electo por el PN. “En la última elección se creyó que un gobierno fuerte nos iba a sacar adelante mejor que un gobierno débil, que ellos podrían ser la solución, pero esa gente se ha engañado”, dijo Ramón Custodio, jefe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), refiriéndose al gobierno de Lobo. “Por casualidad  se dio que el poder legislativo (la mayoría de curules en el Congreso) también se le entregó al partido gobernante, y estos han malentendido el mensaje”.

Ahora el grafiti político no es lo único desgastado. También lo están las vallas que anunciaban al presidente Lobo y sus promesas de seguridad y empleo como la solución para Honduras. Con un año y ocho meses por gobernar, el mismo Lobo admite que está de manos atadas. “Yo les garantizo que nadie está vacunado; nadie sabe cuándo la violencia va a tocar a su puerta”, dijo a mediados de abril, en una actividad sobre la participación ciudadana en la seguridad, que el Banco Mundial y la cooperación estadounidense auspiciaron. Lobo parecía derrotado. Un minuto decía: “Hoy por la tarde iniciaré una cruzada por la vida, por comunidades más seguras”. Luego advertía: “Prevenir no podemos hacerlo un gobierno o dos gobiernos. La lucha empieza desde el hogar, la familia, la escuela; los gobiernos somos transitorios, (pero) el pueblo sigue”.

Pero la población hondureña está golpeada. Durante la gestión de Lobo, han muerto violentamente 19 personas en promedio, por día, en un país con la mitad de habitantes que Guatemala. Estimaciones del Banco Mundial indican que pocos hondureños no han padecido alguna forma de violencia. Según Giusseppe Zampaglioni, representante de ese organismo, cada víctima de los 7,104 homicidios ocurridos en Honduras en 2011 (2,024 sólo en el departamento de Cortés) pertenecía a una familia de al menos cinco miembros. De manera que al menos 35,500 hondureños sufrieron un impacto psicológico y económico directo de esas muertes el año pasado. Entre las víctimas mortales, el 47 por ciento tenía entre 15 y 29 años de edad. Otro 31 por ciento tenía entre 30 y 44 años. Cerca del 20 por ciento eran mujeres.

Lobo fue el principal contendiente de Zelaya en 2005, cuando su principal oferta era la seguridad. Ese año, hace siete años, la tasa de muertes violentas era de 37 por cada 100 mil habitantes, pero subió a 66.8 en 2009, y alcanzó las 86 dos años después, con Lobo. Los zelayistas todavía lo identifican como golpista porque fue electo en comicios organizados durante la administración interina de Micheletti, sin observación internacional. En realidad, pocas figuras o entidades públicas gozan de un perfil neutral –a eso no escapa ni siquiera la Conadeh, a la que algunos periodistas restan credibilidad porque funciona con fondos gubernamentales, aunque es una entidad autónoma-.

Al menos un sector de la opinión pública destaca que Custodio se oponía al golpe (aunque no era seguidor de Zelaya), y eso le valió su identificación con el mandatario derrocado; otro sector lo considera golpista. Custodio dice que este ha sido el precio de ser crítico con todos, en parte, porque sostiene que los problemas de Honduras comenzaron mucho antes del golpe y que Zelaya apareciera en escena.

La influencia militar en la policía

Algunos informes, como uno publicado por el centro académico Woodrow Wilson en Washington en 2011, explican que el golpe contribuyó a agudizar la crisis de seguridad. El documento indica que el país ya sufría problemas de corrupción y crimen, pero que la focalización de las fuerzas de seguridad en atender la crisis y la violencia política, y la reducción de ayuda extranjera (resultado del embargo que castigaba el golpe), precipitaron al país hacia el abismo.

Al comisionado Custodio esta perspectiva parece irritarle. “Es una visión prejuiciada porque afuera se cree que Honduras nació el 28 de junio de 2009 (el día del golpe) cuando los desórdenes existían desde antes”, afirma el funcionario, quien dirige la Conadeh desde 2002, y cuyo mandato fue renovado por unanimidad por el Congreso hondureño en 2008.

T., un periodista independiente que pide omitir su nombre, explica que existen grupos de poder copando al Estado, y que los eventos de 2009 tuvieron un precedente de casi 30 años de transición democrática fracasada y de impunidad. La dictadura militar terminó en 1980 sin que se hubiera desarrollado una guerrilla como las de Nicaragua, El Salvador o Guatemala ni procesos de paz o de demanda de democracia. En 1982, se dio una reforma constitucional, pero el sistema democrático está tutelado. Los militares seguían atrás del poder civil, encargados de áreas específicas como la seguridad pública. “Los puestos claves en la policía estaban al mando de militares”, afirma el periodista. En realidad, todavía están bajo control militar en 2012. Los intentos por recuperar el Estado y la asistencia militar de EE.UU. (que utilizó a Honduras como sede de los Contras, la guerrilla contrarrevolucionaria, para derrotar al sandinismo en Nicaragua) eran inútiles ante la red de corrupción e impunidad que existía. Para 1990, la debilidad institucional era endémica, como baja era la presencia del Estado en diversas zonas del país.

En la cintura de los años 90, las fuerzas de seguridad y las armadas ya no tenían el monopolio en la venta y el manejo de armas. Las maras y el crimen organizado movían armas que provenían del arsenal remanente de los conflictos armados en Centroamérica, particularmente de los grupos desmovilizados en Nicaragua. “En esa época, un AK-47 (fusil de asalto, de fabricación rusa) se vendía hasta por US$20 dólares”, recuerda T. “Era común que todos los días se encontraran casquillos para este tipo de arma en escenas de crimen”.

Entre 1993 y 1994, se estableció la Conadeh. Además, en 1993 desapareció la Dirección Nacional de Investigación de la Policía, por abusos que los investigadores cometieron. En 1994 comenzó a funcionar el Ministerio Público (MP) y una nueva policía de investigación, que fue exclusiva del MP, la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Reformas constitucionales, y la Ley Orgánica de la Policía, luego separaron a la policía de las fuerzas armadas recién en 1996.

En 1998, la entrada en vigencia de Ley Orgánica de la Policía Nacional conlleva a que la investigación ya no sea competencia del MP sino de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Esta creó una Dirección General, de la que dependen la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), la de Tránsito, entre otras divisiones.

No obstante, para finales de los años 90, la policía “No era un brazo (del crimen organizado), sino un cartel muy poderoso”, revela el periodista. “Los oficiales tenían cuotas que llenaban con el producto de actividades ilegales, principalmente extorsiones, secuestros y sicariato en las zonas de narcotráfico”. Además, la policía todavía dependía de los militares. El Faro realizó un reportaje a profundidad sobre la policía en el país más violento del mundo.

“Todavía había afinidades ideológicas porque varios oficiales militares de alto rango tenían jerarquía en la policía, y la mentalidad es de combate, de guerra contra el enemigo”, afirma T. “La policía reprime, y eso se vio claro en el golpe (de Estado)”. El ex dirigente sindical asegura que al menos 150 personas fueron asesinadas mientras duraron los disturbios, y que la violencia política no venía de los zelayistas, sino del “gobierno de facto” de Micheletti. Estas muertes no se esclarecieron. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que investigó los hechos que precedieron y siguieron al golpe, planteó en su informe final que constató y recibió testimonio “del uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales durante  el golpe de Estado y el gobierno de facto; lo que tuvo como resultado las violaciones a los derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura, violaciones sexuales y persecución política”.

Circulo vicioso: corrupción-impunidad

Pese a los múltiples cambios (sin depuraciones), la policía seguía devorada por la corrupción, influida por los militares. Incluso, puestos claves en la policía eran ocupados por coroneles.

“Las investigaciones no tenían sustento, y el sistema de justicia procesaba casos en los cuales el 90 por ciento de los fallos se emitían a favor del acusado”, afirma el periodista. “Esto magnificó la tendencia de impunidad (de los años anteriores), y la ciudadanía supo que no podía contar con la policía”. Como resultado, las investigaciones eran débiles en evidencia científica y testimonial. Había desconfianza en el programa de protección al testigo. Simplemente no había testigos de los hechos criminales, así 20 personas lo hubieran presenciado, según T. Una de las razones es que, en varios casos, entre los victimarios figuraban policías.

Custodio denunció que hay dos casos de desapariciones forzadas reportadas a Organización de las Naciones Unidas, y casos de ejecución extrajudicial comprobados, realizados por la policía. “Eso es grave. La impunidad propicia la continuidad del abuso, y comienza si tiene un sistema de justicia que no investiga adecuadamente los delitos”, denunció el comisionado, quien no condena el sistema completo, pero reconoce que no funciona como debería. “No podemos seguir con que los policías dicen que son los jueces y los fiscales, y viceversa; eso es un juego de ping pong en el que no debemos caer”.

Para 2006, ya se estimaba que del total de denuncias presentadas, el 78 por ciento es investigado y sólo el 2 por ciento termina en condena. Un estudio del Banco Mundial de 2011, apunta a que la falta de denuncia –por desconfianza en el sistema- contribuye a estos porcentajes.

Un caso paradigmático –aún impune- es la ejecución extrajudicial el 22 de octubre de 2011 de Raúl Vargas Castellanos, de 22 años, hijo de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estandarte de la oposición al Golpe. Reportes de prensa indican que Vargas fue herido mortalmente en un puesto de control policial. La policía le disparó y la víctima se estrelló en su vehículo unos metros más adelante. Lo acompañaba su amigo Carlos Pineda Rodríguez, de 24, quien sobrevivió la colisión pero a quien ejecutaron. Los policías abandonaron los cadáveres en una carretera a varios kilómetros del lugar.

La investigación del caso, ante fuertes presiones de Castellanos, permitió la identificación de un subinspector y tres agentes como los autores del crimen. Se halló sangre en tres patrullas, y ADN de Vargas en uno de ellas. Algunos de los acusados y sus cómplices, tras su detención, escaparon de la cárcel y no han sido recapturados. Tampoco lo han sido los policías que permitieron la fuga.

Seis semanas más tarde, el 7 de diciembre pasado, fue asesinado Gustavo Alfredo Landaverde Hernández, de 71 años, asesor de la Secretaría de Seguridad (que ahora dirige Pompeyo Bonilla). Murió acribillado 48 horas después que admitió frente a las cámaras de televisión que tenía los nombres de altos jefes policiales involucrados en corrupción. Dijo que el director y otros jefes policiales sabían a quiénes se refería. Nadie ha sido capturado por su asesinato. Castellanos y la viuda de Landaverde, Hilda Caldera, emprendieron una cruzada para depurar la policía y, como resultado, toda la cúpula policial fue removida en octubre pasado.

Desde septiembre, el presidente Lobo había destituido al ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, quien, presuntamente días antes, había anunciado que denunciaría a 20 oficiales policiacos vinculados al narcotráfico. No mucho después, las acusaciones contra la policía continuaron, y hasta Álvarez también arrastró sindicaciones de violaciones de derechos humanos contra reclusos durante su gestión. T. dice que “el valor de la lucha de Castellanos radica en que vence el miedo a la impunidad”, más que en los resultados que haya logrado contra la corrupción en la policía.

El 11 de marzo, un noticiero del Canal 10 publicó los resultados de una encuesta que revelaba que el 88.8 por ciento de los hondureños cree que el gobierno ha fallado en seguridad. La Conadeh recibe denuncias que señalan a la policía como la institución estatal que más abusa los derechos humanos en Honduras. Los casos ocurren en todo el país, no sólo ocurren en las zonas donde hay mayor actividad pandillera (como Tegucigalpa, la capital, o San Pedro Sula, la capital económica), o donde más opera el narcotráfico (en la frontera con Guatemala y en la costa del Atlántico).

“No podemos hablar de una política de Estado (en ese sentido) si tenemos una policía corrupta”, afirma Custodio. “Esa es una factura del poder Ejecutivo, que incumple sus obligaciones de garantizar la seguridad de la población”.

Pidiendo imposibles

Si la población estimada es de 8.2 millones de habitantes en Honduras, y la fuerza policial es de 14 mil elementos, hay un promedio de 585 habitantes por policía. La cifra es menor porque el cuerpo policial se divide en varias unidades, así como en equipos y turnos de trabajo. Miembros de la Policía Preventiva (policías uniformados que actúan en los operativos), sólo había 7,050 en 2011. Es decir, había 1,163 habitantes por agente u oficial, sin contar los turnos. El ideal, de acuerdo a estándares internacionales de seguridad, es de un policía por cada 250 a 300 habitantes.

El reducido número de policías es sólo una de las batallas que se libra adentro y afuera de la institución policial, según el subcomisario Carlos Aguilera Cadenas, subjefe departamental de Atlántida, con sede en el pueblo costeño de La Ceiba, frente a las islas de Roatán y Utila. Aguilera reconoce que hay corrupción interna, pero también sostiene que algunos jefes de gobiernos municipales consideran erróneamente que la seguridad es un problema sólo de la policía, cuando también incide un bajo nivel de escolaridad y el difícil acceso a empleos bien remunerados.

“Los altos niveles de desempleo generan inestabilidad social, y debido la inmigración a Estados Unidos, hay cualquier cantidad de hogares desintegrados, donde los muchachos son fácil presa de las pandillas o maras”, afirma el subjefe policial. Aguilera afirma que “el producto policial” en Honduras sale de este ambiente. “Lo extraemos de una sociedad que ha perdido los valores, con una oferta salarial que no nos permite contratar personas con un nivel de mayor desarrollo intelectual”, agrega.

Honduras es, junto a su vecina Nicaragua, uno de los dos países más pobres del continente, con niveles de pobreza arriba del 70 por ciento; Guatemala tiene entre 51 y 56 por ciento.

De hecho, Aguilera –una de las pocas fuentes que aceptó ser citada y grabada- dice que “la policía no está diseñada para responder a las exigencias que la criminalidad presenta”. Para empezar, el subcomisario sostiene que la relación policía-habitante es demasiado dispareja. Por ejemplo, en Atlántida, descrito como el departamento más violento de Honduras (y del planeta), hay sólo un policía por cada 1,600 habitantes; eso sin contar los turnos y la subutilización de la policía. 

“Nosotros somos una policía multiusos. Es decir, si hay que trasladar reos, los traslada la policía; si hay que trasladar una persona con problemas mentales, los traslada la policía, porque los traen a la policía”, señaló el subjefe policial. “Cumplimos demasiadas funciones y los recursos se minimizan rápidamente. Estos factores influyen en que la respuesta al ciudadano no sea la adecuada”.

Pero las condiciones de trabajo tampoco son las mejores. Los turnos policiales, por ejemplo, duran 36 horas. “Empiezan a las siete de la mañana y terminan a las cuatro de la tarde del día siguiente, sólo con pequeños descansos durante la noche”, explicó Aguilera. Cuando terminan el turno de 36 horas, deben presentarse al día siguiente otra vez a las siete de la mañana. “Los fines de semana, la jornada es duplicada porque [los policías de turno] entran el viernes a las siete de la mañana y salen el lunes a las cuatro de la tarde”, agregó la fuente. Aún en estas condiciones, los policías apenas ganan el salario mínimo.

“El sueldo de un policía del más bajo rango anda por los 6 mil lempiras (unos Q2,600), pero este policía no es de la zona”, dijo Aguilera. “Viene del interior a donde tiene que viajar cada 15 días y pagar su propia comida, habitación, muchas veces hasta su propia munición, incluso en La Ceiba. Al final, de ese salario no le queda mucho. Entonces, eso produce corrupción. Toda esa combinación de factores hace que ser policía sea muy difícil”. En Guatemala, un policía gana Q4,000 mensuales.

La situación en ciudades más grandes, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, no es mejor. Aguilera dice que ahí hay más concentración de recursos, pero no los suficientes. Hace año y medio, este subjefe de la policía en Atlántida estuvo asignado ocho años en la capital hondureña, donde era el jefe de la unidad de helicópteros de la policía, de la cual también era piloto.

Para 2010, el presupuesto nacional había incrementado en un 8.9 por ciento (en relación con el año anterior). Se incrementaron los policías, aunque la criminalidad si aumentó en un 24.8 por ciento, según la asociación Libertad y Democracia.

En 2011, el 4 por ciento del presupuesto se destinó a seguridad, otro 4 a la Secretaría de Defensa, un 29 por ciento a Educación y el 13 por ciento, a Salud. Pero T., el periodista independiente, asegura que el problema no es sólo la falta de recursos. “El presupuesto ha tenido un mayor crecimiento en los últimos años, aún con Zelaya, pero creció paralelamente a la corrupción y a la violencia”, asevera. Esto aunque Honduras recauda a penas el 15 por ciento de lo que produce; uno de los más bajos del continente. Pero el presupuesto también se manejó en medio de una errática administración pública. En octubre de 2008, un miembro del equipo de comunicación de la Secretaría de Finanzas de Honduras, dijo que ese año Zelaya anunció el aumento de sueldo para los empleados públicos sin consultarle antes a la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, si el Estado podía cubrir el incremento. Santos tuvo que sentarse para asimilar la noticia. El anuncio no tenía marcha atrás.

Custodio coincide con el discurso de T. “Eso no tiene nada que ver con (falta de) fondos financieros; tiene que ver con otros fondos, fondos oscuros, gente sin conciencia, nacida para ser corrupta”, responde Custodio. “La tolerancia o aquiescencia desde el Estado es una complicidad disimulada”. El 86.8 por ciento de los hondureños piensa que la corrupción aumentó en los últimos diez años, según una encuesta del Consejo Nacional Anticorrupción. La responsabilidad del sector privado o de los financistas de campaña en la corrupción pública todavía no es un tema que se debata en la opinión pública.

Síntoma uno: policía surte de armas a cárteles

Hace casi una década, un miembro de la división de asuntos internos de la policía (hoy retirado) investigaba el robo de entre 150 y 300 fusiles Galil de las bodegas policiales. Eran armas compradas por el gobierno hondureño a Israel. El ex policía dice que se recuperaron diez en Santa Bárbara en diciembre de 2004. Sin embargo, la investigación del caso le causó problemas. “En una ocasión me abrieron el carro y se robaron la computadora con información de la investigación”, dijo. También fue amenazado. Cuando reportó lo ocurrido al director de la policía, y al entonces ministro de Seguridad Jorge Rodas Gamero, fue removido del caso y de la unidad de asuntos internos.

Informes oficiales citados por El Heraldo en 2011 dan cuenta del robo de otros 100 fusiles. Este último fue denunciado como el primer robo masivo de armas del grupo élite Comando de Operaciones Especiales Cobra en 2007. Esa investigación no progresó. Además, el diario cita otro caso de 186 armas de diverso calibre ocurrido aproximadamente en agosto de 2011. La publicación menciona que, según informes de contrainteligencia, el entonces director de la policía, José Luis Muñoz Licona, no denunció estos hechos. Dos meses después, en octubre, fue dado de baja. Enviado a su casa sin expediente judicial.

La investigación indica que las armas posiblemente fueron sustraídas de las bodegas policiales en vehículos de la policía, y luego transferidas a compartimientos secretos en automóviles particulares. El texto indica que el destino de las armas era Guatemala, donde presuntamente fueron compradas por los Zetas. Las armas eran ingresadas por Santa Bárbara (frontera con Izabal, Guatemala), donde el trasiego de cantidades menores de armas cortas, fusiles de asalto y municiones, fue frustrado en dos ocasiones. Pero el caso no generó capturas de policías.

Luego de la denuncia del robo de armas, las autoridades estatales más bien se quejan de falta de armas en la lucha contra el crimen organizado, aun cuando las armas robadas –compradas con fondos estatales-pararon presuntamente en manos de los Zetas.

El 11 de marzo pasado, como si el robo de armas gubernamentales hubiera sido en otro país, el ministro de la Defensa, Marlon Pascua, presentaba una queja. “Se necesita más recursos para darles (a las fuerzas armadas) más y mejores armas”, dijo Pascua a la prensa local. “El crimen organizado tiene armas que sólo usan fuerzas especiales de Estados Unidos. La fuerza hondureña tiene armas de los años 80, y de segunda”.

El ex policía esperaba que los esfuerzos anticorrupción de 2011 sacarían a flote el caso que investigó (y del que fue removido), así como viejos casos de enriquecimiento ilícito dentro de la policía. Esperó en vano.

El plan de reforma de la Policía no empezó con buen pie. El asesinato de Landaverde en diciembre –el asesor de Seguridad muerto dos días después de anunciar que denunciaría a policías narcotraficantes–generó dudas sobre la capacidad de esa comisión. De acuerdo con el ex jefe policial, los esfuerzos contra la corrupción no avanzarán si no los dirige un policía de carrera. “Si no es policía, no tendrá la capacidad de infiltración para frenar la corrupción, porque no conoce la institución por dentro”, afirma el ex policía. “Podrá hacer evaluar la formación policial, pero no podrá avanzar en otras áreas”.

Justo diez días antes de la entrevista con esta fuente, renunció Óscar Arita, de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), presuntamente por motivos personales. Sólo tenía 90 días en el cargo. Su renuncia ocurrió un día después que el Congreso de Honduras fijó un plazo de 72 horas para integrar la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Esta comisión colaboraría con la DIECP en la depuración de la Policía Nacional.

Síntoma dos: cárceles asesinas

El caso del incendio en la cárcel de Comayagua (en las afueras de Tegucigalpa) y sus 361 reos muertos colocó al país en titulares internacionales en febrero. El MP y los bomberos de Honduras, y cooperación estadounidense aseguraron que se trató de un incendio accidental. El Faro, que hizo su propio reportaje investigativo, concluyó que no fue un accidente.  

Entre los antecedentes importantes figuraba que la cárcel estaba sobrepoblada. Albergaba a casi 852 reos (el 60 por ciento en prisión preventiva) cuando su capacidad era para 400. Además, según un ex funcionario del sistema de centros penales, esa y otras cárceles los custodios tienen una precaria capacitación. Estos, en el caso de Comayagua, fueron señalados por sus superiores de no abrir las celdas pese a que la vida de los internos corría peligro. Esto a pesar de que los mismos superiores se los habían prohibido, según El Faro.

El ex sindicalista zelayista asegura que se halló al menos un cadáver baleado, y que el incendio fue provocado para eliminar a varios reos, incluidos varios narcotraficantes. Incluso citó reportes de prensa que indicaban que uno de los reos denunció haber visto “bombas molotov” volar por los aires, sobre la cárcel. Otros reportes radiales citaban a un familiar de uno de los reos muertos y que aseguraba que el cadáver tenía orificios de bala. El ex jefe policial asegura que, según una versión con poca resonancia, dos reos habían pagado US$10 mil por fugarse, pero “el plan se les salió de las manos”. No recibió información que los reos fueron baleados, como sí ocurrió hace años en el incendio de una cárcel en La Ceiba.

El comisionado Custodio dice que no tiene por qué dudar de los informes científicos y que, hasta donde sabe, los únicos balazos salieron de las armas de los guardas que dispararon al aire. Asegura que no consta en informe alguno que los balazos hirieron o mataron accidentalmente a los internos.

El informe del Wilson Center de 2011, citaba que para entonces la situación de las cárceles era precaria, con sobrepoblación. Mientras tanto, un ex jefe policial (retirado en 2008), afirma que las condiciones de las prisiones facilitaban la corrupción. “En la cárcel de Támara, los presos tenían el control interno de las cárceles, y el presupuesto de alimentación diaria por reo era sólo de 13 lempiras (Q5)”, afirma el ex policía. Eso, en un país donde una botella de medio litro de agua cuesta 20 lempiras. Estas condiciones se prestan, según el ex jefe policial, para toda clase de negocios ilícitos adentro, donde “cobraban por todo”. En 1998, los centros penales estaban bajo el control de la Policía Nacional, y al menos en Támara se revirtió el control de movimiento que tenían los reos. La fuente agrega que el 15 de enero de 1999, las cárceles pasaron a control del Ministerio de Seguridad, y las jefaturas, a funcionarios políticos con poca experiencia en el manejo de poblaciones carcelarias. La entrevista de Plaza Pública con un guatemalteco que estuvo recientemente en la cárcel de Támara contradice al expolicía: todavía es un territorio liberado, en control del crimen organizado.

Tres semanas después de la medida en 1999, se fugó el poderoso narcotraficante del Cartel del Atlántico (de Honduras) Juan Ramón Hernández Menjívar, presuntamente –según la versión de la fuente- después de pagar US$5 millones. El sujeto huyó a Guatemala, donde apareció asesinado en octubre de 1999. La policía reveló que la muerte de Hernández Menjívar (quien contaba con el respaldo de un coronel hondureño ya capturado en 1999) ocurrió para poner en manos de otro jefe dentro de la estructura la ruta de cocaína por Honduras.

Síntoma tres: las extorsiones

La segunda semana de marzo de 2012, las autoridades anunciaron la próxima instalación de un sistema de cámaras en áreas públicas de Tegucigalpa para ayudar a reducir la criminalidad –que proviene principalmente de las pandillas y maras, que provienen de niños y adolescentes de los barrios más probres y excluídos de Honduras. Sus miembros suman al menos 36 mil, según una estimación policial.

Un número considerable de comercios no ha esperado la instalación de cámaras y ha contratado empresas de seguridad, principalmente administradas u operadas por ex policías y ex militares, como sucede en Guatemala y El Salvador. Uno de estos administradores dijo que en 2011 consiguieron entregar a la policía a una banda de cuatro nicaragüenses dedicados a romper vidrios de los vehículos en los estacionamientos de restaurantes de comida rápida.

En otro caso, tuvieron ayuda de la policía para desmantelar una banda de seis extorsionistas hondureños (que no eran pandilleros), que operaba desde El Progreso, y se había apoderado de la base de datos de números telefónicos celulares de una empresa, quizá por medio de un contacto de la empresa de telefonía, según un investigador privado. “Por los problemas con la policía en los últimos tres años, muchos se aprovecharon para extorsionar”, asegura. Eso incluye especialmente a los pandilleros.

Julio, un taxista con al menos una década de recorrer las calles de la capital con ese oficio, cuenta que cada semana cada taxista debe entregarle 200 lempiras a la Mara Salvatrucha y otros 200 al Barrio 18. En un mes, cada taxista paga por “derecho de paso” al menos L. 600 lempiras (unos Q700).

¿Pero cómo sabe que se trata de ellos? “Mire, ellos no se andan presentando”, dijo Julio. “Mandan a los cipotes (patojos) de 10 ó 12 años a cobrar, pero uno ya sabe quiénes son”. La ley antimaras establece que si uno de estos jóvenes es detenido con fuertes cantidades de dinero, cuyo origen legal no pueda comprobar, podría pasar hasta siete años en la cárcel. “Por eso a veces mandan a cobrar a una cipota embarazada, porque a las embarazadas no las revisa la policía, y ya sabe uno que tampoco cuenta con la policía”. Y no hay escapatoria. Los taxistas que intentan evadir el cobro, y se trasladan a trabajar en otro sector de la capital, son asesinados.

El 13 de marzo pasado, la prensa reportó el asesinato de un taxista en Comayagüela, una de las zonas más violentas de Tegucigalpa. A unos pasos, un amigo del conductor falleció de un infarto, después de presenciar el ataque. El pasado 24 de abril, fue acribillado también en la capital Noel Valladares Escoto, de 28 años, presentador de un programa televisivo de entretenimiento. La policía indicó que la víctima estaba bajo amenaza de las pandillas, quienes lo extorsionaban y exigían L. 100 mil lempiras a cambio de no matarlo. En el ataque, también murió un tío del presentador, su guardaespaldas y resultó herida su esposa. Valladares era famoso porque daba números de la suerte de boletos de lotería en su programa. O en palabras del corresponsal de AP en Honduras, Alberto Arce, era un presentador que cobraba a la gente por adivinar el número de la lotería. El asesinato, como muchos, fue llevado a cabo por sicarios.

Síntoma cuatro: asesinatos de periodistas

Hasta marzo, habían muerto violentamente casi 50 mil hondureños en los últimos diez años. En 2011, cerca de 8 de cada 10 casos permanecieron impunes, según datos que la Conadeh recopiló. Entre los asesinatos más graves figuran los de 19 periodistas desde que Lobo asumió la presidencia en enero de 2010 (otros cinco fueron asesinados en 2009). Un caso, el de Luz Marina Paz, ocurrió un día antes del asesinato de Landaverde, el asesor que sería denunciante. Y tal parece que la impunidad en las muertes de los periodistas refleja la impunidad en los casos de otras víctimas. Es decir, a los periodistas los matan porque la mayoría de los asesinos en Honduras está libre.

En febrero de 2011, la periodista de televisión Saira Almendares murió baleada en San Pedro Sula. El caso más reciente, la víctima 19, fue Fausto Valle Hernández (54), conductor del programa La Voz de la Noticia de radio Alegre de Sabá, Colón. El 11 de marzo pasado, Valle conducía su bicicleta cerca de su residencia, cuando fue atacado por un hombre que le propinó 18 machetazos. El asesino huyó sin robarle nada. Tres días después, según reportes de prensa, la policía no había hecho un informe del caso.

Para finales de 2010, el presidente Lobo insistió que las muertes de los periodistas no estaban relacionadas con su trabajo. Su opinión no es popular en ese gremio. T. y otros periodistas (que prefieren no ser identificados) afirman que la evidencia apunta a que una minoría de los casos está relacionada con el ejercicio profesional de las víctimas. “La mayoría están ligados a diversas formas de corrupción, y pudieron ser asesinados en esas circunstancias, donde el vínculo común es la impunidad”, señala T.

El problema es que la verdad sobre los móviles de estos crímenes permanece en un misterio, porque la policía y el MP no divulgan los resultados de las investigaciones. Entonces, el efecto es doblemente nocivo. “La muerte de un periodista –por las razones que sea- tiene un fuerte impacto en la sociedad. La gente concluye que si no se hace justicia cuando matan a alguien de alto perfil, menos se hará con cualquier ciudadano”. Sin periodistas, se reduce el acceso a la información de la ciudadanía.

Más allá del caso de los periodistas asesinados, el mandatario ha tenido una relación conflictiva con la prensa por el contraste entre sus promesas de campaña y sus acciones en el gobierno. Según Custodio, a Lobo le choca que Honduras ocupe titulares de prensa internacionales por la violencia. “Al presidente de la República le molesta la libertad de expresión, pero yo prefiero que se sepa que San Pedro Sula (donde la mitad de los crímenes son cometidos por menores de edad) le quitó el primer lugar a Ciudad Juárez (en  México) como la ciudad más violenta del mundo, y que han muerto 49 mil hondureños en los últimos 10 a 11 años, sin conflicto armado interno”, señala el comisionado. “(Lobo) dice que eso va a evitar que vengan los inversionistas, pero eso es un razonamiento infantil, para aplacar el espíritu de crítica”.

Diversas organizaciones internacionales de prensa catalogan a Honduras como el país más peligroso para periodistas, después de México, en Latinoamérica. En el mundo, ambos países sólo son superados por Irak y Afganistán.

(Ésta es la primera de dos entregas de este reportaje de Plaza Pública sobre Honduras. Mañana, la vida difícil en la Costa del Caribe y en el lejano este, en Olancho)