Honduras: la estrategia de dejar pasar el tiempo

“Estamos cansados. No se respetan las leyes, hay abuso de autoridad, nos han estafado en casos como el del HISS (Instituto Hondureño de Seguridad Social) y ahora nos quieren robar las elecciones”. Wilfredo Escuto, 30 años, se mantiene en una de las protestas nocturnas que, desde el 1 de diciembre, cuando se decretó el toque de queda, tienen lugar en Honduras. Dice que no sabe qué ocurrirá en los próximos días. Dice que está dispuesto a seguir protestando. También los que le acompañan. Pero la sensación es de estancamiento. La crisis abierta en el país tras las elecciones del 26 de noviembre no se ha cerrado. El Tribunal Supremo Electoral mantiene que la victoria es del actual presidente, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. La oposición, aglutinada en torno a la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que lidera Salvador Nasralla, ha cantado fraude y asegura que no reconoce ni siquiera al órgano rector electoral. Exige un tribunal internacional que coteje las 18 mil actas con resultados que se emitieron en todo el país durante el día de los comicios.

Mientras en el exterior se rebajan las tensiones, en los despachos y ante los micrófonos se vive en un mundo de rumores, declaraciones, contraofertas y medias verdades. No hay nada claro en un país donde hasta el presidente del Tribunal Supremo Electoral puede ofrecer dos comparecencias diferentes en una misma tarde. Una cosa es lo que se dice. Otra, lo que se quiere decir. Otra, la interpretación. Por eso pasan los días y se extiende la sensación de estar en un bucle.

Es miércoles por la noche. Son las 22:15 horas, dos horas y cuarto por encima del toque de queda. En el acceso a la colonia Independencia, un barrio popular de Tegucigalpa, se concentran unas 40 personas, casi todos jóvenes. Tiran petardos, lanzan consignas y miran de reojo hacia el otro lado de la calle. En una esquina, cobijado tras un árbol, se encuentra apostado un picop de la Policía Militar que se marcha a los cinco minutos. “Nos ha disparado gases lacrimógenos”, dice un manifestante. “Se han llevado a un compañero”, añade otro. Al final, lo que se extrae de varias conversaciones con los presentes es que el muchacho arrestado estaba en la víspera de su graduación. Que se envalentonó con los uniformados y que fue arrestado. Sus vecinos intentaban que, al menos, pudiese ser liberado para la ceremonia.

“Hay infiltrados. No son los policías los que disparan gas. Con ellos no tenemos problemas”, afirma Julieta Morales. Pasa un vehículo de la Policía Nacional Civil y saluda con complicidad. Tras la “huelga de brazos caídos” de hace dos días, este cuerpo se ha convertido en una especie de símbolo. El de los “infiltrados”, supuestos agentes que actúan tras las filas de los rivales políticos perpetrando todo tipo de pillajes, es un mito fundacional de cualquier protesta. Siempre tiene algo de verdad y algo de fantasma al que culpar de todo. Aquí, los partidarios de la Alianza acusan al Gobierno de infiltrarles para provocar disturbios. El oficialismo utiliza el mismo argumento. “Mel (como se conoce popularmente a José Manuel Zelaya, expresidente depuesto tras el golpe de Estado de 2009) tiene escuadrones de la muerte, gente infiltrada para causar disturbios”, dice Lenin Fu, médico y asistente a la manifestación de apoyo a Juan Orlando Hernández celebrada el jueves. Esta acusación no es exclusiva de Honduras.

La escena es la misma en muchos barrios de Tegucigalpa y comienza puntualmente a las nueve de la noche. En el barrio El Belén, que sigue al de Independencia, un centenar de personas viola el estado de excepción con una pequeña caminata. No impiden el paso a los vehículos ni queman neumáticos. Ni PNC ni Policía Militar interviene en este caso. En El Pedregal, en El Hato, se repite la historia.

“Se metió con la generación equivocada. Nosotros estamos preparados y aprendimos del golpe de Estado”. Dennis Castillo, 28 años, dice que lo que peor lleva es la sensación de que los dirigentes del Gobierno se sientan impunes. “La indignación es general, nos está hundiendo en la miseria”, afirma. Su grupo, frente a la colonia Independencia, se limita a gritar al paso de los vehículos. Pasarán el rato hasta que se cansen.

Sobre las razones que mueven a estos jóvenes a manifestarse ya está todo dicho. Denuncian el autoritarismo del presidente, Juan Orlando Hernández, la represión de la Policía Militar (excluyen a la Policía Nacional Civil de las acusaciones), las dificultades económicas o la corrupción.

Casos concretos: el saqueo de la Seguridad Social, desvelado en 2015, que costó a las arcas públicas 325 millones de lempiras (Q101,4 millones). El caso de las “pastillas de harina”, por el cual el Estado compró medicamentos adulterados entre 2010 y 2014. Algunos de ellos eran compuestos de harina o de yeso. A esta lista de agravios se han sumado dos, desde las elecciones del 26 de noviembre. Por un lado, califican de “ilegal” la postulación del actual presidente ya que el artículo 238 de la Constitución hondureña lo prohíbe. Por otro, acusan al jefe de Gobierno de haber cometido un fraude tras los comicios.

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“Nosotros tenemos una posición. El resultado, solo Dios lo sabe. El pueblo tiene la última palabra. Si no se moviliza, el dictador se queda”. José Manuel Zelaya, explica su estrategia al término de una conferencia en la que ha compartido mesa con el candidato de la Alianza, Salvador Nasralla, y miembros de la Convergencia contra el Continuismo como Ismael Moreno, conocido como el “padre Melo” y una de las principales figuras de oposición. Llega dos horas tarde (“el tráfico estaba horrible y retrasó las reuniones previas”, se excusan); Zelaya entra bailando la canción de “Joh, es pa´ fuera que vas”, convertida en banda sonora de la campaña contra Hernández. La escena es extraña.

Zelaya tiene fe en las marchas, cree que van a continuar, que van a ser “más fuertes, durante meses y años, hasta que caiga el dictador”.

En la calle hay protestas, pero el ambiente lleva a pensar más en un regreso a la normalidad que en otro estallido.

La violencia, el toque de queda, las víctimas

El toque de queda es algo sui generis, al menos en Tegucigalpa. Su intensidad ha decrecido según avanzaban los días. El fin de semana fue el estallido de violencia, tanto por enfrentamientos entre policías y manifestantes como por saqueos. Progresivamente, la situación se ha tranquilizado. Primero, cambiaron los horarios. Antes no se podía circular entre las 18:00 y las 6:00. Luego, entre las 20:00 y las 5:00. El viernes se flexibilizó aún más, entre las 22 y las 5:00, lo que implica prácticamente el fin de estas restricciones. Dos días antes, el miércoles, el Gobierno lo había  suprimido en nueve de los 18 departamentos del país: Choluteca, Valle, El Paraíso, Copán, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá y las Islas de la Bahía. Este último, fue casi nada más comenzar, por su interés turístico. A ningún visitante le gusta salir de vacaciones y encontrarse con que tiene que permanecer encerrado en el hotel.

Las últimas noches han sido tranquilas, pero esto no borra el recuerdo de un trágico fin de semana.

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Nixon Latorre, 22 años, estudiante, se encontraba el martes limpiando sus consecuencias. Junto a un grupo de jóvenes voluntarios de la oenegé Amir, barren y acondicionan el interior de lo que estaba previsto que fuese una estación de transmetro. Todos los vidrios fueron quebrados en la protesta. “No estamos de acuerdo con los saqueos”, dice el estudiante. La historia de esta estructura ubicada entre la doble vía del boulevard Centroamérica tiene que ver también con el descontento que se extiende en Honduras. El Ayuntamiento de Tegucigalpa gastó 400 millones de lempiras (Q125 millones) en una infraestructura que nunca utilizó. Las paradas se quedaron ahí, vacías, sin que nadie las utilizase. El alcalde cuando se construyeron era Ricardo Álvarez, actual designado presidencial con Juan Orlando Hernández.

“Ocurra lo que ocurra, se está produciendo un cambio”, dice, mientras sigue barriendo. Asegura que él acude a las protestas, aunque no en representación de la oenegé, sino a título individual.

Hay gente que se ha dejado la vida en las protestas del fin de semana.

La Comisión de Personas Desaparecidas-Detenidas de Honduras (Copedeh) ha elaborado un informe en el que cifra en 14 las víctimas mortales de la última semana. A ellos se suman 31 heridos, de los cuales siete se encuentran en estado grave, y más de 800 detenidos. Dos de los fallecidos son policías que patrullaban en Olancho cuando dieron el alto a una furgoneta, comprobaron que uno de sus ocupantes tenía orden de captura y trataron de detenerle. Según la prensa local, los delincuentes avisaron y aparecieron dos vehículos de apoyo desde los que acribillaron a los agentes. Parece razonable preguntarse si estos dos homicidios tienen algo que ver con la crisis política o están relacionados con la epidemia de violencia que afecta tanto a Honduras como a todo Centroamérica.

Por contextualizar. En 2016, en Honduras, murieron 5,154 personas en ataques violentos. Eso supone una media de 14 asesinatos al día.

Carla Patricia Triminio es una de las víctimas de la ola de violencia postelectoral. El domingo 2 de diciembre, mataron a su hermano. Se llamaba Raúl Antonio, trabajaba como albañil, tenía dos hijos y se encontraba protestando en la colonia de Villanueva. El relato de Carla lo ubica junto a un grupo de personas que hacen sonar las cacerolas en la calle. “Incluso había niños de 13 o 14 años”, explica.  Llegan algunos policías militares y ellos les insultan. Les llaman vendidos. Los agentes se marchan. Al rato regresan, aunque apagando las luces del carro para no ser detectados. Les agarran por sorpresa. Comienzan a disparar. Todos logran huir salvo Raúl Antonio, que recibe un tiro en la cabeza. Muere allí mismo.

“No hay derecho. Mi hermano no le estaba haciendo daño a nadie. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas”, protesta Triminio. Se ha puesto en contacto con familiares de otras víctimas y, a través del Copadeh, van a presentar denuncia ante el Ministerio Público. No tienen muchas expectativas. Según denuncia Meri Agurcia, del comité que arropa a detenidos y desaparecidos, la impunidad en estos casos es del 100%.

También hay personas que secundan la prohibición de salir a la calle por la noche y el despliegue de policía y militares. La “mano dura” es uno de los discursos estrella del actual presidente. “El toque de queda es necesario. Hubo saqueos, actos vandálicos. Había que pacificar la situación”, dice Melvin Ortiz, estudiante de 27 años y seguidor del Partido Nacional.

Una paradoja: el Gobierno asegura que el sector privado fue uno de los estamentos que más reclamó el toque de queda, alertado por los saqueos. Sin embargo, la parálisis durante varias horas cada noche ha provocado cuantiosas pérdidas. El martes, la Cámara de Comercio e Industria las cifró en 1 millón 100 mil lempiras (Q343.462,51), pero este número se habrá incrementado en las últimas jornadas. En todo conflicto existe una batalla por el relato. Uno de los elementos en disputa entre oficialismo y oposición es establecer quién carga con la responsabilidad de las pérdidas, el que protesta o el que reprime la protesta estableciendo restricciones en el tránsito.

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Dentro de la ecuación del toque de queda falta un elemento fundamental: los que lo tienen que hacer cumplir. Policía Militar o Policía Nacional Civil. Son ellos los que patrullan.

“Nuestra misión es vigilar que no se produzcan saqueos y perseguir a los pandilleros”, dice el teniente Castillo, al mando de una unidad ubicada junto a la Escuela Hospital. Dos picops con tipos armados hasta los dientes. Cuenta que habían estado “jugando al gato y al ratón” con tres pandilleros armados con AK-47. Afirma que luego seguirán buscándoles. Que su obligación es “neutralizarles”. En Honduras son habituales las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Este teniente asegura que tiene la conciencia tranquila, que cree estar haciendo bien su trabajo, que solo piensa en la “seguridad de los ciudadanos”, aún a pesar de las denuncias que los propios hondureños realizan sobre la violencia que ellos practican.

Sobre la crisis política, el teniente es claro. “Ha faltado un general con huevos, que les parase a los dos candidatos. Debíamos haber hecho el conteo los militares. Delante de los observadores internacionales, de los periodistas y de la sociedad civil. Que no haya trampas”, asegura.

El toque de queda se extenderá hasta el domingo. Si el ambiente sigue igual, lo previsible es que se levante. Siempre quedará el hecho de que el conteo de votos de unas elecciones muy disputadas y con denuncias de fraude se realizó bajo un Estado de excepción. Sin embargo, tampoco hay que engañarse. Hay barrios en Tegucigalpa en los que el Estado no tiene el control. En estos barrios existe un toque de queda previo a las elecciones y que seguirá vigente sea cual sea el presidente.

Los partidarios de JOH

“No hubo irregularidades. Si las hay, que las presenten. Nosotros somos un pueblo de paz”. Marlon García, 47 años, “abogado y ciclista”, asiste a la marcha que el jueves congregó a los seguidores de Juan Orlando Hernández. Este hombre, vestido con camisa azul (y no blanca como la mayoría de asistentes) y que enarbola una bandera azul con una estrella blanca (símbolo del Partido Nacional), resume la posición de los participantes en la manifestación: insistencia en que no hubo fraude, críticas o al menos suspicacias hacia la comunidad internacional, caricaturización de José Manuel Zelaya como un “criminal” y Salvador Nasralla como su “títere” y, los más ideologizados, rechazo al “socialismo” que, en su opinión, viene a instaurar la Alianza. “En Honduras, al contrario que en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, no hubo nunca guerrilla ni grupos guerrilleros. No aceptamos esas ideas”, dice. En su opinión, “si uno trabaja tiene para comer”. “El problema es que hay gente que quiere que le den todo regalado”, afirma.

“No queremos que venga el socialismo”, clama la abogada Isabel Santos. Acaba de sacarse un selfie junto a un grupo que viene de El Carrizal, una colonia en la salida norte de Tegucigalpa. Las referencias a Hugo Chávez y Venezuela son constantes. También las críticas a los observadores internacionales. Por ejemplo, Santos menciona a Marisa Matías, jefa de la misión de observadores de la Unión Europea y miembro del GUE, el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo. En la marcha se observa la desconfianza hacia las misiones foráneas. No en vano, tanto la de la Unión Europea (UE) como la de la Organización de Estados Americanos (OEA) han certificado las irregularidades durante el proceso. Esta última, incluso ha sugerido la posibilidad de que se repitan las elecciones. “Los observadores tienen que dedicarse a observar, no marcar línea. Tampoco deben reunirse con los grupos políticos ni tomar partido”, sentencia la letrada. Juan Diego Zelaya, diputado y secretario ejecutivo del Comité Central del PAN, niega las suspicacias hacia la comunidad internacional. “Aceptamos las recomendaciones de la OEA, por eso hemos entregado nuestras actas”, dice. Cree que la Alianza no tiene pruebas para cantar fraude y que su estrategia es meramente ideológica. “Esto es lo que trae el socialismo del siglo XXI allá por donde pasa, caos y odio”, dice.

Incluso en esta marcha de apoyo a Juan Orlando Hernández, una de las mayores que se ha celebrado en las últimas semanas en Honduras, puede percibirse la fractura social. En una calle junto al Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino, un pequeño grupo de partidarios de la Alianza insulta a todos los que pasan delante de su vivienda. “¡Vendidos! ¡Nos están matando de hambre!”, grita Doris, una mujer que no quiere dar su apellido, pero que denuncia que todos los asistentes al acto “cobran 50 lempiras” por acudir. Junto a ella, varios jóvenes agarran bolsas de agua y las lanzan contra los “cachurecos” (que es como se conoce a los miembros del Partido Nacionalista).

“Es un gobernante corrupto, no quiere dejar el poder”, dice la mujer. Denuncia que no tiene trabajo, que antes se dedicaba a limpiar las calles pero que fue despedida, según su versión, por defender a Libre, el partido de José Manuel Zelaya. Existe una fuerte vinculación entre los empleos públicos y el partido en el gobierno. Uno de los proyectos de Hernández es el de los “guías de familia”, personas que trabajan cuatro horas al día y que mensualmente cobran la mitad del salario mínimo, 4 mil lempiras (Q1,251). Los beneficiados por este programa tienen la obligación no escrita de participar en los actos del Partido Nacional. Tienen miedo de que, en caso de que se imponga la oposición, pierdan su empleo. “Aquí están todos los trabajadores públicos y los que quieren chamba”, dice un taxista que no quiere revelar su nombre porque asegura que a él también le han ofrecido un puesto en caso de que Hernández siga cuatro años más al frente del gobierno.

“Nos amenazan por ser nacionalistas”, dice Carla Mayano, que asegura sentirse “amedrentada” a pesar de apoyar al partido del gobierno. Asegura que en su colonia, El Carrizal, se han producido intimidaciones. Cree que las pandillas (Barrio 18 y Mara Salvatrucha), están con la oposición. Durante la campaña se escucharon supuestos audios de mareros instando a no votar al Partido Nacional y amenazando de muerte a quien hiciese propaganda de esta formación. Su autenticidad nunca ha sido verificada.

La estrategia del Partido Nacional es dejar correr el tiempo. Tiene la institucionalidad de su parte por lo que resulta difícil creer que Juan Orlando Hernández no se investirá presidente el 27 de enero, fecha de la toma de posesión.

La pelea institucional y el futuro incierto

Durante una semana, el foco mediático estuvo en las protestas callejeras y la represión. Ahora, la épica ha dejado paso a los despachos, las declaraciones, las negociaciones y los tecnicismos. En este punto del juego tenemos tres actores fundamentales: las formaciones políticas, Partido Nacional y Alianza de Oposición contra la Dictadura, que se declaran ganadores; el TSE, cuya imagen está muy deteriorada, al menos en el sector opositor; la comunidad internacional, especialmente las misiones de observación de la UE y la OEA.

La disputa está ahora en cómo se revisan los votos emitidos el 26 de noviembre.

Para entender por qué se exige una revisión, hay que comprender el sistema de voto de Honduras. El elector deposita su papeleta y firma en un boleto. Cuando se cierran las urnas, se contabilizan los sufragios y se añaden a un acta. Esta acta se transmite al TSE, que es el que centraliza los resultados. Los partidarios de la Alianza de Oposición contra la Dictadura aseguran que el fraude está en ese punto. Que el domingo de los comicios no se transmitieron 5,300 actas. Que se cayó el sistema y luego la tendencia comenzó a revertirse.

Cada día se celebran ruedas de prensa en las que se marcan posiciones sobre qué condiciones se aceptan. Es como una guerra de desgaste. El objetivo es que el rival quede como un intransigente que no acepta la transparencia.

A día de hoy, las posiciones son las siguientes:

El Partido Nacional dice que acepta las recomendaciones de la OEA y que está dispuesto a contar actas. Tiene a su favor que el presidente del TSE es uno de los suyos. La vinculación llega hasta el punto que una hija de David Matamoros, el máximo responsable del órgano rector electoral, trabaja en la cancillería que dirige Mireya Agüero. El discurso de los partidarios de Hernández es el de la defensa de la “institucionalidad” y el rechazo a la existencia de fraude. El 27 de enero tendrá lugar la toma de posesión del presidente y, según los datos del TSE, quien repetirá en el cargo será el actual jefe de Gobierno. A pesar de que las instituciones internacionales hayan reconocido que los comicios no fueron limpios.

En la Alianza, el discurso se ha matizado, dentro de la denuncia de fraude que se lanzó antes, durante y después de la cita con las urnas. Primero se exigía recontar las 5,300 actas que no se transmitieron la noche de elecciones. Ahora, Nasralla exige que un tribunal internacional realice un conteo de las 18 mil actas, así como de todas las papeletas. Se trata de una petición que no tiene posibilidades. El candidato explica que esta semana ha mantenido encuentros con representantes de la OEA, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Su objetivo es que la institución que preside Luis Almagro le reciba para celebrar una sesión sobre Honduras. Tiene el tiempo en su contra. Mientras, llama a sus partidarios a seguir en la calle.

El TSE también ha modificado su mensaje. Su presidente, David Matamoros, dice ahora que acepta las recomendaciones de la OEA y que está dispuesto a contar nuevamente las 5,300 actas que reclamaba la Alianza. Sin embargo, Nasralla asegura que esta institución favorece los intereses de Juan Orlando Hernández y que no reconocerá sus resultados. Básicamente, lo mismo que decía antes de los comicios.

La OEA ha reconocido las irregularidades e incluso insinuó que podrían solicitar la celebración de nuevas elecciones.

La Unión Europea ha instado a los diferentes partidos a utilizar el período de impugnaciones. En el caso de las elecciones presidenciales, la Alianza lo rechaza porque considera que sería legitimar a la institución. Sin embargo, sí que ha realizado el mismo trámite en el caso de las alcaldías y de la asamblea.

Para el fin de semana están convocadas nuevas movilizaciones. La crisis política que sufre Honduras sigue sin posibilidad de resolución a corto plazo.