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Honduras: hay que detener el fraude electoral
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Opinión

Honduras: hay que detener el fraude electoral

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El proceso electoral hondureño se ha visto plagado de diversas anomalías desde su inicio.

En primer lugar, la prohibición constitucional para la reelección de Hernández fue eliminada por una Corte Suprema de Justicia cuyos magistrados tienen fuertes vínculos con el presidente y sus allegados, en una clara evidencia de absoluto irrespeto a la Constitución misma y al principio republicano de la separación de poderes. Así, el proceso electoral nace viciado en su origen al permitirse la candidatura inconstitucional del presidente Hernández.

Como si eso fuera poco, la campaña, además, representó una lluvia mediática masiva nuevamente a favor del presidente. Observadores electorales de la Unión Europea reportaron que la campaña de reelección de Hernández recibió un 67 % de la cobertura dedicada en los medios de comunicación a todos los candidatos, mientras que su competidor más cercano, Salvador Nasralla, tuvo acceso apenas a un 16 % de dicha cobertura. Es decir, Hernández obtuvo durante la campaña un 400 % más de cobertura que el candidato opositor.

Además de tener a la Corte Suprema de Justicia y a los medios de comunicación a su favor, Hernández también contó con la colaboración del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El presidente de este y la mayor parte de los magistrados son simpatizantes del Partido Nacional de Honduras (PNH), organización política que actualmente gobierna el país. Los vínculos llegan hasta el nivel familiar, pues la actual vicecanciller de Hernández es hija del presidente del TSE.

Un día antes de las elecciones, el semanario británico The Economist dio a conocer que existía una grabación en la que se explicaba a fiscales de mesa del PNH la necesidad de tener un plan B que permitiera, entre otras cosas, alterar las actas de votación una vez concluido el escrutinio. La grabación fue divulgada por The Economist a sabiendas de que los medios de comunicación de Honduras jamás la publicarían y para garantizar, sin embargo, un proceso electoral lo más transparente y fiel a la voluntad de los ciudadanos hondureños. Esta grabación da pie a creer que las irregularidades en el recuento de votos no son algo casual ni fortuito.

Pocos minutos después de cerradas las mesas de votación se publicó una encuesta a boca de urna que proclamaba la victoria de Hernández sobre Nasralla por más de ocho puntos de diferencia. Esta encuesta fue realizada y divulgada por una firma consultora propiedad de Arturo Corrales, excanciller de Hernández y el más importante operador político nacional e internacional a favor del PNH desde el golpe de Estado contra Zelaya en 2009. El hecho de que la encuesta fuera hecha por el asesor político principal del presidente no pareció haber llamado mucho la atención de los medios hondureños e internacionales, hasta que los resultados electorales reales empezaron a ver la luz la madrugada del lunes y contradijeron las tendencias señaladas en esa encuesta claramente espuria.

A pesar del control electoral casi absoluto de Hernández y de su asesor político Corrales, hubo un factor que no pudieron manejar: la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas. Cultivaron tanto la mentira de la absoluta superioridad de Hernández en la campaña electoral que no pudieron darse cuenta de que los hondureños tenían otras opciones electorales en mente y de que no las iban a expresar hasta el día de las elecciones, cuando pudieran emitir secretamente su voto.

Fue tal la sorpresa al ver los resultados adversos a Hernández que el TSE decidió no dar ningún resultado electoral hasta la madrugada del lunes, diez horas después de haberse cerrado los centros de votación. Y al publicarse el resultado con el 57 % de las mesas escrutadas y cerca del 65 % de los votos válidos emitidos, la mascarada se acabó. Esos resultados arrojaban una tendencia inequívoca hacia la victoria del candidato opositor Nasralla, que se colocó cinco puntos por encima de Hernández.

Pero el susto les duró poco al presidente y a su operador Corrales. El TSE dejó de transmitir resultados de las votaciones presidenciales durante casi 36 horas, un hecho inaudito en la historia electoral reciente de América Latina, donde los resultados se transmiten de manera continua desde unas dos o tres horas después de cerrados los centros de votación hasta tempranas horas del día siguiente.

La suspensión del recuento electoral por 36 horas no recibió ningún llamado público de atención por parte de las misiones internacionales de observación electoral, otro hecho tan inaudito como la suspensión misma. Esto habla de la enorme debilidad de la comunidad internacional frente a la manipulación electoral notoria de las autoridades hondureñas, tanto las del TSE como las representadas por el PNH (Hernández y Corrales).

Reanudado el recuento luego de la suspensión, vendría la gran sorpresa. En menos de 16 horas, y contabilizadas únicamente un 15 % más de las mesas de votación (frente al 57 % reportado en la madrugada del lunes), Hernández recortó la distancia respecto al candidato opositor Nasralla a tan solo unos cuantos votos. La única manera de que ese escenario fuera posible es que Hernández hubiera recibido el 55 % de los votos contenidos en el 15 % de las mesas adicionales reportadas y que Nasralla hubiera obtenido solo el 37 % de los sufragios.

Así, mientras en el primer reporte del TSE, con el 57 % de las mesas electorales reportadas, Nasralla aventajaba por cinco puntos a Hernández, en el 15 % de las mesas adicionales reportadas para la madrugada del miércoles la ventaja del presidente sería de 18 puntos sobre su rival. De una diferencia de 5 puntos a favor de Nasralla a una de 18 a favor de Hernández. Como indiqué en otra publicación, este es un milagro electoral que solo puede conceder Nuestro Señor de Esquipulas.

De ahí en adelante, la historia es la esperada en un proceso amañado electoral. El oficialismo toma la delantera sorpresivamente, las manifestaciones demandando honestidad en el recuento de votos son reprimidas de manera brutal y finalmente se establece el toque de queda para justificar la militarización de los espacios públicos. Hoy Honduras no solo se encuentra en zozobra por el desconocimiento de cuál es el resultado final de las elecciones para presidente, sino además es un país donde se respira miedo por decir la verdad de lo que ha acontecido.

¿Cómo detener este proceso electoral manipulado y muy probablemente fraudulento? En primer lugar, la comunidad internacional debe respaldar plenamente la solicitud de Transparencia Internacional de llevar a cabo un recuento del 100 % de los votos en un proceso vigilado por observadores internacionales imparciales. Solo un recuento total de los votos bajo el escrutinio objetivo de observadores extranjeros permitirá darle confianza al resultado electoral final. La alternativa planteada por el TSE de hacer un recuento de solo 1 000 mesas electorales es totalmente insuficiente para darles credibilidad a los resultados finales.

En segundo lugar, es importante documentar detenidamente todas las impugnaciones de los partidos políticos y que el TSE evacue dichas impugnaciones sin dejar rastros de duda de cuál fue la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas el domingo 26 de noviembre. En un recuento del 100 % de los votos, dichas impugnaciones se pueden ir conociendo gradualmente si se permite que sean evacuadas al mismo tiempo que se lleva a cabo el conteo transparente de las papeletas electorales y bajo vigilancia internacional.

En tercer lugar, los medios internacionales deben jugar el papel de observadores críticos de lo que acontece en Honduras, dado que los medios locales más importantes se han convertido en altavoces de la posición oficialista de Hernández. La ausencia de una prensa local verdaderamente independiente es, sin duda, una de las mayores falencias del sistema democrático hondureño.

En cuarto lugar, la OEA debe tomar el liderazgo en la demanda por la transparencia del proceso electoral, en pleno respeto a la Carta Democrática Interamericana. En particular, debe sumarse a la demanda por un recuento del 100 % de los votos y por vigilar que el vínculo explícito entre el TSE, el PNH y el Gobierno liderado por Hernández no contamine más la veracidad y la credibilidad del proceso electoral.

Finalmente, debe haber garantías para que el pueblo hondureño se exprese públicamente y exija con justa razón el respeto absoluto de su voluntad expresada en las urnas. El toque de queda debe ser levantado bajo supervisión internacional, y las organizaciones políticas deben asumir su responsabilidad ineludible de garantizar manifestaciones pacíficas. Los medios internacionales deben seguir dando voz a los hondureños que no logran que su opinión sea expresada en los medios nacionales afines al oficialismo. Las libertades básicas deben ser respetadas y su ejercicio garantizado por el Gobierno hondureño.

Los hondureños deben sentirse seguros de que el resultado final de este irregular proceso electoral será la expresión exacta e incuestionable de lo que ellos desean para su país. A estas alturas del siglo XXI, el hemisferio occidental y Centroamérica no se pueden dar el lujo de avalar un resultado electoral que contradiga la voluntad democrática depositada en las urnas. El fraude electoral debe ser detenido para evitar que un cáncer carcoma el sistema democrático en Honduras y en todo el continente.

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