Herencia

Me refiero específicamente a las demandas laborales y ambientales que se presentan en contra de Guatemala en el marco del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

Desde los noventa del siglo pasado, los Tratados de Libre Comercio (TLCs), que de libres tienen muy poco, han sido el principal mecanismo para hacerle frente a la globalización económica. En esta época también cobró auge la regionalización como el principal proceso de crear mercados atractivos para el capital internacional. El caso de América Latina era emblemático. Los políticos y académicos dividían esta en bloques como el NAFTA, MERCOSUR, el Pacto Andino, el CARICOM y, en el caso de Centro América, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), que hoy en día ha sido rebautizado como DR-CAFTA. Esto a pesar de que cada bloque contaba con diferencias estructurales y operacionales. En este proceso Centroamérica  lleva más de una década de haber entrado de lleno a la negociación de TLCs con dos de las principales potencias económicas: los Estados Unidos y la Unión Europea.

Fueron precisamente los Estados Unidos los principales promotores de los TLCs que caracterizaron la política exterior de la administración Clinton. La visión de Francis Fukuyama sobre “el fin de la historia” era puesta en práctica. La democracia y la economía de mercado se convirtieron en los modelos a seguir y la mayoría de países adoptaron los mismos en mayor o menor medida. Sin embargo, no todo fue “glorioso” durante esta época. Los noventa también fueron testigos de varias crisis financieras. México en 1994, Asia en 1997, Rusia y Brasil en 1998, fueron países cuyas finanzas fueron devoradas por la especulación financiera y fortalecieron las posturas de que el Estado había perdido su poder ante los mercados internacionales.

El sistema internacional y su estructura cambiaron para siempre. Más allá de los debates filosóficos e ideológicos sobre el rol del Estado en un mundo globalizado, una cosa quedaba clara, que este nuevo mundo había dejado de ser Estado-céntrico y ahora otros actores no estatales participaban activamente en la política internacional: las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales entre otros. Pero una constante se mantenía en el sistema: la ausencia de un gobierno mundial como garante del orden internacional y ente fiscalizador de estos nuevos actores no estatales encargados de promover un orden económico internacional.

Es así como el DR-CAFTA involucra a un amplio número de actores como “mecanismos que faciliten la acción voluntaria para proteger o mejorar el ambiente” (DR-CAFTA Art. 17.4: 1. a). Entre estos se mencionan “asociaciones involucrando la participación del sector empresarial, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, agencias gubernamentales u organizaciones científicas” (Ibid.). Es por esta variedad de actores que se presentaron dos demandas en contra de la República de Guatemala, una por cuestiones laborales y la otra por la prorroga en el contrato de la empresa Perenco en la Laguna del Tigre.

Resulta lamentable que sea a través de instancias internacionales que estos temas entren en discusión y no sean abordados con la seriedad del caso por nuestras autoridades nacionales. Estas demandas son herencias del  pasado gobierno que el de Otto Pérez y su equipo tendrán que afrontar al mismo tiempo de no descuidarse con que se presenten otras, tomando en cuenta que algunas situaciones parecen seguir iguales que los tiempos de la Colonia.