Hasta encontrar al niño amado

Cuenta su familia que le encantaba montar bicicleta, que tarareaba algunas canciones de moda y que solía escribir en el aire. Dibujaba, leía, reía, hacía travesuras, tenía sueños, esperanzas, aspiraciones. Su familia también soñaba con crecer con él. Un sueño que resultó truncado un 6 de octubre, en 1981. Había cumplido 14 años y en pocas semanas cumpliría 15.

Ahora, un nuevo noviembre ha llegado y él no está. En un acto de cobardía colectiva institucional, un comando militar lo arrebató de los brazos de su familia. Para cometer su crimen, el grupo recibió las instrucciones de altos oficiales militares que usaron los recursos del Ejército (todos, salarios incluidos, pagados con los impuestos de las guatemaltecas y los guatemaltecos). Es decir, esos recursos que debieron destinarse a mejorar las condiciones de vida de la población no se invirtieron en desarrollo. Fueron gastados, desperdiciados, en sostener una máquina como ese grupo criminal que secuestró a un niño.

Un niño que se llama Marco Antonio y se apellida Molina Theissen. Un niño por quien su familia ha invertido más de tres décadas, 36 años, en encontrarlo. Como otros cinco mil niños y niñas más en Guatemala, Marco Antonio es amado por su familia. Por ello han buscado justicia. Primerio, ante la negativa de las cortes nacionales, la familia Molina Theissen debió acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde finalmente en 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por este crimen y ordenó la investigación y el procesamiento nacional de los hechos.

Tras muchos años de esfuerzo y espera, finalmente, en 2015, se abrió una esperanza cuando se produjeron las primeras capturas de responsables intelectuales del crimen. Cinco altos mandos del Ejército, incluidos el exjefe del Estado Mayor General del Ejército Benedicto Lucas García y el exjefe del servicio de Inteligencia Militar (D2) Manuel Antonio Callejas y Callejas. Dos años después, el proceso nacional ha superado la etapa intermedia y queda por realizarse la etapa de juicio oral y público, ordenada por el tribunal contralor.

El niño de Guatemala, Marco Antonio, podrá recibir justicia en el momento en que los responsables de ordenar y estructurar la arquitectura responsable de su secuestro vayan a juicio y reciban sentencia. Su familia, sin embargo, seguirá al pendiente de algo más: su paradero. ¿Qué pasó con el niño? ¿Dónde están él o sus restos? ¿Por qué la maquinaria criminal de la muerte militar se ensañó con un ser inocente y lo arrancó de su familia para torturarla?

Esas preguntas deben ser respondidas tanto por el proceso judicial como por la sociedad guatemalteca en su conjunto. Hace falta analizar y reflexionar sobre los mecanismos del horror y la represión. Revisarlos, entenderlos, examinar si hoy en día podemos estar ante las puertas de su renovación y restructuración. Debemos preguntarnos y respondernos: ¿qué tanto de lo que hoy se dice contra quien defiende derechos humanos se parece al tono y contenido de lo que se decía hace tres, cuatro, cinco y seis décadas contra quien procuraba un mejor destino para la sociedad?; ¿qué tanto de nuestros impuestos se utiliza para sostener una maquinaria criminal que se destina a reprimir las voces disidentes?

En la memoria de un niño amado, en el conocimiento de su historia y de su vida, de su caso, debemos vernos como sociedad y entender que ni una sola familia merece vivir este dolor. Que el amor a Marco Antonio, que sigue allí, vivo como su recuerdo, es un motor de esperanza que se alimenta del deseo de justicia. Y para que ese motor se mantenga, nuestro amor por la familia y nuestra compañía en su lucha por la memoria, la verdad y la justicia han de ser fuente de alimento hasta encontrarlo.