Sin embargo, los anuncios y las idas a reconocer cómo pasan la vida aquellas personas que padecen desnutrición y que están cotidianamente muy cerca del hambre, no van a ayudar a resolver el problema.
De acuerdo a los estudios científicos sobre el tema –la realidad es lo suficientemente contundente, pero siempre vale la pena hacer estos trabajos, para plantear el norte a seguir–, nos revelan que la desnutrición que padecen 1.3 millones de niñas y niños guatemaltecos, es el reflejo de las grandes desigualdades e inequidades de este país.
Dándole doble clic a la información, sabemos que la desnutrición es resultado de los altos niveles de pobreza (desigualdad en el acceso a empleos y salarios dignos), que se perpetúa ante la exclusión en el acceso a los servicios de educación, salud y protección social, el limitado acceso a agua segura y manejo satisfactorio de desechos.
Por todo esto, me atrevo a decir que el circo no funciona. Por más que nos quieran alienar con las campañas mediáticas, mucho más con aquellas que rozan la vulgaridad, el problema de la desnutrición no se resolverá. Tampoco se resolverá haciendo “coperachas”, pues la dimensión del problema es tal que la solución no pasa por la caridad sino por políticas públicas efectivas, integrales, financiadas y sostenidas en el tiempo.
Si bien lo que más conocemos del Plan Hambre Cero sea su voluntad de levantar el tema de la desnutrición en los medios masivos, lo cierto es que el plan cuenta con programas de política pública y recursos que, manejados transparente y efectivamente, podrían ayudar a pasar del circo al pan.
Un repaso rápido por el presupuesto público de Guatemala, para 2012, nos permite encontrar que tanto la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación cuentan, en conjunto con aproximadamente Q1,307.5 millones destinados a dar vida a programas relacionados con el combate de la desnutrición crónica. Sin embargo, al mes de junio, llevan ejecutados tan solo Q174.2 millones, es decir el 13.3% de los recursos.
Esos recursos permitirían mejorar la cobertura de la salud pública y la dotación de insumos, motivar la posibilidad de consumo de alimentos de los hogares vulnerables, proveer asistencia alimentaria, desarrollar económicamente el feudal mundo rural y proveer asistencia en actividades agropecuarias.
Bueno, ahí están esperando a ser ejecutados los programas Ventana de los mil días, la adquisición de vacunas, el monitoreo del crecimiento de menores de 5 años, la construcción de puestos y centros de salud, la transferencia condicionada para salud, el programa de desarrollo rural Triángulo de la dignidad e, incluso, la afamada heroína Supertortilla.
Siguiendo la experiencia de un centenar de países, si los principales programas que están presupuestados se pusieran en práctica integral y transparentemente (aquellos vinculados al acceso a la salud, la vacunación, el control prenatal y el monitoreo de peso en niños menores, la dotación de alimentos y los transferencias condicionadas y apoyo para la generación de ingresos), entonces al cabo de tres años podríamos comenzar a ver resultados satisfactorios en la merma de la desnutrición. La realidad actual nos dice que esa meta de reducción del 10% de la desnutrición crónica en Guatemala, cada día es menos probable. No está demás reconocer que urge mejorar la gestión de los recursos, humanos y financieros, tener indicadores de proceso y controles de transparencia.
¡Menos circo y más pan! Nos toca una campaña de concientización política para que, lo que se ofreció en la campaña electoral, en el pacto contra el hambre y en el presupuesto del Estado, comience a concretarse.
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