Respecto del mismo, se concluye que aún nos falta camino por recorrer y que lejos de que el país cuente con sistemas que nos permitan aprovechar las oportunidades del siglo XXI, estamos en peligro de retroceder en nuestro desarrollo.
“Modernización” se define como la acción y el efecto de dar forma o aspecto moderno a algo. Moderno significa que pertenece a la época actual o existe desde hace poco tiempo. Modernizar el Estado implica fundamentalmente cambiar su función, lo que hace y la forma de hacerlo. Es el proceso que transforma un Estado burocrático en un Estado moderno. Esto significa pasar de un Estado centralizado, benefactor y paternalista a un Estado subsidiario: que apoya al individuo, garantiza la libertad individual, protege el derecho de propiedad y promueve el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Un punto importante a señalar es que actualmente no existe una visión clara y compartida del proceso de descentralización. El estudio menciona que todos los gobiernos (1986-2010) han impulsado reformas legales e institucionales para reformar parcialmente los llamados “macrosistemas” (servicio civil, compras, presupuesto y órganos de control), modificar la forma en la prestación de los servicios como la educación y salud, o reformar el sistema de recaudación y traslado de fondos públicos. Sin embargo, no todas las reformas responden a la modernización del Estado y mucho menos un cambio de rol hacia la subsidiariedad.
También se encontró que la mayoría de municipalidades carecen de recursos humanos, físicos y financieros para ser los impulsoras de la descentralización. Debe evaluarse la capacidad para participar en el proceso de descentralización administrativa y las necesidades de fortalecimiento financiero específico. Además, la falta de información oportuna dificulta el análisis de la utilidad del endeudamiento municipal y el impacto que ha tenido en la comuna.
Además, el marco legal es improcedente. Las leyes que rigen al Organismo Ejecutivo y las “macrosistemas” no están adecuadas a un proceso de descentralización ordenado. Tal es el caso de las leyes de Contrataciones del Estado, del Presupuesto General, las normas del gasto público y la de la Contraloría General de Cuentas.
Lo más revelador es que no existe una carrera de servicio civil ni un único sistema. La Ley de Servicio Civil es una norma desfasada que ya no contempla las necesidades de las distintas entidades de la administración pública, ni responde al sistema de facto que se aplica para la contratación de personal, por lo que debe evaluarse. La proliferación de regímenes heterogéneos de administración de personal en la administración pública revela ausencia de políticas uniformes respecto del recurso humano, con aplicación de principios generales de excelencia, gestión pública por resultados, asistencia al usuario, transparencia y ética, evaluación constante, entre otros.
Según Copre (2007), el 85% del personal a nivel gerencial cambia cada cuatro años y el 55% del personal permanente es reubicado o removido cada cambio de gobierno. Eso revela una alta rotación de personal que aleja la posibilidad de una carrera en la administración pública. Un buen porcentaje de los puestos se obtienen por referencia de funcionarios de mayor rango y de distinto organismo. No toda promoción a puestos superiores se hace por mérito (capacidad u oposición), siendo en muchos casos la antigüedad en el puesto un elemento de peso para efectos de aumento de salario y promoción a un puesto superior. En la mayoría de sistemas, administrados o no bajo la Ley de Servicio Civil, hay ausencia de capacitación, de evaluación y de profesionalización del funcionario público: el 70% del personal de gobierno no está capacitado para el desarrollo de sus funciones y la clasificación de puestos no se actualiza a fondo desde 1996. Los salarios son poco competitivos ya que la escala salarial tiene una curva 60% menor que los de la iniciativa privada.
Para lograr la modernización del Estado el CIEN recomienda: 1) Contar con una visión compartida y coordinada de una política de descentralización, que permita definir tanto las capacidades que deben descentralizarse, así como las que deben desconcentrarse. 2) Desarrollar mecanismos para el impulso de los gobiernos locales. 3) Crear instrumentos de selección, capacitación, fiscalización y rendición de cuentas con la participación de la comunidad. 4) Revisar y aprobar una nueva Ley del Servicio Civil que permita la creación de la carrera civil a partir de generación de los principios generales básicos para la contratación, promoción y despido del funcionario público —como concurso por los puestos de la administración pública que evalúen credenciales así como conocimiento, descentralización de procesos de nominación, creación o actualización de perfiles de puestos, promoción por mérito y no sólo por antigüedad, sistemas de evaluación de rendimiento, sacar nuevamente a concurso un puesto, y criterios flexibles para determinar los salarios, los cuales deben ser competitivos—. 5) Revisar la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto para viabilizar y transparentar el proceso de modernización del Estado, así como la Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas para fortalecerla, a fin de que adopte un nuevo rol basado en resultados.
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