En la nota que giró a la Gremial de Editores se pidió que los editores enviaran ejemplares de los libros “de ficción o informativos, de autores nacionales o extranjeros, que consideren adecuados para ser evaluados por el comité de pre-selección”. Ningún criterio de carácter histórico, literario o didáctico pedagógico se agregó para definir la propuesta. No se especifica si en ficción sólo se incluye novela o si los editores podían incluir cuento y poesía, como tampoco qué es lo que a jucio del firmante de la carta se entiende por “informativo”.
Siendo recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (no logramos determinar si son donación o parte de algún préstamo), los criterios para la selección no necesariamente deben seguir los de la Ley de compras. Sin embargo, causa asombro que ese comité de pre selección oriente las adquisiciones a partir de lo que “parte del mercado” nacional e internacional les ofrece, pues es de todos conocido que en esa gremial no participan todos los que publican libros, como también preocupa que no se publicitaran los objetivos didáctico-literarios que se esperaban lograr al adquirir y distribuir esos libros y así orientar la oferta.
La intención ministerial es plausible y digna de encomio, pues por primera vez en lo que va del presente siglo se entregarán libros a los estudiantes. Pero es evidente que esos libros marcarán el interés de los niños por determinado tipo de lectura y autores, por lo que la selección de los que se lleguen a adquirir debería ser lo más cuidadosa posible.
El Estado, al distribuir un determinado tipo de literatura, está promoviendo un tipo de lenguaje, de arte y, obviamente, de visión de mundo. Es por todo ello que la selección de títulos debió no sólo considerar el amplio espectro de la producción literaria del país (ficción y no ficción) sino ser realizada con el mayor cuidado y profesionalismo posible, tanto desde su aspecto literario como pedagógico.
Cuando desde el Estado se abre un proceso de adquisión de bienes es indispensable que todos los que son capaces de proveer se enteren, si lo que interesa es adquirir los mejores productos y no simplemente favorecer a algunos. Además, se supone que se deben presentar a los interesados los criterios más detallados posibles a partir de los cuales se escogerán los productos, de manera que puedan participar todos los que tienen algo que ofrecer y así salgan ganando los beneficiarios de estas adquisiones, en este caso los niños. No fue éste el caso; en la nota de invitación a algunas editoriales apenas se dice que “dicho comité tendrá la potestad de incluir o no cada uno de los libros en la LPI”.
Con ese procedimiento, la Tipografía Nacional, con un catálogo más que interesante y con los precios hasta hace un par de años más bajos del mercado (libros por Q30 y Q50) no tuvo su católogo considerado. ¿Que fueron producidos durante el gobierno anterior? Bueno, si ése fue el criterio para excluirles, eso significa que hay, evidentemente, una intención partidista e ideológica para seleccionar las editoriales. Aunque no es posible entender cómo no se adquiere, a precio de quemazón, la Biografía de Pedro de Alvarado si su autor, Adrian Recinos, tiene fama de conservador, pero es sin lugar a dudas un texto indispensable para entender clara y amenamente la conquista, y es de fácil lectura para un niño.
La Editorial Universitaria publicó recientemente novelas cortas (cortísimas) de Cesar Brañas, joyas literarias que entusiasmarían a cualquier niño de cuarto o quinto primaria, como también lo haría Los zopilotes de Luis de Lión, publicado por Pensativo. Catafixia y Palo de Hormigo tienen poemarios valiosos. ¿por qué todas estas obras no pueden ser llevadas a los niños a pesar de su bajo costo?
No se exige que quien dirige la adquisión tenga una amplia formación literaria, pero lo que no es posible aceptar es que, siendo los recursos escasos y probablemente esporádicos, no se haya considerado todo el abanico de lo que en el país se ha producido.
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