Guatemala, el país centroamericano más grande en población —35 % del total de Centroamérica—, celebró elecciones generales el domingo 16 de junio. En medio de un período de campaña que a menudo parecía más un episodio de Survivor que un ejercicio de democracia, los ciudadanos se enfrentaron a un campo repleto de candidatos. Aun con cuatro candidatos retirados de las papeletas debido a diversos recursos legales y arrestos, los guatemaltecos eligieron entre 19 candidatos presidenciales diferentes y 26 partidos políticos para el Congreso. Al final del día, Sandra Torres, de la UNE, y Alejandro Giammattei, de Vamos, fueron los más votados y se enfrentarán el 11 de agosto. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo Electoral está llevando a cabo una revisión y verificación de actas luego de encontrar inconsistencias en el sistema electrónico, que reflejaba datos diferentes.
Mientas los ojos de la comunidad internacional se centraban en gran medida en las elecciones presidenciales y al Congreso, los guatemaltecos también eligieron a funcionarios municipales en los 340 municipios del país. Y por mucho que las contiendas a nivel nacional importen, para ellos las contiendas locales quizá importen aún más. Después de todo, la primera interacción de los ciudadanos con el Gobierno, con el Estado de derecho, con las instituciones y con los servicios se verifica a nivel local. A nivel presidencial, un candidato fue arrestado en Miami por tratar de obtener financiamiento ilícito para su campaña de un cartel internacional de narcóticos, así que imagínese los negocios que se están llevando a cabo en las contiendas por las municipalidades.
Menos se ha hablado de la importancia de los resultados electorales de Guatemala para la región. Empecemos con lo obvio. Guatemala está localizada geográficamente de tal manera que requiere que todo el tráfico terrestre y parte del aéreo pasen a través de sus fronteras. Los migrantes procedentes de Honduras y El Salvador, e incluso de lugares tan lejanos como Venezuela y Ecuador, deben atravesar los poco más de 500 kilómetros del territorio guatemalteco para llegar a México en su camino a Estados Unidos. El narcotráfico también pasa a menudo por Guatemala, ya por tierra, ya en vuelos no registrados que hacen escala o se estrellan en el vasto territorio del Petén antes de seguir adelante y llegar al norte. A medida que estos flujos de personas y mercancías continúen en el futuro (algo que es previsible), las nuevas autoridades de Guatemala se enfrentan al doble desafío de responder a la enorme carga humanitaria de la migración y de resistirse a las fuerzas del narcotráfico ya activas en su territorio.
La forma en que el Congreso y el presidente guatemalteco entrante asuman la lucha contra la corrupción tendrá efectos dominó en todo el hemisferio.
Las fuerzas oscuras y corruptas de los carteles de la droga son solo un actor que espera aprovecharse de la joven y estresada democracia de Guatemala. Muchos casos nos han mostrado cuán penetrante es la corrupción en el Gobierno. En medio de esto, la administración saliente de Jimmy Morales ha hecho un trabajo rápido para concluir la muerte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Una vez más un ejemplo brillante de las posibilidades de combatir la corrupción cuando un país reconoce sus dificultades e invita en un organismo internacional a apoyar su lucha, la Cicig ahora yace marchita y abandonada. Los ejemplos de lucha contra la corrupción y la impunidad que quedan dentro del hemisferio no están funcionando. La forma en que el Congreso y el presidente guatemalteco entrante asuman la lucha contra la corrupción tendrá efectos dominó en todo el hemisferio. La Cicig reveló una serie de redes delictivas ilícitas que abarcan varios sectores dentro de Guatemala y de otros países.
Incluso, más allá del istmo centroamericano hay fuertes evidencias de que gran parte del tráfico de drogas que pasa por Guatemala tiene su origen en Venezuela y de que sus ganancias continúan apuntalando al régimen de Maduro en un momento en que hay un éxodo masivo de refugiados ante el hambre y la escasez de casi todos los bienes básicos. Los desafíos que enfrentan las autoridades entrantes en Guatemala son formidables. La manera como se enfrentarán a esos desafíos aún está por verse y dependerá en gran medida de su voluntad de arriesgar sus carreras e incluso sus vidas para hacer frente a los actores corruptos y restaurar la salud de las instituciones democráticas.
Es poco probable que [la militarización de las fronteras] tenga el efecto deseado, ya que la mayor parte de la migración problemática es incontrolada e informal.
Para ello deberán trabajar en estrecha colaboración con sus vecinos de la región y recibir apoyo de Estados Unidos y de México. En cuanto a la cuestión de la migración, Guatemala debería respetar el Estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos, además de reducir los factores que favorecen la migración y trabajar con los migrantes que se desplazan por su territorio. Guatemala, El Salvador y Honduras son presionados por Estados Unidos para que reduzcan la migración y detengan a los migrantes antes de que lleguen a la frontera sur de ese país. México y Guatemala ya han tomado medidas para militarizar aún más sus fronteras, y se han iniciado conversaciones entre los miembros del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4) para eliminar la migración abierta y exigir visas a los ciudadanos centroamericanos.
Es poco probable que tal cambio tenga el efecto deseado, ya que la mayor parte de la migración problemática es incontrolada e informal. Lo que los ciudadanos de estos países necesitan son más oportunidades económicas. Cuando los guatemaltecos, los hondureños y los salvadoreños son encuestados, por igual afirman que su preocupación número uno es poder llegar a fin de mes. Guatemala debería fortalecer su zona económica y migratoria compartida para aprovechar la creciente fuerza laboral.
Para luchar contra la influencia dominante y poderosa de los actores corruptos y de los narcotraficantes, Guatemala necesita abordar los vacíos legales y regulatorios, así como fortalecer la protección de los denunciantes y de los trabajadores de la justicia. Guatemala puede tomar prestados algunos ejemplos de la región, incluyendo la gigantesca pero completa reforma judicial que México experimentó en 2016. Estados Unidos debe apoyar a Guatemala para enfrentar estos desafíos y contribuir a una región centroamericana más fuerte y estable.
