Por lo tanto, dicho poder ha tenido que salir al rescate del Estado aflojando un poco la cuerda que ahorca al pueblo, con cambios que en esencia no cambian nada. La discusión política acerca del Estado es su patrimonio, y su cultura es de dominación.
Dichas élites siempre han definido el Estado. Lo hicieron durante la independencia, cuando actuaron antes de que el pueblo reaccionara y hubiera consecuencias peligrosas para su sistema. Las guerras entre conservadores y liberales eran entre visiones intestinas diferentes, pero con intereses similares: el control del Estado. Igualmente con la imposición del liberalismo en 1871 fueron ellos los que entronizaron el Estado moderno, con una economía y una política garantes de sus privilegios. El Ejército, a su servicio, avaló la revolución de octubre y la contrarrevolución del 54, arremetió contra la guerrilla a partir de 1963 y finalmente (aunque no de manera completa) trasladó el ejercicio del gobierno en 1985 a civiles afines y permitidos, pero solo para retornar 27 años después. Y allí siguen.
Hoy la crisis ha emergido por enésima vez. Igual que en tiempos pretéritos, las clases dominantes están polarizadas entre sí, ahora por la develación de la corrupción que han practicado históricamente. Pero eso no les impide que paralelamente estén pensando en que el Estado no cambie su modelo ni de manos. Un nuevo Estado les eriza la piel. Una asamblea constituyente les preocupa y la plurinacionalidad les espanta. Por ello, en tanto la pelea es entre buenos y malos, sus voceros académicos y políticos ya están difundiendo sus ideas centrales acerca de posibles cambios democráticos.
Dionisio Gutiérrez aparece en la televisión y en los principales medios diciendo que es intolerante con la corrupción y la impunidad (¡no podía decir lo contrario aunque lo pensara!) y que el país debe unirse para buscar y garantizar un Estado en el que se cumpla el debido derecho. A los pueblos, partidos, sectores, comunidades y clases que tienen propuestas de un Estado diferente, plural, multinacional o más incluyente y de bases sociales amplias no se les da la misma relevancia a pesar de que también rechazan la corrupción y la impunidad.
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Eduardo Mayora plantea que la vuelta al proceso de reforma constitucional debe ser liderada por el jefe de Estado y complementarse con los demás poderes y actores principales de la vida nacional (ellos mismos). Sobre todo, dice que dicha vuelta debe ser «un esfuerzo auténtico por refundar el sistema de justicia para que […] se logre la certeza jurídica». En otro artículo opina que «las reglas de organización y funcionamiento del poder judicial deben carecer de sesgos ideológicos». El pluralismo jurídico no es ideológico. Es una realidad que ordena y estructura otras formas de vida.
En cambio, no se cuestiona que la colonia, la universidad, las leyes, la educación, etcétera, se asientan en una visión claramente judeocristiana. Hasta hace poco, en el Congreso de la República se leía: «Dios, patria y libertad». Los congresistas lucen hoy fanatizados religiosamente. Lo que se pretende en el discurso dominante es rechazar otras cosmovisiones en la arquitectura del Estado.
Esos planteamientos, al igual que los de otros voceros del sistema, excluyen otras visiones y realidades sociales, culturales, jurídicas, económicas y políticas de la diversidad de pueblos, sectores, clases y comunidades. Temas como el derecho indígena, los derechos colectivos y territoriales, la autodeterminación, el buen vivir, los derechos específicos de grupos y de sectores y los cambios al modelo económico colonial y extractivista no son de su interés en la configuración de un nuevo Estado. Para ellos se trata de mantener la exclusión histórica y racista, causa de las crisis que han provocado y resuelto desde el poder que monopolizan y ejercen. Las élites quieren seguir manejando Guatemala.
La unidad desde abajo (de partidos políticos democráticos y populares, pueblos, comunidades, clases, sectores y academia comprometida con la democracia participativa) en un proyecto político alternativo y contrahegemónico de corto, mediano y largo plazo es la salida dentro de las reglas del Estado y prioridad para la población que nunca ha sido representada por las élites y la servidumbre política. La enfermedad, la pobreza, la ignorancia y el racismo deben ser abatidos por el mismo pueblo. Ojalá entendamos esa necesidad y trabajemos para consolidar así nuestra Guatemaya.
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