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Guatemala a examen

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Guatemala fue evaluada el miércoles pasado en Ginebra, Suiza, en el Examen Periódico Universal al que los miembros de la ONU se someten cada cuatro años. No hay una calificación final, solo una serie de recomendaciones que Guatemala deberá aceptar o rechazar. El proceso inició el 8 de noviembre, pero concluirá en marzo de 2018. Liliana Valiña, representante de la OACNUDH, explica en qué consiste este examen.

Cada cuatro años, los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se miran en los ojos de los demás países. Son sometidos a un interrogatorio durante dos horas y media, del que salen una serie de recomendaciones sobre cómo lograr el cumplimiento de los Derechos Humanos. Es el Examen Periódico Universal (EPU). A  Guatemala le tocó el turno el miércoles pasado.

El país puede elegir si hacer caso o no a las sugerencias. Es un examen de carácter político, remarca Liliana Valiña, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala. No hay sanciones si el Estado deja de cumplir alguna recomendación, pero su incumplimiento podría acarrear consecuencias secundarias. La falta de confianza para la cooperación internacional es la más visible.

Guatemala se enfrentó a su cuarto examen, con varias dudas acerca de la ejecución de las recomendaciones que se hicieron en 2008 y 2012. Una de las recomendaciones de los estados miembros fue que Guatemala respete y fortalezca la participación de la CICIG en el país.  La evalución continúa hasta marzo próximo.

Valiña, quien lleva ocho meses al frente de la OACNUDH, aclara algunas dudas sobre el mismo. La abogada argentina tiene más de 20 años de experiencia como representante en Colombia y México y como asesora en Paraguay. También trabajó para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y para la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

¿En qué consiste el Examen Periódico Universal?

 Es un mecanismo bastante innovador. La mayoría de los procesos de examen se dan ante órganos de tratados, donde el Estado ratifica un tratado y luego tiene que presentar sus informes. En este caso, es un órgano de estados y no de expertos independientes. Todos los estados logran pasar por este examen en cuatro años o cuatro años y medio. En su informe, Guatemala expone los avances y retos en materia de Derechos Humanos en todo sentido. Como estamos hablando del tercer ciclo, está muy focalizado en qué hizo con las recomendaciones que recibió anteriormente. No solo tiene que dar cuenta de cómo está el país, sino de qué medidas tomó para avanzar y con qué resultados. 

Y en base a esto, ¿los demás estados evalúan?

Los demás estados evalúan sobre la base de tres tipos de información: la que provee el Estado; la que provee Naciones Unidas, que es la compilación de sus informes sobre el país; y la que proveen las organizaciones de la sociedad civil y otros actores como el Procurador de Derechos Humanos (PDH). Sobre esto, los Estados hacen preguntas, comentarios y recomendaciones.

¿Esto en cuanto tiempo sucede?

El miércoles 8 de noviembre inició el proceso y termina en unas sesiones en marzo del año próximo, en las que el Estado, si no respondió antes, tendrá que dar la respuesta final sobre qué recomendaciones acepta.

Puede negarse a ellas, entonces.

El Estado tiene que responder cuáles son las recomendaciones a las que se compromete a dar seguimiento y cumplir y las otras, de las que "toma nota". No necesariamente se compromete. Este es un mecanismo político, pero tiene un valor, en el sentido de que es entre pares. Todos son alguna vez examinados y examinadores. 

Simone Dalmasso

Pero a ojos de la ONU, ¿cómo se ven los incumplimientos?

Cuando el Estado no cumple, genera informes que de alguna manera dan cuenta de la ausencia de compromiso. Eso genera cierta responsabilidad. Los países tienen que tener un récord positivo de Derechos Humanos para poder recibir cooperación internacional. Entonces, a veces, indirectamente sí tiene su impacto. 

Analizando las recomendaciones de 2008 y 2012. ¿Qué aspectos han identificado OACNUDH y otras instituciones de la ONU como violaciones más recurrentes?

No nos corresponde a nosotros decir cómo está el nivel de cumplimiento porque eso va a ser evaluado. Sin embargo, hay temas que han sido incluidos recurrentemente en las recomendaciones. El tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción. También la necesidad de mejora de la situación de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, pobreza y desnutrición, salud y educación, la necesidad de aprobación de una política o plan de Derechos Humanos... Son problemas históricos, estructurales de Guatemala. No se puede modificar la situación de un día para otro. Pero cuando vemos los niveles de pobreza, las deficiencias en la justicia... es obvio que si se tomaron medidas, no fueron suficientes. Se necesitan cambios estructurales que todavía no se han dado. 

¿Por ejemplo?
Por ejemplo, reformas constitucionales para asegurar la independencia de la justicia, el avance en una legislación y en unos mecanismos de protección de la niñez y mujeres...

Un grupo que se recoge en el informe de las partes —integrado por varias organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales (Flacso)– señala que no hubo avances en establecer un órgano de seguimiento a recomendaciones internacionales de Derechos Humanos. ¿Esto es así? 

Hay un primer paso que se está dando, pero que se necesita fortalecer. Guatemala ha recibido la cooperación de Paraguay —yo la conozco bien, porque estaba en Paraguay antes de venir aquí—. Ahí se construyó el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (Simore), que está iniciando ahora en Guatemala. Pero es recién un inicio. El principal desafío es tener una agenda de Estado. De todo el Estado. Que tome en cuenta las obligaciones y recomendaciones en materia de Derechos Humanos y que sepa articularse. Ahora, cada institución aplica en función de su mandato una respuesta determinada, pero el Estado en su conjunto no responde. 

Después de la tragedia sucedida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Suecia y Estados Unidos (EEUU) preguntan qué ha hecho el gobierno para reducir los niveles de institucionalización y asegurar que los sistemas de protección de menores están en consonancia con los estándares internacionales. ¿Qué repuesta hay para esto?

Bueno... Ese es otro de los grandes problemas. No se podía resolver de un día para otro, pero sí requiere de unas políticas que están todavía pendientes de construirse. Es evidente que el Estado no ha tenido los mecanismos adecuados para responder a estos desafíos de niñas y niños en situación de desprotección. Lo que se requiere es pensar en la desinstitucionalización y cómo se garantiza que esos menores puedan tener oportunidades con sus familias. No podemos evitar el contexto en el que estamos. Un país en el que estamos con un porcentaje de pobreza del 60% de la población.

¿Podría volver a suceder una tragedia similar?

En la medida en que las condiciones continúen siendo las mismas, podría. 
 

Simone Dalmasso

La desnutrición infantil y la pobreza son una preocupación reiterada del PDH en el informe de partes. Noruega pregunta al país qué acciones concretas se realizaron. En su informe, el gobierno se dedica a citar todos los pactos, estrategias y programas implementados en los últimos ocho años. Sin embargo, los datos no son positivos: Guatemala es el único país de América Latina donde la pobreza ha aumentado en el último año. Con la inestabilidad de los dos últimos gobiernos, las crisis y los señalamientos de corrupción, ¿se ve una intención real de mejorar la situación?

Pienso que es mucho más complejo que eso. Se necesita un Estado fuerte, con una sociedad también comprometida con la lucha contra la pobreza. Un sector privado que se sume a ese cambio... Para modificar esa situación se requiere de mucho esfuerzo y de algunas decisiones radicales en términos de construcción del país, de los recursos del Estado y del nivel de priorización que tiene la lucha contra la pobreza. Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean "no dejar a nadie atrás". Aquí estamos dejando mínimo al 60 por ciento de la población en situación de pobreza y si hablamos de pueblos indígenas, cerca del 80 por ciento. Las políticas que se han llevado a cabo no han tenido el impacto que se esperaba. 

¿Se puede considerar dinero perdido, el invertido en estas políticas?

No es dinero perdido en el sentido de que hay que seguir luchando contra la pobreza. Habría que buscar formas más estratégicas, más estructurales, inclusivas, que permitan que las prioridades estén ubicadas donde se requiere. 

Hay otra pregunta recurrente. La plantean Noruega, Eslovenia, Reino Unido y Estados Unidos: “¿Qué acciones ha llevado a cabo el Estado de Guatemala para reducir las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas?”. El Estado responde en su informe que se han fortalecido algunas direcciones de la Policía Nacional Civil y que en 2016 se aprobó un protocolo de implementación de medidas de seguridad. ¿Es suficiente?

Vemos que a veces se construyen programas de protección para periodistas, para defensores de Derechos Humanos, que son importantes. Muestran un esfuerzo. Pero la forma principal de protegerles es el reconocimiento y la legitimidad que se les da por parte del Estado y la sociedad a su trabajo. Y además, la lucha contra la impunidad. En la medida en que las amenazas y hostigamientos queden impunes, (los agresores) siguen sintiendo que está la puerta abierta para seguir haciéndolo. Se puede poner un chaleco a los periodistas y defensores, pero eso no es lo central. 

Los conflictos de la Tierra son otra de las cuestiones sobre la que preguntan los Estados. En su informe, OACNUDH señala que en 2017 hubo 1,448 conflictos de tierras. Actualmente hay dos focos importantes en Izabal y Alta Verapaz. El gobierno apenas menciona el tema en su informe a pesar de la gravedad. ¿Es indicativo de que no hubo avances en este aspecto?

Probablemente. Lo que vemos con los desalojos que continúan y algunos que siguen pendientes, es que el Estado necesita construir políticas y mecanismos que aseguren que se garantizan los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Las repuestas deberían ser construidas de cara a los estándares internaciones en materia de previsión de desalojos forzosos, la importancia de prevenir, del trabajo con las comunidades y del diálogo previo, de asegurar reasentamientos. Sin embargo, ese escenario no se da. Lo que importa es que el Estado asuma una respuesta coherente que permita que esas poblaciones tengan alternativas. 

Simone Dalmasso

Suecia y Estados Unidos preguntan qué medidas está tomando el Estado de Guatemala en relación a la reparación y el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado. El Gobierno tampoco menciona este punto en su informe. ¿Se hicieron recomendaciones en 2008 y 2012 que se incumplieron?

El tema de la justicia de transición es un tema muy importante. Ahí podemos ver que hay algunos avances de algunas sentencias, como las vinculadas a Sepur Zarco y las reparaciones que se están haciendo vinculadas a Chixoy. Pero ahí vemos también que una cosa son las sentencias y otra la implementación de las mismas. El reto es asegurar una reparación integral y digna. 

Eslovenia consulta por la tasa de femicidios. Dice que la Ley contra delitos de femicidio tuvo pocos efectos en reducir los niveles de violencia contra las mujeres. ¿Ha habido avances?

Hasta el mes de junio, según Inacif, hubo 431 casos de muertes violentas de mujeres. Creo que el tema en general sigue siendo una preocupación. Es evidente que el tema de femicidios es la parte más extrema de una realidad que tiene el país, que tiene que ver con la discriminación, con la falta de respeto de los derechos de las mujeres, de espacios de representación en las instituciones, las empresas, los paneles de discusión... Esto requiere de un trabajo mucho más estructural y de raíz de cambiar la cultura machista, para poder tener un impacto mayor en el tema.

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