Guatemala: el «affaire» de los que mandan

Dicha crisis se ha prolongado por cuatro años a causa de una lucha penalista contra la corrupción y la impunidad liderada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y acompañada por la sociedad civil y la comunidad internacional. Ninguna de las apuestas de las élites nacionales por desmantelar esta lucha, que tocó sus bolsillos y ha raspado su hegemonía en el control del Estado, ha sido estable. Tampoco las habían podido llevar a cabo en unidad. Fue durante los últimos meses de 2018 cuando los casos por financiamiento electoral ilícito y ejecuciones extrajudiciales las comenzaron a unificar.

En 2017 ocurrió lo que parecía una restauración conservadora del sistema de impunidad. La declaración del comisionado Iván Velásquez como persona non grata y el nacimiento político del #PactoDeCorruptos llevaban una clara intención de volver definitivamente a 1985-2014, esa época marcada por el descarado clientelismo político, el gobierno del turno [1] y el menos peor, así como por los pactos por acción u omisión entre élites para distribuirse las cortes nacionales; una época caracterizada por el control territorial de caciques como cuota de poder, cuyas decisiones políticas eran influidas desde afuera por el crimen organizado y el narcotráfico y desde adentro por el empresariado organizado, los políticos tradicionales y la cúpula militar.

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En 2018, el pulso restaurador se convirtió en lo que parecía la reconfiguración del Estado capturado con el apoyo abierto de la cúpula empresarial, la no renovación de la Cicig y una aparente apuesta por el MP, por lo nacional, de modo que se mantuvieran los mecanismos de investigación, persecución y desarticulación de entramados de corrupción, pero sin afectar los intereses de los poderes hegemónicos. Una nueva época en la cual existieran reformas superficiales, al mismo tiempo que se reafirmara el orden establecido bajo nuevas y sofisticadas formas de control político, económico y social. Una apuesta que cambió rápidamente entre agosto y octubre del mismo año y continúo la primera semana de enero en respuesta a la resistencia de la ciudadanía y a las advertencias de la comunidad internacional. El gobierno de Morales hizo un giro impulsivo y comenzó un golpe de Estado técnico en cámara lenta. Pasó en dos años de una restauración conservadora a una regresión autoritaria que revive en el ambiente político la larga y sangrienta noche de 36 años del terrorismo de Estado. Una apuesta que ha sido apoyada por el #PactoDeCorruptos, el Cacif y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia [2] y que consistió en saltarse el bloque de constitucionalidad y en jugar en la línea de fuego obediencia-desobediencia ante las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que han anulado los efectos de sus acciones.

Esta nueva apuesta se ha desarrollado en cámara lenta porque, una vez más, no están decididos. Pareciera que en las últimas dos semanas de enero de 2019 han comenzado a abandonar la idea golpista y a transitar hacia la estabilidad institucional de fachada. Esta nueva estrategia apuntará a continuar diezmando la Cicig hasta septiembre [3] y a elegir jueces afines para lograr sentencias absolutorias o apelaciones favorables en los casos judiciales siguiendo el debido y legítimo proceso. La gran alianza por la impunidad le apostará a ganar tiempo hasta que aburra hablar de la lucha anticorrupción, hasta que terminemos ocupándonos de otras tareas (como las elecciones generales de junio), hasta que finalmente haya aceptación social e institucional de sus decisiones ilegales e ilegítimas. Eso implica rendición ciudadana, resignación internacional y permisividad de la CC y, sobre todo, del MP de la fiscal Consuelo Porras. La permisividad de la fiscal es la más probable, considerando su trayectoria hasta hoy: las acciones y los comunicados tibios desde septiembre de 2018, la pasividad en las órdenes de arresto contra mandos medios, pero no contra las máximas autoridades al girar órdenes de desobedecer a la CC, y el retraso en la apertura de los canales de comunicación con la Cicig y con el comisionado Velásquez en momentos críticos para el orden constitucional. Todo lo anterior provoca pensar que el Estado de derecho, frágil y amenazado, cuenta a medias con ella, quien podría convertirse en el último alfil que los viudos de la guerra y del poder necesitan para aferrarse a su affaire.

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