El Congreso, luego de sus humildes súplicas, les ha concedido de antemano el perdón al error cometido cuando, ilegalmente, financiaron a Jimmy Morales. Ellos llaman error a los delitos cometidos, aunque triangularon facturas para hacer aparecer gastos que no eran tales y así otorgar fondos no controlables al muy pronto expresidente.
Estos empresarios, que desde que fueron denunciados por sus propias socias iniciaron el delirante proceso de desprestigio y persecución contra la Cicig, hoy están de plácemes. Sus nombres, dirán, están limpios, pues en silencio harán confesiones al estilo Baldizón y pedirán sanciones ridículas que, convertidas en multas, podrán pagar a plazos.
No es de extrañar que al cierre de la actual legislatura exijan a los medios de comunicación, impresos y digitales, retirar las informaciones vinculadas a sus crímenes electorales, esos que hicieron que por primera vez tuviéramos, en nuestra última época política, un gobierno electo clara y llanamente fraudulento.
La impunidad deseada está a la vuelta de la esquina. Los empresarios defraudadores de procesos electorales han recibido por anticipado su regalo de Navidad. Claro, han sabido recompensar a sus beneficiarios, en metálico y en poder. El país ha sido dejado a la deriva, y lo único que de ahora en adelante importará será su enriquecimiento.
El pacto de corruptos, que en el Congreso va en aumento día a día, apenas si se entera de que, por ejemplo, un mes después de concluido el estado de sitio en el norte del país se han realizado ocho detenciones en Semuy II, allá donde por irresponsabilidad del alto mando del Ejército fueron asesinados tres soldados. De esa cuenta, así como aquel estado de excepción era innecesario, esta ley de reducción de penas solo favorece a los delincuentes de cuello blanco.
Morales niega su responsabilidad en los errores burdos cometidos en el libramiento de la carretera Panamericana. Pero resulta que fue su desesperación por apoyar a su candidato presidencial con fotos de supuestos éxitos la razón por la cual se dio por concluida una obra pública que no lo estaba.
Pero ni las informaciones sobre el fraude electoral cometido por los megamillonarios, a quienes solo se les puede considerar empresarios de la traición y de la manipulación política en beneficio propio, ni la ineficacia anunciada del estado de sitio, como tampoco la irresponsabilidad administrativa de Jimmy Morales, podrán borrarse de las páginas de los diarios ni de las notas de opinión.
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Bosch Gutiérrez y compañeros, así como Jimmy Morales, su presidente elegido fraudulentamente, están ya inscritos en la historia del país como los máximos responsables del desorden y la ineficiencia del Estado Guatemalteco. Son ellos los responsables de que delincuentes como Manuel Baldizón y Mario Estrada circulen por el país como millonarios buscando controlar el poder público.
Ambos están detenidos en Estados Unidos, pero, pagadas las culpas cometidas en aquel país, vendrán a Guatemala y cuando mucho dirán, como Bosch Gutiérrez y compañía, que cometieron errores, luego de lo cual pagarán irrisorias multas para no ser juzgados por sus crímenes.
Si de los megamillonarios no podremos saber si entre su financiamiento electoral ilegal estuvieron incluidos fondos para el enriquecimiento ilícito del aún presidente y de su séquito, o si además se asociaron a narcotraficantes para enturbiar aún más aquel proceso, de Baldizón no podremos saber quiénes fueron esos narcotraficantes que le financiaron la campaña, mucho menos de qué manera esos recursos se utilizaron para callar a opositores o pagar a asesores.
Porque la reducción de penas ya estaba contenida en la figura del colaborador eficaz, pero en ella, a diferencia de la actual reforma penal aprobada, se exige la denuncia de cómplices, así como la clara descripción de las acciones realizadas para cometer el crimen.
Los nada honorables diputados se cuidaron, en su ley ad hoc, de no incluir entre las excepciones los crímenes contra el erario público y los delitos electorales, pues es en esos rubros en los que la inmensa mayoría de los diputados están incluidos.
La inmensa nube de impunidad parece haberse posado sobre el país, y no hay viento social que la mueva. Pero, si a cada Sus scrofa doméstico le llega su día, nada impide que todos estos, que con sus millones y malas prácticas han envenenado la vida pública del país, reciban su merecido algún día.
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