Giammattei rechaza la ley «provida», pero el discurso y las alianzas siguen | Plaza Pública

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El Presidente de la República, Alejandro Giammattei, en el acto conmemorativo de declaración de Guatemala como capital Provida de Iberoamérica. Presidencia

Giammattei rechaza la ley «provida», pero el discurso y las alianzas siguen

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Giammattei rechaza la ley «provida», pero el discurso y las alianzas siguen

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  • A pesar de que Giammattei pidió al Congreso archivar la «Ley de la protección de la vida y la familia», esto no afecta las alianzas políticas que apoyan al oficialismo, y los discursos anti derechos humanos continúan.
  • En su discurso durante la conmemoración de Guatemala como la «Capital Iberoamericana Provida», Giammattei hizo afirmaciones que pueden ser desmentidas con datos oficiales y que, en la realidad, contradicen el discurso de trabajar en defensa de la vida.
  • Analistas consideran que la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032 en realidad no contiene acciones nuevas. Solamente son políticas que ya existían.

Así fue como el presidente y sus aliados políticos iniciaron las celebraciones para declarar a Guatemala como la «Capital Iberoamericana Provida» en medio de datos falsos, alianzas políticas, y señalamientos de corrupción hacia su gobierno. Todo ocurrió un día antes de que Giammattei anunciara que vetará la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.

El presidente Alejandro Giammattei y sus aliados se vistieron de blanco en el día del cumpleaños 66 del mandatario. Sonreían frente al Palacio Nacional, estaban de fiesta.

Horas antes ese pacto político en el Congreso había logrado aprobar una ley considerada antiderechos de las mujeres y comunidad LGBTIBQ (puedes descargarla aquí). Prohibía que en los centros educativos se hable sobre la diversidad sexual y, entre otros, contenía ambigüedades legales que podían llevar a un proceso penal a una mujer en caso de que tuviera un aborto espontáneo.

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Al día siguiente de la fiesta, el propio Presidente anunció que se oponía al nuevo decreto porque, aseguró, viola derechos humanos. Aunque esto parecía una contradicción para el mismo oficialismo, las alianzas políticas que lo respaldan y el discurso antiderechos continúan.

El 9 de marzo, decretado como el «Día por la Vida y la Famlia», Giammattei se rodeó de sus ministros y más cercanos colaboradores, también lo acompañaron representantes de las corrientes religiosas católica, evangélica, mormona, musulmana y judía, para celebrar a Guatemala como «Capital provida de Iberoamérica».

Los primeros discursos del acto se emitieron frente a la Plaza de la Constitución. Un despliegue de seguridad presidencial custodiaba las sillas disponibles —la mayoría vacías— que eran ocupadas por empleados públicos. Los guardias estaban ahí para impedir el ingreso a quienes protestaban contra el Decreto 18-2022 aprobado el 8 de marzo, el mismo día que las mujeres salieron a la calle a exigir sus derechos.

Un día antes de la actividad, empleados del Ministerio de Desarrollo denunciaron que los mandos medios de la institución enviaron una invitación al acto público con la que les exigieron presentarse.

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Los funcionarios allegados al mandatario estuvieron en primera fila. Quien no estuvo presente fue el vicepresidente Guillermo Castillo. No figura de manera pública junto a Giammattei desde noviembre de 2020, cuando le pidió al gobernante renunciar juntos «por el bien del país».

La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, estuvo en el escenario principal junto al gabinete del gobierno. Rivera fue una de las principales promotoras para que las bancadas vinculadas al oficialismo aprobaran en tercera lectura y redacción final la iniciativa 5272, con la que se creó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.

Hasta el momento, Rivera ha logrado mantener el pacto político que funciona en el Legislativo desde la llegada de Giammattei a la presidencia. Un reflejo de esto es el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) comandado por la excandidata presidencial Sandra Torres, el cual fue clave esta semana: aportó 34 votos para aprobar la ley; los otros 13 legisladores que representan a ese mismo bloque se ausentaron a la plenaria, algo que facilitó la aprobación del Decreto 18-2022. Con algunas variantes, la alianza alcanzó la aprobación de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia es la misma que ha respondido a los intereses del actual gobierno.

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Entre los invitados hubo políticos aliados de Giammattei, así como representantes de grupos religiosos como el arzobispo metropolitano, Gonzalo de Villa; el nuncio apostólico, Francisco Montecillo; el representante de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, Manuel Castañeda; el guía espiritual de la Comunidad Musulmana en Guatemala, Muhammad Saleh; y el rabino de la Comunidad Judía, David Rushec.

Un día después de las celebraciones del 9 de marzo, los cuestionamientos hacia la alianza oficial por la aprobación de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia aumentaron. El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, anunció que presentaría una inconstitucionalidad contra el Decreto 18-2022 cuando este fuera publicado; incluso la Asociación La Familia Importa (AFI) —organización autodenominada provida— pidió a Giammattei que la ley no fuera ratificada porque pondría en riesgo derechos y garantías fundamentales, y porque su redacción era ambigua.

El 10 de marzo, el Presidente anunció en cadena nacional que pidió a la presidenta del Congreso archivar el decreto. Giammattei dijo que si la ley llega a su despacho, la vetará porque viola derechos establecidos en convenciones internacionales y en la Constitución Política de la República.

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Los datos contradicen al discurso

Aunque el Ejecutivo anunció que vetará la Ley para la Protección de la Vida, los discursos de los funcionarios redundaron en reforzar la idea de que Guatemala es «provida» y que cualquier idea contraria es «promuerte».

En las declaraciones de Giammattei hubo tres afirmaciones que los mismos datos oficiales contradicen: «Este es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural.... También somos un país que respetamos a los disidentes… También somos un país que oímos a los que protestan», aseguró el mandatario.

Lo cierto es que, solo el año pasado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró que 61 niños menores de cinco años murieron a causa de la desnutrición aguda, 26 decesos más que los contabilizados en 2020. Además, el MSPAS recortó el año pasado 137.2 millones de quetzales al programa Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica.

Además, según la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), en 2021 la tasa de muertes violentas en todo el país aumentó 1.3 puntos en comparación a la registrada un año antes. La tasa actual es de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Si bien en 2020 hubo un descenso histórico en las muertes violentas debido a las restricciones impuestas por el gobierno al inicio de la pandemia del COVID19, según un estudio de proyecciones elaborado por la organización Diálogos, la cantidad de homicidios del año pasado no responde a un incremento «natural» o «esperado».

Así mismo, el gobierno de Giammattei se ha caracterizado por represiones violentas a manifestantes.

En octubre de 2020 dos jóvenes perdieron uno de sus ojos después de haber sido golpeados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) durante las protestas contra la aprobación del Presupuesto General de la Nación. En esa misma fecha, varios manifestantes y periodistas también fueron agredidos por los agentes.

Un año después de la represión policial contra manifestantes, la activista de Derechos Humanos, Nancy Chiriz Sinto, fue capturada a solicitud de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida. Chiriz Sinto fue una de las mujeres golpeadas por agentes antimotines durante la protesta. En noviembre, el Juzgado Duodécimo de Instancia Penal la ligó a proceso, junto con el pintor Juan Francisco Monroy, quien también participó en las protestas. Ambos fueron acusados del delito de depredación de bienes culturales, la fiscalía los acusa de manchar con pintura la fachada del edificio central del Congreso.

Por otra parte, en octubre de 2021 el gobierno desplegó a la PNC y al Ejército durante un estado de Sitio en El Estor, Izabal, para desmovilizar por la fuerza a una protesta contra el funcionamiento de la mina Fénix.

El 6 de marzo de 2022 el colectivo Forbidden Stories reveló una filtración de miles de documentos en los que se muestra cómo agentes PNC pudieron acutar por órdenes y a favor de la compañía minera Fénix, propiedad de Solway Investment Group, multinacional de capital ruso con sede en Suiza que opera en Guatemala como Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico).

Entre los documentos revelados destaca un correo electrónico de los directivos de Solway a Giammattei, revela cómo el Presidente ordenó el estado de excepción después de que la empresa minera solicitara, en tono imperativo, la «intervención inmediata» para estabilizar las protestas.

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La narrativa continúa

La celebración del 9 de marzo continuó en el interior del Palacio Nacional, donde el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) le cambió el nombre al Patio de la Cultura por el de «Patio de la Vida», según el Acuerdo 195-2022. En ese lugar donde también se develó un monumento «provida». En el acto estuvo presente la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus, exsecretaria general del presidente.

El magistrado suplente de esa misma corte, Luis Rosales, también asistió al acto. Rosales forma parte de otro partido aliado del oficialismo, la bancada Valor, cuya principal dirigente es la excandidata presidencial Zury Ríos, hija del exgeneral del Ejército, Efraín Ríos Montt, juzgado en 2013 por genocidio y deberes contra la humanidad.

Otra figura vinculada con Giammattei que asistió a la actividad fue la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien se postuló para la reelección. El gobierno de Estados Unidos la designó por «obstruir» la justicia en casos de alto impacto. A Porras se le observó conversar con Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, una entidad clausurada formalmente por Giammattei, pero que tras su cierre buena parte de sus exintegrantes fueron reubicados en puestos clave en el Ejecutivo. Martínez es el hombre de mayor confianza del presidente, y que su influencia para las decisiones en el gobierno es determinante.

Luis Donado Vivar, procurador general de la Nación, también estuvo presente. Donado es un personaje cuestionado que se ha mantenido vigente en tres de los últimos gobiernos y que busca seguir en esa línea.

En la administración de Otto Pérez Molina, Donado asesoró al general Ricardo Bustamante cuando este último dirigió la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. En 2015 fue considerado por el entonces candidato presidencial, Jimmy Morales, como ministro de Gobernación. En 2018 Morales lo nombró al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y es el único funcionario de confianza que continuó en el cargo tras la llegada de Giammattei.

Donado este año también se postula para ser fiscal general del MP. Ese intento ya lo había hecho en 2014, pero entonces la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo señaló de haber defendido a Rubén Estuardo Rosales Sánchez, acusado de lavar dinero de la familia Mendoza Matta de Izabal, cuyos integrantes fueron condenados en 2019 por usurpación de propiedades. En un reportaje de Plaza Pública, Donado negó haber tenido comunicación con alguien de los Mendoza Matta y aseguró que ellos no pagaron sus honorarios como abogado.

El pastor evangélico Carlos «Cash» Luna también participó en la declaración de Guatemala como capital provida. En 2018, la fiscal Consuelo Porras anunció que la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero investigaba a Luna después de que en un reportaje de la cadena de noticias Univisión un testigo acusó al pastor de recibir dinero de la narcotraficante guatemalteca Marllory Chacón, apodada «La reina del sur». El MP no ha informado sobre los resultados de esa investigación.

Para el politólogo Renzo Rosal, la narrativa provida y profamilia de los funcionarios en los últimos días puede ir en dos líneas: una, para tratar de «lavar» la imagen desgastada del gobierno ante los señalamientos de corrupción, como el del «testigo A» que aseguró que Giammattei negoció recibir 20 millones de quetzales producto de sobornos pagados por la constructora Coamco para su campaña política de 2019, o como las sospechas de que el mandatario recibió coimas de parte de empresarios rusos.

Según el analista, la otra línea es utilizar el discurso conservador como una estrategia electoral, ya implementada en la administración de Jimmy Morales, por ejemplo, para justificar la expulsión de la CICIG.

«Ya se probó que esa narrativa tiene combustible, no solamente para mitigar focos de tensión, sino para privilegiar la agenda de la continuidad electoral. De acá en adelante se espera que algunos personajes sean los encargados de portar esa bandera, como en su momento fue Giammattei, ahora no hay alguien abiertamente. La figura abierta es Zury Ríos. El tema central es garantizar que hay un electorado a que a partir de esta narrativa pueda garantizar esta continuidad», opina Rosal.

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Una política «a favor de la vida» sin nada nuevo

Los discursos sobre la vida y la familia fueron justificados por la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032 que el gobierno lanzó en julio del año pasado.

Esta estrategia en realidad no es nueva y responde principalmente a peticiones hechas por organizaciones civiles y religiosas que se oponen a los derechos de las mujeres diversas y comunidad LGBTIQ. La secretaria de Planificación de la Presidencia, Keila Gramajo, explicó que se logró que 90 acciones de 11 ministerios tuvieran «sinergia para garantizar la vida».

Según Gramajo, «se logró resolver para pasar de un combo de acciones que estaban haciéndose de manera aislada y que no tenían ningún impacto. (Esto) se convirtió en la política pública que el Organismo Ejecutivo (creó) a través de su refrendo en Consejo de Ministros, se convierte en observancia general, para poder impactar lo que se definió en el problema público».

Ese problema público, según la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), es la defensa de la vida y la familia. Y por eso se conformó la Política que está enlazada con otras estrategias como la de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Desarrollo de la Primera Infancia, de la Juventud, de Atención Integral de Adultos Mayores, de Mortalidad Materna y Neonatal. En ninguna parte del acto se especificó cómo éstas cambiarán sus resultados a través de la Política de Protección a la Vida y la Familia.

Uno de los objetivos específicos de la Política es «establecer un programa de protección a la vida y la institucionalidad de la familia con la integración de diferentes componentes o programas de las instituciones del Estado».

Karin Slowing, exsecretaria de Planificación, cuestionó que en los últimos gobiernos se ha vuelto costumbre formular documentos sobre políticas públicas que después no se puede operativizar, o que más bien únicamente se reacomodan acciones que ya se hacían. «No se ha trabajado una política que responda a los retos que una familia guatemalteca enfrenta, todo el enfoque de familia es que estas encuadren en lo que algunos piensan que debe ser una familia», señaló. 

Para el sociólogo Luis Mack, el argumento en el que se basa esta política es falaz, porque la experiencia en Guatemala refleja que los esfuerzos para articularlas han sido ineficaces. Además, la administración de Alejandro Giammattei ha demostrado ser improvisada para dar respuesta a las demandas de la población.

Mack duda que la Política de Protección a la Vida y la Familia en realidad se pueda ejecutar porque está basada en postulados como la «familia nuclear» con un padre proveedor y una madre dedicada a los asuntos del hogar, lo cual existía hace muchos años, pero que en la actualidad perdió vigencia pues no toda la población encaja en esa categoría.

El analista considera que el discurso sobre vida y familia usado por las autoridades supone una regresión, debido a que violenta los derechos individuales establecidos en la Constitución al pretender regular actividades muy propias de las personas, es un ámbito de «intromisión terrible», considera.  Mack hace énfasis en el planteamiento del sociólogo alemán Ulrich Beck, que define el concepto «familia nuclear» es uno de los denominados «zombis» que en algún momento tuvieron vida, pero que en la actualidad no tienen mucho sentido.

Tras conocer el rechazo del Presidente al Decreto 18-2022, la presidenta del Congreso e impulsora de la ley, Rivera, aseguró que revisarían si existían inconstitucionalidades en ella. Esto no impidió que los actos «a favor de la vida» continuaran en el hemiciclo.

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