El presidente aseguró que «luego de un profundo análisis técnico y profesional» habían reducido el techo presupuestario global para 2021 de 107.8 millardos de quetzales a 94.4 millardos. Además, detalló la distribución del presupuesto readecuado de gastos listando los techos para cada entidad y lo clasificó por gastos de funcionamiento, de inversión y de servicio de la deuda pública. Todo esto, sin presentar al Congreso ninguna iniciativa de ley, operándolo todo mediante un acuerdo gubernativo que, según Giammattei, le había instruido al ministro de Finanzas Públicas publicar en la página de Internet de esa entidad.
Mi primera reacción fue de alarma, ya que lo asegurado por Giammattei sería una violación flagrante a lo establecido en la literal b del artículo 171 de la Constitución Política de la República, que norma que es facultad exclusiva del Congreso «b) aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso».
Con esa declaración, el presidente Giammattei demostraba su ignorancia de la Constitución, que estaba mintiendo o su intención deliberada de violar la Carta Magna. Además, desvirtuaba el trabajo de la mesa técnica coordinada por el vicepresidente de la república, Guillermo Castillo, en la que participan centros de pensamiento, los cuales han venido presentando insumos y recomendaciones para la elaboración de una iniciativa de ley que el Ejecutivo presentaría al Congreso.
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Al día siguiente, el ministro de Finanzas Públicas asistió a una citación en el Congreso de la República en la cual desmintió a Giammattei y explicó técnicamente qué es lo que el Gobierno realmente piensa hacer en 2021 para readecuar el presupuesto. El ministro informó que se está trabajando en un acuerdo gubernativo (¡aún no está hecho!) para que, con base en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se reduzcan los techos presupuestarios de los ministerios por un monto de 13.4 millardos de quetzales, los cuales se transferirían a un rubro dentro de las obligaciones del Estado a cargo del tesoro, que permanecerá sin ejecutar. Es decir, el ministro aclaró, contrario a lo dicho por Giammattei, que el techo presupuestario global (autorización legislativa para gastar) continuará siendo de 107.8 millardos, pero el Ejecutivo promete no gastar 13.4 millardos, ya que carece de esos recursos financieros.
Mucho más grave, el ministro no fue capaz de ofrecer explicaciones a los diputados sobre la distribución por entidad que Giammattei detalló. El ministro declaró no haber participado en las reuniones bilaterales que el presidente ha sostenido con los demás ministros, con lo cual evidenció que Giammattei está conduciendo la readecuación presupuestaria con criterios políticos, sin el respaldo técnico del Ministerio de Finanzas Públicas (ente rector de la política fiscal) y haciendo caso omiso de las recomendaciones recibidas en la mesa que coordina el vicepresidente.
El viernes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil publicaron un comunicado en el que demandan que el Gobierno corrija estas falsedades y que se transparente el proceso de readecuación presupuestaria. El presidente Giammattei debe entender que el presupuesto no es un instrumento para propaganda populista y mentirosa y que la demanda de reducirlo es por desconfianza profunda hacia la corrupción en su gestión.
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