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El Secretario General del Ministerio Público, Ángel Pineda. Ministerio Público

Giammattei intentó convencer a la ONU para evaluar bien al país y envió a 26 funcionarios

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Giammattei intentó convencer a la ONU para evaluar bien al país y envió a 26 funcionarios

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Una comitiva de 26 funcionarios viajó a Ginebra, Suiza, para informar qué ha hecho el gobierno para asegurar los derechos de la población en los  ámbitos económico, social y cultural. Quienes expusieron la situación del país fueron ministros, viceministros, técnicos, directores, pero también funcionarios cuestionados por sus acciones en el cargo. Entre ellos Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público.

Durante dos sesiones de casi seis horas, funcionarios del gobierno de Guatemala presentaron un examen sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Este es uno de los ocho pactos sobre derechos humanos que el país ha firmado y que se revisan periódicamente porque «los gobiernos no siempre cumplen sus promesas» y violan los derechos de las personas.

A esta revisión, que se realiza ante un comité formado por expertos reunidos en Ginebra, Suiza, acudieron 26 funcionarios en representación del Ejecutivo y de los poderes judicial y legislativo. Por la Corte de Constitucionalidad participaron las magistradas Dina Ochoa y Leyla Lemus. Por el Ministerio Público el secretario general, Angel Pineda, quien en una de sus dos intervenciones dijo que en Guatemala no hay persecución judicial contra operadores de justicia, a pesar de la celeridad con la que han emprendido casos contra fiscales y exfiscales. El funcionario tiene vedado el paso por Estados Unidos luego de ser incluido en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado de ese país.

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El lunes 3 y el martes 4 de octubre, un comité integrado por expertos independientes analizó el informe que el país rindió en 2019, y realizó preguntas detalladas sobre los reclamos de diferentes organizaciones sociales por vulneración a los derechos de las mujeres, la población LGBTIQ+, los pueblos indígenas, el ataque a organizaciones no gubernamentales y a operadores de justicia. Los funcionarios llevaban un discurso colmado de positivismo y buenos resultados. Los expertos replicaron con consultas que, en varios casos, la misión guatemalteca atendió a medias o no respondió. 

Guatemala a la cola de la inversión social

Cuando Mikel Mancisidor, relator para Guatemala, preguntó qué acciones se han implementado para combatir el abandono escolar, asegurar el acceso a la educación para poblaciones indígenas –las más afectadas por la desigualdad antes y después de la crisis por la COVID19–, y cómo se abordan los planes educativos en salud sexual y reproductiva para aminorar los embarazos juveniles indeseados, no hubo respuestas concretas.

Carmelina Espantzay Serech, viceministra de educación bilingüe, dijo que tenían un programa en departamentos priorizados por desnutrición para atender a la niñez de menos de cinco años para asegurar su incorporación al sistema educativo. En cuanto a la educación sexual, se limitó a citar los temas que se abordan en el aula según el Currículum Nacional Base.

Manuel Fernando González, director de asesoría jurídica del Ministerio de Educación, usó un mensaje que empeoró la presentación del país ante este escenario mundial. Sin hablar de los verdaderos retos que implicó la educación a distancia, dijo que Guatemala era ejemplo latinoamericano por crear el programa Aprendo en Casa, con guías de aprendizaje, y por haber implementado entornos virtuales, incluso con paneles solares en áreas sin energía.

También aseguró que la educación sexual era un «baluarte» del ministerio, y que la estrategia para prevenir agresiones a las y los alumnos era exigir a los profesores un certificado de carencia de denuncias de agresores sexuales, a pesar que este requisito no ha sido impedimento para que varios docentes acusados de violencia sexual mantengan la plaza.

La diplomacia usual de estos espacios tuvo un bemol cuando el relator respondió ante las afirmaciones de los funcionarios. «Está muy bien (lo expresado), pero desde luego no entra al fondo de la cuestión que hemos consultado».

Mancisidor fue claro al señalar que el país difícilmente puede ser un ejemplo para otras naciones.

«Se insiste sobre la idea de la prioridad que el país concede en esta cuestión, pero luego se nos indica que el presupuesto no crece. De 3 a 2.9 % sobre el Producto Interno Bruto, que coloca a Guatemala en la cola de su región y de Latinoamérica y frente a los países líderes, como Costa Rica con un 7.4… o México con un 5 % sobre el PIB».

El presupuesto de educación para este año es de 20.5 millardos, y tuvo una reducción de 106 millones de quetzales. Esta asignación económica es el 2.9 % sobre el Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el informe del país.

«Difícilmente se puede entender que con este dato podamos decir que la comunidad internacional pueda reconocer al país como que está haciendo un gran esfuerzo en educación. Cuesta mucho entenderlo si está a la cola de la inversión regional», puntualizó el relator.

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Una situación similar ocurrió cuando los expertos consultaron sobre el derecho a la salud y la situación de la vacunación por la COVID19. El médico Edwin Montúfar, viceministro de Atención Primaria del Ministerio de Salud presentó resultados que retratan la calamidad del país.

«Por cada dos niños de menos de cinco años hay uno que padece desnutrición», según datos de 2014.  El médico dijo que han trabajado en prevención, que asisten y dan seguimiento del desarrollo a niños hasta los cinco años y que la tasa de mortalidad infantil pasó de 21.4 por cada 10,000 habitantes a 14.9 fallecimientos en 2020, con una proyección de reducir los casos a 11.9.

El viceministro habló de esfuerzos por llevar más y mejor salud a todo el país, pero obvió mencionar que están limitados por un presupuesto de 12 millardos de quetzales y que este año le restaron 710 millones a la asignación original.  

El viceministro explicó que la vacunación por COVID19 ha sido limitada porque las personas no quieren hacerlo. Dijo que de acuerdo a una encuesta realizada con la Organización Panamericana de la Salud, el 100% de la población «uspantaneka», que habita en Uspantán y Chicamán, El Quiché, no tenía intención de vacunarse, y que la misma situación ocurría con el 73% de la población tz’utujil, que habita Sololá y Suchitepéquez.

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Rodrigo Uprimny, vicepresidente del Comité, reconoció que hubo respuestas precisas, «otras no tanto y que varias (preguntas) quedaron sin responder». Pidió que la misión guatemalteca remitiera por escrito y en 48 horas los datos sobre la mortalidad infantil por segmento de población, la judicialización de niños y mujeres, lo mismo que con los casos sobre corrupción «porque no basta con que los casos entren al sistema judicial», el gasto en salud y el recaudo tributario.

Uprimny cuestionó a las autoridades por no apoyar la aprobación de una Ley de Aguas, la no adhesión al tratado de Escazú (un acuerdo sobre acceso a justicia en cuestiones ambientales) y la negativa a votar en relación a los derechos del campesinado, un acuerdo internacional que contempla el acceso a los recursos productivos como tierra, agua y semillas.  

Ante el silencio de las magistradas de la Corte de Constitucionalidad, el experto pidió que explicaran con detalle por qué no permitieron que asumiera el cargo Gloria Porras. Y, ante la diputada Carolina Orellana y los magistrados Vitalina Orellana y Amadeo Pineda, pidió explicación de por qué no han sido electos los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Las preguntas que los expertos realizan durante este examen, tienen como referencia los informes que entregaron 15 organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Usac, el Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación, las Brigadas de Paz Internacional y otras dedicadas a temas ambientales, los derechos de las mujeres, la población LGTBIQ+, y el análisis fiscal.

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Una delegación «muy nutrida»

Los expertos consultaron sobre los derechos laborales, los bajos salarios en las empresas de palma africana, la situación de los salarios diferenciados. Pidieron información de las acciones y planes para reducir la desigualdad, aumentar el potencial económico de las mujeres, facilitar el acceso a justicia y las posibilidades de obtener seguridad social y acceder a elementos básicos como alimentación, agua, vivienda y cultura en un marco de no discriminación.

También pidieron explicaciones sobre el impacto de la ley que regula las oenegés, la situación de la población LGBTIQ+, tomando en cuenta la fallida intención del Congreso por aprobar una ley «contra los trastornos de la identidad de género». El acceso de las mujeres al aborto y la postura del país ante los convenios internacionales.

La vicepresidenta del Congreso, Carolina Orellana, señaló que el país no aprobará legislación contraria a los principios constitucionales que garantizan la vida desde su concepción. Mientras que la magistrada Dina Ochoa dio cifras de casos atendidos para explicar que el sistema de justicia «ha dado respuesta a las mujeres para erradicar la violencia».

[Mira la sesión 1 completa del lunes 3 de octubre]

[Mira la sesión 2 complea del martes 4 de octubre]

La misión guatemalteca estuvo integrada por dos y hasta tres representantes por entidad. El jefe del grupo fue Ramiro Alejandro Contreras Escobar, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), institución creada el 30 de julio de 2020.

La abundancia de funcionarios no pasó por alto para el relator Mancisidor, quien hizo por lo menos tres referencias a la «muy extensa, muy nutrida» delegación guatemalteca.

Una fuente que conoce del sistema de Naciones Unidas, que no puede ser citada porque no está autorizada para dar declaraciones, dijo que a estos exámenes no asisten tantos funcionarios, aunque se valora que participen los representantes de los tres poderes del Estado y que los grupos sean representativos de mujeres y de los diferentes sectores de la población.

La mitad de la misión guatemalteca estuvo integrada por mujeres y dos de ellas son funcionarias indígenas.

El presidente del Comité, Mohamed Abdel-Moneim, dijo que «la declaración, el texto y las respuestas del informe periódico se examinarán en el comité con gran detenimiento». Servirán para elaborar un reporte con observaciones finales, aunque la siguiente vez que el país deba responder sobre el cumplimiento de estos derechos será cuando otro gobierno esté en el poder.

La presentación de Guatemala permitió conocer datos poco divulgados por el gobierno. El viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Ronald Portillo, dijo que, luego de la aprobación del decreto 4-2020 que regula las oenegés, 1757 no han actualizado sus datos. Estas representan el 88% de las inscritas. «Se desconoce si sostienen actividad operativa, ya que los registros previos a la norma no exigían estos reportes», dijo.

Hasta inicios de octubre, 236 organizaciones cumplieron con el proceso de actualización de información y 66 nuevas fueron registradas.

 

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