No todo está mal con el decreto del Congreso de la República 4-2020, Reformas a la ley de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, decreto 2-2003 del Congreso de la República, y al Código Civil, decreto ley número 106 del jefe de gobierno. Las disposiciones que fortalecen los controles están bien y no hay queja al respecto. Bien usados dichos controles, reforzarían las disposiciones existentes y podrían resultar efectivas para distinguir las organizaciones no gubernamentales (ONG) legítimas de las espurias.
Porque es verdad que existen y que siguen proliferando ONG vinculadas a financistas de campañas electorales, a diputados distritales, a gobernadores, a alcaldes y otras expresiones de poder político local, a narcotraficantes y, en general, a toda la diversidad de la mafia guatemalteca, cuyo propósito es ilegal, ya sea para capturar y malversar contratos públicos o para servir a los intereses del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico. Las ONG legítimas apoyan el control de esta plaga.
El problema es que, en el decreto aprobado por el Congreso y sancionado por Giammattei, tampoco todo está bien. Este decreto está plagado de disposiciones abusivas, de corte dictatorial y muy probablemente inconstitucionales, entremezcladas con las normas cuya aprobación pudo haberse aplaudido. Creo que la Corte de Constitucionalidad no tendrá mucha dificultad en decretar la inconstitucionalidad y en expulsar del ordenamiento jurídico las normas siguientes: la restricción de quiénes pueden ser beneficiarios del trabajo de una ONG, en el artículo 3; la obligación de cambiar el nombre de las entidades, en el artículo 6; el acceso irrestricto a la información del Registro de las Personas Jurídicas, en el artículo 10; la publicación irrestricta de información contable, en el artículo 11, y, de gravedad alarmante y escandalosa, la discrecionalidad otorgada al Ministerio de Gobernación para cancelar organizaciones, en los artículos 13, 16, 19, 21 y 23.
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Si Giammattei fuera un presidente fuerte y sabio, sin compromisos con las mafias, se habría tomado el tiempo para realizar un examen jurídico del decreto. Luego de este análisis técnico, habría seguido lo que la ley le ordena: vetarlo y devolverlo al Congreso con un escrito que presentara argumentos pormenorizados sobre los artículos considerados correctos y necesarios (que los tiene), pero advirtiendo los numerosos vicios, por lo menos los que resultan evidentes en los artículos citados. Habría podido advertirle al Congreso que considera incorrecto mezclar normas legítimas con disposiciones abusivas y habría podido declarar que el objetivo es llevar a la justicia a las ONG espurias, pero respetando plenamente a las legítimas. También habría podido demostrar calidad de estadista democrático al entender que en una democracia real y funcional es normal que las ONG legítimas e independientes lo critiquen y al estar preparado para responder a las críticas con inteligencia y argumentos.
Pero no lo hizo. Lo que demostró Giammattei es que, en realidad, es un presidente débil, irascible, alejado del análisis prudente y proclive a la reacción hepática, sometido a los dictados de su bancada y de sus aliados políticos, hoy claramente integrantes de un pacto de corruptos fortalecido. Su conferencia de prensa es ya una vergüenza internacional, en la que Giammattei demostró que es autoritario, que tiene ganas de ser aprendiz de dictador, que le gustaría tratar a las ONG legítimas como lo ha hecho el régimen nicaragüense de Daniel Ortega. Demostró carecer de la inteligencia y la prudencia para distinguir en el decreto las disposiciones correctas de las abusivas. En su presentación se acercó demasiado al vergonzoso nivel de Roxana Baldetti cuando esta atacó a quienes la denunciaron y criticaron.
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