Algunos partidos políticos han denunciado que el 16 de junio se perpetró un fraude electoral, pero no han presentado pruebas que lo demuestren. Pese a que algunos expertos han opinado que no hubo fraude, es conveniente insistir en explicar y entender qué es y qué no es un fraude electoral, así como quién, cómo y cuándo puede establecer qué ha ocurrido y sancionarlo.
Quizá una buena definición de fraude electoral es realizar acciones para alterar los resultados con la intención de favorecer una candidatura, las cuales pueden perpetrarse corrompiendo los sistemas informáticos o las urnas físicas, entre una diversidad enorme de actos delictivos. Subrayo la intención dolosa y delictiva, por lo cual, en mi opinión, errores en el conteo y procesamiento electrónico de los votos pueden ser o no ser parte de un fraude, dependiendo de si hubo o no esa intención dolosa.
Por ello, para declarar con sustento, seriedad y responsabilidad la ocurrencia de un fraude electoral, es indispensable demostrar no solo que ocurrieron anomalías graves, sino que además hubo intención evidente de favorecer una candidatura. Considero que esta necesidad de demostrar las acusaciones de fraude es imperativa e insoslayable, ya que, a la par de denuncias que podríamos interpretar como resultado de preocupaciones muy legítimas y auténticas, tenemos grupos políticos que se quieren aprovechar, incluyendo al presidente Jimmy Morales y al partido oficial, o la proliferación de noticias falsas para exacerbar la desconfianza ya imperante.
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Otro aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta es la magnitud o escala de las anomalías. En términos de la elección guatemalteca, no es lo mismo denunciar un fraude en la elección de una corporación municipal o de una diputación en un distrito particular, generalmente a escala departamental, que en la elección presidencial y vicepresidencial, a escala nacional. Así pues, creo que quienes están haciendo acusaciones de fraude, además de demostrarlo, si quieren ser creíbles y percibidos como responsables, deben especificar en qué elección creen que se produjo: ¿en la presidencial, en las de diputaciones o en las de corporaciones municipales?
Lo que es un hecho es que las denuncias de anomalías son abundantes. Una de las denuncias más graves refiere a errores en el programa y sistema informático contratado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el registro electrónico de los votos. Creo que el TSE confirmó la gravedad del problema al aceptar que a partir de ayer haya arrancado el proceso de cotejar las actas con el registro electrónico luego de la revisión de escrutinios realizada la semana pasada, según lo regulado en el capítulo II (artículos del 109 al 113) del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Dado que es indiscutible que existen las anomalías y que algunas sí son graves, es necesario esperar los resultados de lo procesos de revisión de escrutinios y el cotejo de las actas con el registro electrónico para evaluar la magnitud del problema, la necesidad de cambios o la posibilidad de cuestionar elecciones municipales, de diputaciones o presidenciales. Además, y muy importante, proveerán elementos objetivos para evaluar la posibilidad de un fraude en alguna de esas elecciones. Es decir, se debe poder responder una gran pregunta: estas anomalías, por graves que sean, ¿fueron producto de la incapacidad, negligencia o torpeza de alguien en el TSE o de la intención dolosa y delictiva para perpetrar un fraude electoral?
Independientemente de que se demuestre o no la ocurrencia de un fraude electoral, debe sentarse un precedente sancionando administrativa y quizá penalmente cualquier anomalía grave. Sea error o fraude, debe haber consecuencias.
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