La primera gran lección es para Alejandro Giammattei, quien ojalá haya aprendido a no negociar con mafiosos. Era casi infantil prever que lo grabarían en situaciones comprometedoras, como en efecto ocurrió. Perdió una cuota irrecuperable de legitimidad y credibilidad cuando se lo escuchó en el audio que está circulando ofreciéndole a Salvador Baldizón y a Sofía Hernández, entre otros presentes, que no los «dejaría huérfanos». Con esto demostró de manera reiterada sus vínculos con estamentos de los extintos partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder). Alguien debe recordarle a Giammattei que cuesta muchísimo ganar la confianza ciudadana y la legitimidad, que es muy fácil perderlas y que, una vez perdidas, no se recuperan.
Otra lección es que no aprobar el presupuesto es malo, pero aprobar una propuesta plagada de anomalías y bolsones de corrupción puede ser peor. No haber aprobado el proyecto de presupuesto para 2020 sí traerá problemas. Por un lado, Guatemala perdió dos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, recursos que, bien usados, pudieron haber sido importantísimos para contribuir a que el Gobierno hiciera lo que no ha hecho durante la administración de Jimmy Morales. Otros problemas que Giammattei y su equipo deberán resolver con modificaciones es que habrá que adaptar el presupuesto de 2019 a la realidad de 2020. Por ejemplo, el de 2019 incluye una transferencia para el Tribunal Supremo Electoral para realizar las elecciones generales, que debe suprimirse en 2020.
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Pero estos problemas se veían pequeños comparados con las anomalías del proyecto de presupuesto para 2020. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propuso 24 correcciones a las anomalías detectadas en la propuesta original presentada por el gobierno de Jimmy Morales, y, dado que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso empeoró la propuesta en su dictamen favorable, el Icefi agregó 12 correcciones más: anomalías graves como el hoy tristemente famoso artículo 133 del dictamen de la CFPM, en el que se pretendía regalar 142.5 millones de quetzales a 22 organizaciones no gubernamentales espurias o hacer un recorte de casi 40 % al presupuesto de obra pública; 520 millones de quetzales para contratos sospechosos de proyectos de obra pública en el Ministerio de Desarrollo Social; regalar 560 millones de quetzales a alcaldes y narcoalcaldes en el denominado Proyecto Desarrollo Mancomunidad; recortes millonarios a rubros importantes del gasto social, incluyendo mutilaciones graves a los presupuestos para la lucha contra la desnutrición crónica y la inversión pública en niños y adolescentes... La lista de barbaridades es larga y cansada, un detonante de la indignación y el enojo ciudadano.
Por algo, en la vergonzosa sesión del miércoles 20 de noviembre, algunos de los diputados del Pacto de Corruptos demostraron la podredumbre que afecta a buena parte del Congreso, quienes con notorio prurito y descaro hicieron rondines ofreciendo sobornos para obtener votos favorables a la aprobación del presupuesto espurio. Otra lección es el nivel de agresividad corrupta de este grupo de diputados y diputadas, algunos de ellos reelectos para la IX Legislatura. Y con algunos de ellos es con quienes el nuevo gobierno deberá negociar la readecuación presupuestaria a partir de enero de 2020.
Pero quizá la lección más importante que nos deja este vergonzoso episodio es que los ciudadanos, todas y todos, debemos involucrarnos en temas como el presupuesto, usualmente percibido como ajeno o inaccesible. La auditoría social y la protesta ciudadana con respaldo técnico y propuesta deben imponerse a los juegos mafiosos del Pacto de Corruptos, que, me temo, en vez de desaparecer, podría verse fortalecido a partir de enero.
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