Fiscalía guatemalteca inicia proceso contra militares por matanza campesinos

La fiscal general, Claudia Paz y Paz, dijo en una rueda de prensa que el coronel Juan Chiroy Sal, quien comandaba el contingente de soldados antidisturbios que disparó contra los manifestantes, es considerado "el principal responsable" de la matanza.

El jefe militar fue capturado este jueves junto a los soldados y todos fueron llevados a un tribunal para que rindan su primera declaración por los delitos de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa y lesiones de los que les acusa la Fiscalía.

Paz y Paz explicó que, según la investigaciones preliminares, Chiroy "tenía la misión de prestar apoyo a la Policía, pero no coordinó las acciones y desobedeció la orden que le dio el mando policial de no acercarse al lugar de la manifestación".

El coronel y su tropa, agregó, se acercaron hasta unos 500 metros de donde estaba la mayor concentración de indígenas y campesinos y ordenó a los soldados descender de los camiones militares, pero al comenzar el enfrentamiento abandonó el lugar dejando a la tropa a su suerte.

"Lo más grave y más serio es que él (Chiroy) abandonó el lugar y dejó sin mando a los miembros del ejército", por lo que "es responsable directo del delito de ejecución extrajudicial y de lesiones", señaló.

La fiscal general desligó de cualquier responsabilidad de la matanza a la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes lograron disolver la manifestación sin que se registraran heridos ni muertos, ya que de acuerdo a las investigaciones, al escuchar los disparos los agentes de las Fuerzas Especiales Policiacas que se encontraban cerca llegaron al lugar pero ya no encontraron a los militares.

"La información recabada demuestra que la Policía le dijo al Ejército que no se acercara porque no era conveniente. La Policía estaba a una distancia prudencial de los manifestantes y le hicieron la parada al convoy militar, pero continuó su marcha en contra de la vía", sostuvo la fiscal general.

Según las investigaciones de la Fiscalía, durante los incidentes se registraron 6 muertes y además 34 personas resultaron heridas (13 de bala y el resto con golpes) y una desaparecida.

Dos de las víctimas mortales fueron disparadas por la espalda y las otros cuatro de frente.

Sin embargo, los grupos de campesinos organizados han asegurado que fallecidos fueron ocho, mientras que la Procuraduría de Derechos Humanos habla de siete muertos y un desaparecido.

Los incidentes se registraron cuando miles de pobladores del departamento de Totonicapán protestaban contra el alza a la energía eléctrica y las reformas constitucionales que promueve el presidente de Guatemala, el general retirado Otto Pérez Molina.

El presidente anunció este miércoles que prescindirá del Ejército para disuadir a manifestantes y que esa labor la ejercerá solo la Policía Nacional Civil, que deberá seguir un protocolo que se hará público en una fecha no precisada.

Pérez Molina, un general retirado que ha prometido "mano dura" contra el crimen, reiteró que su Administración acatará los resultados de la investigación judicial en torno a los hechos de Totonicapán.

"Me alegra que la Justicia haya actuado con prontitud", dijo el mandatario a los periodistas en Casa Presidencial, y destacó que el ministro de la Defensa "colaboró en todo" con las autoridades para las investigaciones y capturas derivada de este hecho.

En informes separados presentados este jueves la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coinciden en acusar al Ejército de haber violado el derecho a la vida de los campesinos.

Ambas instancias celebraron la decisión del Gobierno de prescindir de las Fuerzas Armadas para disolver futuras manifestaciones, y le aconsejaron privilegiar el diálogo y atender las demandas de los diferentes grupos sociales del país.

Esta es la primera agresión de militares en contra de campesinos que se registra en Guatemala desde 1996, cuando concluyó la guerra interna de 35 años que padeció este país centroamericano, la cual se saldó con más de 200.000 muertos, la mayoría a manos del Ejército.