Fiscal general: una elección tormentosa

Con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el MP ha atravesado un proceso de fortalecimiento y de mejora de su capacidad institucional que ha tomado años y los esfuerzos de al menos tres administraciones. Pero, además de garantizar la continuidad de las investigaciones por corrupción, que han llevado a juicio a cientos de funcionarios públicos, empresarios y operadores vinculados a estructuras criminales, se deben atender otros espacios de mejora.

El problema es que algunos grupos de poder y algunas redes criminales están incidiendo para que resulte electo un fiscal dócil y plegable a sus demandas.

Una tormenta perfecta

El presidente Jimmy Morales es quien debe designar al futuro fiscal general. Pero su decisión estará manchada por su interés de protegerse de las investigaciones contra su familia y contra él mismo, que estarán a cargo de la persona que nombre como jefe del MP. No olvidemos que Morales cuenta con antejuicios por financiamiento electoral ilícito, por haber recibido sobresueldos ilegales del Ejército y por acusaciones de negligencia en el caso del Hogar Seguro.

El alcalde Álvaro Arzú y otros aliados del oficialismo están interesados en cerrarles espacios al MP y a la Cicig para seguir operando impunemente desde sus posiciones de influencia. Libertad Democrática Renovada (Líder) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en particular, están interesados en reformar y diluir el delito de financiamiento electoral ilícito, por el cual se los investiga. Y en esto coinciden con el sector privado organizado, que habría financiado el ascenso meteórico de Jimmy Morales en la campaña pasada y que históricamente ha obviado dar cuenta de sus aportes y de los favores que ha recibido a cambio.

La clave de la elección está en la lista de seis finalistas que la comisión postuladora debe entregar a Morales. Pero los comisionados no han cumplido efectivamente su papel de filtro. Al principio aprobaron una tabla de gradación que no era acorde al perfil idóneo de fiscal general que ellos mismos diseñaron (un amparo buscaba enmendarles la plana, pero fue desestimado en su momento).

Usando esta misma tabla, calificaron bien a un exmagistrado (Érick Álvarez) que malversó fondos públicos para viajar a Brasil con su secretaria y mal a una exjueza (Claudia Escobar) que denunció las presiones del Partido Patriota en la elección de los magistrados a las cortes. Tampoco se distinguieron matices en los aspectos a evaluar. Por ejemplo, se dio igual peso a los títulos académicos guatemaltecos que a los internacionales y de mayor prestigio.

El fondo del asunto es que no se consideró la honorabilidad parte fundamental del proceso de elección. Y si bien es una categoría difícil de ponderar, es un elemento esencial para el proceso de transformación política en curso. Sin un MP independiente será muy difícil que el país continúe por el rumbo de la justicia y de la verdad. Ojalá el desenlace de esta historia no nos robe la esperanza.