Familiares de migrantes buscan justicia

Para Juan la peor parte es no saber... No saber qué le pasó a su hijo de 26 años, a quien no ve desde agosto de 2010, cuando cruzó México por tierra, intentando llegar hasta Estados Unidos. “Él tenía un buen trabajo, en una fábrica, pero de todos modos quiso irse”, dice. “Tres veces había logrado convencerlo de que no se fuera, antes, pero ahora no pude; no quería que me reclamara que no había logrado hacer algo más para él y su familia, por mi culpa”. Juan se refiere a la esposa y dos hijos, de uno y cuatro años, que su hijo dejó en Guatemala.

La esposa de Juan es parte de las 27 personas, integrantes de 16 familias de migrantes desaparecidos en México, que salieron el 25 de julio desde Tecún Umán, San Marcos, hacia ese país para exigir que acaben los abusos contra los migrantes, y para exigir justicia. Recorrerán los estados mexicanos donde, según el Registro Nacional de Agresiones a Migrantes, los ataques a los migrantes son más frecuentes: Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. La información es recopilada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Casas del Migrante, en México.

La primera parada de la caravana fue a Ciudad Hidalgo, Tapachula, y Arriaga, en Chiapas (los lugares de más peligro en este estado), desde donde salieron hacia Ixtepec, en Oaxaca, un día después. Otro grupo salió el 26 de julio hacia Tenosique, Tabasco (donde más se reportan agresiones en este estado), para llegar el 28 a Tierra Blanca, Coatzacoalcos, y Veracruz, en el estado de Veracruz (los sitios donde los migrantes son más vulnerables).

Este jueves (28 de julio), las organizaciones de derechos humanos que trabajan con las familias de los migrantes desaparecidos, secuestrados o maltratados, entregarán un informe sobre la situación de las víctimas y denunciantes al Relator para Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, de la OEA, en Veracruz, según Flora Reynosa, encargada de la Defensoría del Migrante, en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en Guatemala. Mientras tanto, otro grupo marchará hacia Orizaba, Veracruz, para luego llevar la protesta hasta el Distrito Federal el 1 de agosto.

Doble preocupación

Ahora, a Juan también le preocupa la seguridad de su esposa, que va en la caravana y con quien no tiene cómo comunicarse. Antes de que saliera, le llevó un par de tenis, para que no se cansara tanto durante la caminata. “Quiera que no, uno se queda uno con pena”, admite, pensando en su hijo desaparecido. Las últimas noticias que Juan recibió de su hijo las escuchó de su hija, quien viajaba con él cuando fueron interceptados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

“Ya habían cruzado [a EE.UU.], pero el coyote les había dicho, ‘si los enfoca la luz del helicóptero, no corran, porque no hay nada que hacer’; mi hija se quedó parada, pero mi hijo y otra persona corrieron de regreso para el lado de México”, recuerda Juan, repitiendo el relato de su hija. Lo que más le preocupa es que su desaparición ocurrió en los días en que se hizo el hallazgo de 72 migrantes asesinados en Tamaulipas, México.

Unas semanas después, recibieron la llamada. Era el cobro del rescate, de US$500 (unos Q4 mil) exigido por el mismo coyote que los llevó. “Él nos dijo que eso pedían, si no lo mandábamos, que nos atuviéramos”, recuerda Juan, quien trabaja como albañil. “Yo pensé que por gusto era, pero reunimos el dinero como pudimos y lo mandamos, y no volvimos a saber nada más”.

La Defensoría del Migrante no tiene un registro del número de casos de migrantes secuestrados, en los que a los familiares de las víctimas les han exigido un rescate. Reynosa explicó que en un caso, una familia pagó hasta Q16 mil, que prestó a un banco y todavía debe. Los secuestradores exigen que el dinero de rescate sea enviado en servicios de remesas hacia México. En otras ocasiones, los criminales tienen contactos en Guatemala y cobran el dinero en persona, según la funcionaria de la Defensoría. “También le exigen dinero a los familiares de los migrantes en Estados Unidos”, agregó.

Pocas esperanzas

Juan ofreció una muestra de ADN, pero hasta el momento, su hijo no ha sido identificado entre los migrantes guatemaltecos encontrados muertos en México. Entre enero y el 31 de mayo de 2011, la Defensoría del Migrante ha recibido denuncias de 50 migrantes desaparecidos entre México y Estados Unidos (8 mujeres y 42 hombres, incluidos cinco menores de edad), aunque la Cancillería—que también recibe denuncias—registraba 57 casos en abril pasado. Una de las mujeres desaparecidas viajó para trabajar y reunir dinero para pagar una operación de su hija, una niña que padece cáncer cerebral, de acuerdo con Reynosa. Suman 22 el total de familias afectadas. Sólo una reside en la capital. El resto está asentado en Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Izabal y Jalapa.

Entre las víctimas, figuran migrantes que desaparecieron hace dos, tres y hasta hace cuatro años. “Hay personas que viajaron a México en 2010”, afirma Reynosa. Algunos llamaron por última vez a sus familias desde Oaxaca, o cerca del Río Bravo, que pudo ser desde Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Uno de estos casos es el hijo de Juan.

Cinco personas fueron encontradas fallecidas (o asesinadas): tres en EE.UU., y dos en México, según la PDH, aunque la Cancillería guatemalteca reporta que sólo entre las primeras 72 víctimas halladas en Tamaulipas se identificó a cinco guatemaltecos. Entre ellos están Feliciano Tagual Ovalle, de 44 años, quien era albañil y padre de 5 hijas, y Nancy Pineda.

Entre las personas reportadas como desaparecidas, cinco aparecieron al ser deportadas y dos regresaron a Guatemala voluntariamente. Otra llamó a su familia para contarle que estaba trabajando en Nuevo Laredo, México. Entre los cinco menores de edad reportados como desaparecidos, se logró ubicar a una niña de 12 años y un adolescente de 16  que están detenidos, esperando deportación. Otro de 16 y dos de 17 figuran entre los desaparecidos.

Responsables con rostro

Después de la masacre de 72 migrantes, los Zetas (ex brazo armado del mexicano Cartel del Golfo de narcotráfico) fueron identificados como los autores de las muertes. El testimonio de un migrante sobreviviente, así como de víctimas de otros hechos que fueron rescatadas, da cuenta de ello.

Un mes después de la masacre, septiembre de 2010, la policía mexicana capturó a siete presuntos responsables y miembros de los Zetas. En junio pasado, la policía mexicana detuvo a Edgar Huerta Montiel, alias El Wache, de 22 años, identificado como miembro del grupo Zeta que secuestró y mató a los 72 migrantes. Montiel admitió haber ordenado el asesinato de diez personas más, y el secuestro de “seis autobuses de pasajeros que arribaron a San Fernando [Tamaulipas], para trasladarlos a casas de seguridad donde eran torturados para obtener información y verificar si pertenecían al Cartel del Golfo”, según un comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública de México.

Por aparte, también en junio pasado, la policía capturó a Abraham Barrios Caporal, quien admitió su participación en la masacre bajo las órdenes de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “La Ardilla”.  El Gobierno Federal de México ha ofrecido una recompensa de US$1.2 millones por información que conduzca a la captura de Martínez. Otros cuatro salvadoreños también fueron capturados en El Salvador en conexión con estos hechos.

Complicidad y obstrucción de autoridades

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha reportado que la Procuraduría General de la República (PGR), de ese país, ha incurrido en irregularidades en el curso de la investigación de casos de abusos contra migrantes. Por ejemplo, en un informe cita que “existen casos de migrantes, a quienes se les inventan delitos o se les rechazan pruebas a su favor” y “casos de secuestrados, a quienes se pone en peligro por filtrar información reservada y datos personales”. Además, registra algunos casos en los que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha intentado que los migrantes se incriminen para facilitar su deportación. La CNDH cita el caso de una madre hondureña y sus cinco hijos, a quienes el INM intentó obligar a que negaran su parentesco con ella para acusarla como traficante de indocumentados. Se intentó consultar a la PGR sobre el involucramiento de autoridades en estos casos, pero sólo reporta la captura de policías municipales.

Los migrantes sobrevivientes también hacen otros señalamientos graves: la complicidad de autoridades mexicanas de “Migración”, al entregarlos en las manos de los mismos Zetas. Así lo revela el relato de una migrante hondureña, colgado en un portal que anuncia la marcha de protesta, que el 25 de julio partió hacia México.

“Se paró el autobús, se subieron unos de Migración, y nos bajaron a todos”, la voz de la migrante hondureña se quiebra mientras habla. “Ya después, que a nosotros nos bajaron, yo dije en mi mente ‘no, si mejor nos vamos para Honduras otra vez’, pero ellos llamaron a una gente, y eran los Zetas”. Este relato, en video, aparece en el portal Sistema Integral de Información en Derechos Humanos (SINDH), que anuncia la marcha.

La mujer hondureña es una de las víctimas que logró sobrevivir. Los relatos son numerosos, aunque el registro que la CNDH tiene de los casos abusos de autoridad, durante “detención asegurada”, representaba el 1.3 por ciento de los casos en 2009, el dato más reciente que tienen las Casas del Migrante en Guatemala. Los casos de secuestro eran el 26 por ciento, y los de robo, el 56 por ciento. Los casos de agresión sexual se contabilizan en 0.4 por ciento, lo cual se considera un sub registro. El  sacerdote Ademar Barilli, administrador de la Casa del Migrante en Tecún Umán, San Marcos, asegura que las violaciones sexuales de migrantes hombres, mujeres, y menores de edad, son frecuentes en México. Muchos de estos casos también acabaron en asesinato. La prensa mexicana reporta que entre mediados de abril y mediados de junio, 193 cadáveres han sido encontrados en 47 fosas en Tamaulipas.

Juan todavía no sabe cuál de estos desenlaces tuvo su hijo. Durante una entrevista con BBC TV, una periodista le preguntó a Juan qué creía que había sucedido. Juan no respondió. Movió su cabeza de lado a lado. Hizo una pausa de largos segundos, y dijo, “uno se imagina lo peor”. Miró hacia el suelo, y continuó. “Una persona decía que si su familiar estaba muerto, prefería no saberlo, pero yo digo que aunque sea así, sabríamos dónde está y podríamos enterrarlo”.