Extranjeros indeseables

En Guatemala, la fórmula encontrada por el Ministro López Bonilla corresponde a la siguiente ecuación: extranjeros + derechos humanos + demandas en el Sistema Interamericano = extorsión, como las maras.

Puestas las cosas de esta manera y dichas frente a un público de cámaras empresariales, seguramente el Ministro habrá cosechado algunos aplausos.

Parece estar de más hablar acerca de los estándares y compromisos sobre derechos humanos que el gobierno de Guatemala está obligado a respetar, al igual que parece salir sobrando cualquier mención a lo inadecuado que resulta que un funcionario público de esta categoría muestre este desprecio hacia el Sistema Interamericano. Sin embargo, un vistazo a las redes sociales permite apreciar que el efecto de estas palabras en el común de los ciudadanos, cuyas reacciones reflejan la impotencia de tener que afrontar día a día una situación de seguridad pública en la cual las extorsiones y los homicidios, experimentan un importante ascenso, tal como lo admitió ayer el ministro López Bonilla.

Cuando un sistema no funciona como es debido, la solución más fácil que puede encontrar un político es identificar un culpable. Algo de esto sucede aquí. Combatir al crimen común y organizado, dentro de un marco de respeto a las garantías fundamentales, es responsabilidad del Estado, y de sus funcionarios. Los éxitos que este gobierno puede mostrar en cuanto a la desarticulación de redes criminales, o las capturas de fugitivos de la ley en casos paradigmáticos, corresponden más a la investigación del Ministerio Público de Claudia Paz, que a la actuación de un modelo de fuerzas tarea con la participación de contingentes militares, cuyos logros y costos resultan discutibles.

La visión de extranjeros deseables e indeseables siempre presentará algunas dificultades prácticas. Siguiendo la lógica del Ministro, un activista de derechos humanos de origen nórdico, que participa en una manifestación, debería resultar igual de indeseable que aquellos empresarios de origen asiático, que beneficiados por la ley de maquilas, establecieron operaciones comerciales que violan los derechos laborales. Uno de los puntos de mayor dificultad en la controversia entre Guatemala y Estados Unidos en el DR CAFTA , se originó en casos de esa naturaleza.

Finalmente, el Ministro de Gobernación de Guatemala podría haber pronunciado estas mismas palabras a nombre de los gobiernos de Venezuela, Ecuador o Bolivia, aparentemente tan lejos en el espectro político, pero tan cerca en sus formas de entender a los derechos humanos y el ejercicio del poder.