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Extintores con candado en los hogares "seguros"
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Extintores con candado en los hogares "seguros"

“Las víctimas del Hogar Seguro fueron entregadas directamente sin ninguna investigación, o pasaron a otros albergues del Estado donde estuvieron hacinadas, mal alimentadas, con condiciones no adecuadas de higiene…”, Carolina Escobar
“A un año de la tragedia, seguimos sin saber cuántos niños había ahí. Nadie sabe cuántos escaparon, cuántos regresaron” Miguel Ángel López
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A un año del incendio en el Hogar Seguro, en el que 41 adolescentes murieron y 15 quedaron con secuelas físicas y psicológicas, el sistema de protección de niñez y adolescencia continúa con importantes problemas de fondo. Sobre la mesa hay una política institucional que podría aliviar la situación, pero la SBS se mantiene reticente a firmarla.

Si hoy sucediera un incendio como el que terminó con la vida de 41 adolescentes el 8 de marzo de 2017, varios albergues estatales no podrían apagarlo con rapidez. Algunos, por no tener extintores. Otros, por mantenerlos resguardados entre barrotes, con candados, por miedo a hurtos o a que se usen con otros fines.

Las salidas de emergencia no están señalizadas, las cocinas de gas no funcionan, y el Estado sigue encerrando a las niñas, niños y adolescentes vulnerados en hogares de protección rodeados de muros con alambre de espino, con una visión de represión y no de cuidados.

A un año de la tragedia, el sistema de protección de niñez y adolescencia en Guatemala apenas ha tenido avances de fondo. La sobrepoblación continúa, el personal no está capacitado y no hay un registro que ayude a dar seguimiento a los jóvenes resguardados por el Estado.

Sin continuidad, sin política

Inmediatamente después de la tragedia del 8 de marzo de 2017, instituciones de gobierno —Secretaría de Bienestar Social (SBS), Procuraduría General de la Nación (PGN), Organismo Judicial (OJ), Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH)— se reunieron con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), la Conferencia Nacional de Religiosos de Guatemala (Confregua) y la organización Catholic Relief Services (CRS)  y trabajaron para implementar el Plan Nacional de Respuesta del Estado a la crisis generada por el incendio. Era una estrategia de respuesta inmediata, que buscaba poner remedio a las causas de la inestabilidad a través de cinco ejes: la reunificación familiar, la creación de cuatro centros de 72 horas, la apertura de 12 centros de acogimiento residencial, la activación del programa de acogimiento familiar y la atención psicosocial.

En noviembre de 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) presentó un informe en el que analizó los avances del plan. Una de las trabas que identificaron para llevarlo a cabo fueron los múltiples cambios en la dirección de la SBS. “Sin duda, el cambio constante de autoridades afectó la fluidez de la comunicación y acciones”, remarca el informe.

Un día después de la captura de Carlos Rodas y Anahy Keller —entonces secretario y subsecretaria de la SBS—, y seis días después del incendio en el Hogar Seguro, Cándida Estela Rabanales de Granados asumió como secretaria. Rabanales duró menos de cinco meses en el cargo. Heinz Heimann, vocero presidencial, justificó entonces su salida alegando que “no se pueden dejar cabos sueltos o falsas intenciones en una secretaría tan delicada”.

Heidi Nineth Estrada Arreaga fue nombrada en lugar de Rabanales. Apenas un mes después de asumir como secretaria, se conoció un nuevo nombramiento. Ana Patricia Contreras Mejía tomó el relevo en la SBS el 4 de septiembre pasado.

En La Alianza, una asociación dedicada a la protección y la garantía de los derechos humanos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata, en riesgo social y embarazadas, Carolina Escobar Sarti, su directora, hace un análisis de la situación. “¿Cuántas secretarias de Bienestar Social hemos tenido? —se pregunta. Seis, en dos años de gobierno, es la respuesta—. Eso habla de la falta de un seguimiento de políticas de niñez, de programas. No hay nada institucionalizado”.

En una visita a Guatemala realizada en agosto del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remarcó que “el sistema actual de protección especial de la niñez ha fallado. Sería necesario redireccionar las políticas de respuesta a la niñez y establecer una política pública nacional enfocada en garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes”.

La Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia elaboró ya esta Política Pública de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y se la entregó al presidente Jimmy Morales en febrero de este año. El 80% de la financiación para su creación —Q125 mil— salió de organizaciones de sociedad civil. El gobierno aportó a su personal técnico. Según pudo conocer Plaza Pública, Morales tiene la intención de aprobarla y presentarla el mismo 8 de marzo.

Esta política beneficiaría al total de la niñez y adolescencia guatemalteca. Sin embargo, varios actores vinculados al tema coinciden en la necesidad de implementar, además, una segunda política institucional más precisa, dedicada a mejorar la organización de la SBS Esto, exponen, ayudaría a resolver el problema de la continuidad de los programas en la Secretaría.

Carlos Octavio Enríquez Mena, director del CNA respalda esta idea. El Consejo Nacional de Adopciones es una de las instituciones clave en protección de niñez y adolescencia. Fue creado en 2007 y entre sus funciones están la autorización, supervisión y sanción de hogares privados y la garantía de la protección de los menores en proceso de adopción.

El año pasado, cuando se incorporó a la SBS, Cándida Rabanales se propuso conseguir fondos internacionales para crear esta política de protección institucional, que una vez implementada buscaría la certificación de Protección Infantil Organizacional (Child Safeguarding) de la organización internacional Keeping Children Safe, un conjunto de ONG para la protección de niños, niñas y adolescentes.

Así, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) otorgó €100 mil —Q900 mil, aproximadamente— a la ONG Save the Children para elaborar el documento durante los siguientes seis meses. La organización redactó la política con la participación de 30 trabajadores de la Dirección Especial de Protección Residencial (DEPR), una rama de la SBS encargada de supervisar planes y programas técnicos y administrativos en los diferentes servicios de protección especial. 

“La propuesta que hacemos —cuenta Roberto Cabrera, subdirector de programas e incidencia de Save the Children— es fortalecer las capacidades del personal de la Secretaría en atención psicológica individual; equipar los hogares con espacios amigables donde trabajar la parte psicosocial; y elaborar protocolos para que toda la parte de protección se cumpla”.

El 14 de noviembre se entregó la política a Contreras, la nueva secretaria,  y en diciembre, la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conacmi) decidió darle continuidad para implementarla con fondos —Q200 mil— de la ONG alemana Kinder Not Hilfe.

La estrategia fue crear un plan piloto que la SBS pudiera ejecutar consecutivamente en otros programas. Miguel Ángel López, director de Conacmi, asegura que con esta política institucional se podría lograr cierta continuidad en la protección de la niñez y adolescencia. “Independientemente del funcionario que esté, se tiene que respetar. Eso permite consolidar las acciones estratégicas”. López define la política como un documento que debe ir modificándose, y que tendría que revisarse cada seis meses en función de las necesidades.

El primer punto del documento plantea el análisis y la mitigación de riesgos dentro de los hogares. “Es fundamental que los niños participen para identificar esos espacios de riesgo, del ambiente en el que viven y del personal que está a cargo de su cuidado y protección. A partir de ahí, identificar medidas de prevención”, comenta.

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Este análisis podría ayudar a identificar con rapidez el riesgo de que los menores sufran maltrato físico, abuso sexual, explotación sexual, bullying, abuso de poder… e implementaría una estrategia de mitigación que confronte estos problemas.

Sin cambios ni capacitación de personal

Uno de los elementos que se cuestionó después del incendio del 8 de marzo fue la pobre capacitación del personal a cargo de cuidar a las niñas, niños y adolescentes que estaban en protección en el Hogar Seguro. La falta de empatía con unas jóvenes que habían pasado la tarde y noche a la intemperie y los nueve minutos que tardaron en abrir la puerta del aula incendiada, en la que 56 adolescentes suplicaban por salir, fue tachada de tortura por organizaciones y abogados.

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Varias instituciones recomendaron entonces a la SBS que realizara una revisión de los perfiles y que capacitara a los trabajadores, para evitar más abusos y agresiones del personal.

Entre el 15 de enero y el 2 de febrero de este año, el Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió sus observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Guatemala. En el documento, el Comité se muestra “seriamente preocupado” por “las condiciones de vida deplorables, los malos tratos y los informes de desapariciones, trata, violencia y abuso en centros de atención pública” y “el traslado de sobrevivientes a otras instituciones de cuidado donde continúan estando expuestas a riesgos de violencia, incluidos el castigo corporal, el abuso y condiciones de hacinamiento”.

Marwin Bautista, coordinador del área psicosocial de la Procuraduría de la niñez y adolescencia de la PGN, expone que la institución recomendó a la SBS que realizara varios cambios en este sentido.

Aparentemente, estos cambios no se dieron. Carlos Enríquez, del CNA, asegura que “(los albergues) siguen teniendo los mismos profesionales y el mismo personal de cuidado inmediato, y eso lo atribuyen a la existencia de un sindicato y de varios juicios laborales que no les permiten hacer estas modificaciones”.

“Como hay contratos 029 de los que no se pueden desprender, esto implica que no puedan sacar a personas inadecuadas al recurso humano que cuidaba a estos niños, niñas y adolescentes”, completa Escobar Sarti. “No digo que sean todos. Pero muchísimos no son personal adecuado. Creen que cualquier ser humano puede cuidar a un niño y no que es un tema de preparación, de formación”. 

Según una fuente que prefiere no ser citada, la SBS recibió órdenes de jueces de modificar perfiles de trabajadores y contratar a personas idóneas. Algunas no han sido acatadas. Óscar Rodríguez es el defensor de la niñez y adolescencia de la PDH. Explica que 130 trabajadores de la SBS fueron señalados de agresiones y malos tratos. La secretaría les informó que fueron apartados inmediatamente. Sin embargo, la Oficina del Procurador de Derechos Humanos continúa constatando estos datos, ya que en anteriores ocasiones comprobaron que personal denunciado que según la SBS había sido removido, continuaba en centros de detención de la institución.

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Carlos Carrera Cordón, representante de Unicef, considera que más allá de la capacitación, la solución de fondo es mejorar la definición “de estos perfiles y las condiciones mínimas de capacidad de las personas que prestan servicios, porque son problemáticas muy diferenciadas que requieren atención especializada”.

En sus observaciones, el Comité de los Derechos del Niño insta al Estado a adoptar una estrategia integral para poner fin a los abusos, que supervise sistemáticamete la situación en los hogares y priorice investigaciones de todos los casos de violencia.

De hecho, la política de protección infantil organizacional realizada por Save The Children, cuenta con una lista de chequeo que el personal de Recursos Humanos debe seguir para la contratación y selección del personal, una ruta de denuncia y un mecanismo de manejo de denuncias en el que se incluye un exhaustivo protocolo de investigación. “Se trata de cómo vamos a darle respuesta a cada uno de los casos. Si alguno de los niños o las niñas no se siente en un ambiente protegido, queremos que puedan evidenciarlo y que haya una respuesta”, explica López, de Conacmi.

En el documento se remarca que cuando se publique y anuncie una oferta de trabajo, la institución debe incluir que el puesto está bajo una política de protección infantil organizacional y que los postulantes serán sometidos a investigación.

El protocolo de investigación incluye los siguientes pasos: el registro del incidente; la valoración inicial a cargo del punto focal administrativo;  la valoración integral por una comisión específica conformada por dos coordinadores de programas, operaciones o personal —que no deben ser jefes inmediatos del denunciado ni pertenecer a su área de trabajo—; la investigación por parte de dos investigadores y dos observadores; el informe final; la implementación de un plan de acción; y el monitoreo y seguimiento.   

Claudia Maselli, procuradora adjunta de la PDH remarca la necesidad de que estas acciones queden bien especificadas en una política. “Deben quedar claro los protocolos de atención y cuáles son las rutas de denuncia. Si ocurre una vulneración de derechos debería haber una institucionalidad que esté observando”.

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Sin embargo, por ahora, la política está en el aire. La SBS todavía no la ha aprobado para su implementación. “Nos hemos reunido con ellos, han manifestado su voluntad, su respaldo a este trabajo, pero lamentablemente no se ha concretado. Todo lo que hemos escrito se quedaría en buenas intenciones”, admite López.

Cabrera, de Save The Children, remarca que para implementar la política habría que hacer cambios de fondo en la SBS, y de ahí puede venir la demora para aprobarla. “Para ejecutarla, van a tener que implementar perfiles de reclutamiento, procesos administrativos… ¿Cómo se aseguran que la denuncia no va a llevar un proceso de represión?”.

La falta de ejecución de la SBS, expone Cabrera, es otra muestra de la debilidad de la institución. En 2017, “un año de crisis”, la ejecución de programas fue del 40.8%. El programa de protección y acogimiento residencial a niñez y adolescencia, por ejemplo, tenía Q49 millones asignados y únicamente se ejecutaron Q5.1 millones.

En dos ocasiones, se intentó conseguir una entrevista con la Secretaría de Bienestar Social para hablar de la política y de la situación del sistema de protección. La primera, en octubre, en la que el personal de comunicación solicitó que se enviara un correo electrónico con las preguntas. A pesar de que únicamente se plantearon dos interrogantes, los meses pasaron sin obtenerse respuesta.

La segunda, en febrero. Después de dos semanas solicitando diariamente un espacio con la secretaria, la dirección de comunicación de la SBS negó la entrevista a Plaza Pública, alegando su apretada agenda. Se indicó que la funcionaria brindaría una conferencia de prensa entre la última semana de febrero y la primera de marzo. Al cierre de esta publicación, la fecha de esta no se había confirmado.

La sobrepoblación

Cuando sucedió la tragedia del Hogar Seguro, uno de los cuestionamientos más repetidos en sus siete años de vida volvió a ponerse sobre la mesa: el hacinamiento en sus instalaciones. El macro albergue no solo excedía las directrices internacionales de cuidado alternativo. También alojaba, al 8 de marzo de 2017, 100 personas más de la capacidad establecida: un aproximado —el dato real nunca se logró concretar— de 600 niñas, niños y adolescentes.

Después del cierre del hogar, algunos de los menores —248, al 8 de noviembre— fueron reintegrados a sus familias. Según el informe de Unicef, 244 todavía permanecían entonces en hogares públicos y privados. Óscar Rodríguez, defensor de la PDH, explica que a la fecha pudieron supervisar todos estos albergues —12 públicos y 28 privados—. La evaluación no es positiva.

“Identificamos que hay ciertas medidas que no han sido observadas por parte del Estado. Los hogares públicos están en la línea de rebalse actualmente”.

El cierre del Hogar Seguro supuso un alivio para organizaciones que llevaban años solicitando su clausura. Pero abrió otros interrogantes. Hasta ese momento, el albergue era la opción segura de los jueces que optaban por institucionalizar a menores. Ante la negativa de hogares privados a aceptar más jóvenes de los que podían albergar, el Hogar Seguro no podía oponerse a una orden judicial. Había que buscar alternativas.

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Los niños que siguen llegando después de la tragedia empiezan a ser direccionados a hogares privados, que abren las puertas ante la necesidad”, cuenta Enríquez, del CNA. “Esto fue sostenible en los primeros meses, pero llega un punto en que volvimos a estar en los mismos números de acogimiento, solo que ahora asumido por hogares privados. Eso siempre es preocupante, porque la masificación no permite la atención de calidad individualizada”.

A finales de 2017, las organizaciones se echaban las manos a la cabeza. “Nos damos cuenta de que la atención de la niñez que se había repartido en distintos lugares seguía siendo inadecuada y que tenía una serie de violaciones a sus derechos”, lamenta Escobar Sarti. “(Las víctimas) del Hogar Seguro fueron entregadas directamente sin ninguna investigación o pasaron a otros albergues del Estado donde estuvieron hacinadas, mal alimentadas, con condiciones no adecuadas de higiene…”.

Esta sobrepoblación afectó sobre todo a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que necesitan una atención mucho más personalizada. En este sentido, la representación en Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que ha dado un exhaustivo seguimiento a las acciones llevadas a cabo a partir del incendio en el Hogar Seguro, remarca la necesidad de poner atención a la población con discapacidad.

"Guatemala es parte de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad —expone Liliana Valiña, representante de OACNUDH—. En el Hogar (Seguro) había adultos con discapacidad aislados, cuando la Convención dice totalmente lo contrario. Habla de inclusión, y esa segregación es algo extraño, incompatible"

Durante este año, OACNUDH ha acompañado a las sobrevivientes y a las familias de las adolescentes fallecidas, les han dado apoyo psicológico y legal, y también han sido observadores del caso legal. Ahora preparan un informe con algunas de las reflexiones que han ido sacando de este proceso.

Menos institucionalización, menos control. 

Ante la sobrepoblación en hogares públicos y privados, los jueces reiteraron una solicitud histórica: que las instituciones logren una alternativa al acogimiento residencial. Se dio entonces un nuevo momento de inflexión dentro del sistema. La acción inmediata fue la reducción de la institucionalización.

En la PGN se enorgullecen de haber implementado un nuevo sistema de gestión. Consiste en incorporar a las delegaciones de la procuraduría un equipo multidisciplinario formado por cinco perfiles: abogado, trabajador social, psicólogo, investigador y auxiliar jurídico. El equipo analiza si existe vulneración de derechos y si es competencia o no de la PGN —que únicamente entra en juego si el menor necesita un representante legal, cuenta Marwin Bautista—. El plan es que estos trabajadores identifiquen alternativas administrativas antes de presentar el caso en un juzgado.

“Lo que hace el equipo es visitar el domicilio y realizar un proceso de investigación como tal: fuentes colaterales, evaluación del estado emocional del niño por medio de la psicóloga, estudio socioeconómico por parte de la trabajadora social.... En ese momento se puede determinar si se puede restituir el derecho de forma inmediata y se le da una alternativa administrativa. Se deja un plan de protección, para que se le pueda dar un seguimiento durante tres meses y se deriva a la SBS para su cumplimiento”, resume Bautista.

Actualmente se ha implementado en Petén, Alta Verapaz, Zacapa, Jutiapa, Escuintla, Chimaltenango, Quetzaltenango, Retalhuleu y en la sede metropolitana. En estos lugares, expone Bautista, la institucionalización se ha reducido de un 75% a un 8%. “Es uno de los cambios más drásticos”, celebra.

Pero la reducción tiene matices. “Es lamentable, porque se fueron de extremo a extremo y eso no nos sirve”, opina Carolina Escobar Sarti. “Están obligando a las familias a dar una respuesta mejor, pero las condiciones de miseria y abandono en las que viven, continúan. Yo no digo que no soñemos con la no institucionalización. Ojalá eso pase porque será un buen indicador, pero si las mandamos de regreso al lugar donde se cometió el delito, no estamos haciendo nada”.

Una consecuencia: según el informe de Unicef publicado en noviembre, de las 248 niñas, niños y adolescentes enviados con un recurso familiar, 25 habían retornado a centros de protección privada. Además, el documento expone que tres adolescentes entregados a sus familias fallecieron en hechos violentos en esos ocho meses. Dos meses después del incendio, una de las sobrevivientes que había sido reintegrada con su familia fue asesinada en Villa Nueva.

El Comité de los Derechos del Niño también solicitó en febrero que el Estado de Guatemala adopte medidas para dar seguimiento a la situación y proteger a los menores transferidos del Hogar Seguro a otras instituciones, así como los que están en proceso de reunificación familiar.

“Esos menores que están en riesgo o han sufrido abuso requieren de un acompañamiento. No significa que simplemente con asumir que están en un contexto familiar, están bien”, añade Carrera, de Unicef. Enríquez, del CNA, argumenta en la misma línea. “Es positivo disminuir la judicialización de casos y la institucionalización, pero sólo en tanto que los niños tengan una respuesta en servicios”.

"Pasó lo que pasó, y además de hacer las investigaciones respectivas, hay unas responsabilidades con las víctimas y con sus familias —remarca en esta línea Liliana Valiña, de OACNUDH—. El Estado debe buscar la forma de que puedan tener un plan de vida y pueda lograrse una reparación, rehacer su vida. Ahí vemos un gran vacío todavía".

"Además, está la situación estructural, de cómo abordar el tema de la institucionalización. Como evitar que la pobreza sea una de las causas principales de la institucionalización. Ahí es donde hay que apostar, a reforzar las familias para que puedan cuidar de sus hijos" dice Valiña.

Las familias sustitutas, un programa que comenzó a funcionar en la SBS en 2006, es una solución en la que coinciden las instituciones. Su objetivo es que familias acreditadas por la Secretaría acojan a una niña, niño o adolescente para su cuidado y protección temporal. Según la página web de la SBS, 30 familias —no se especifica a qué fecha— están acreditadas para ser familias sustitutas y 17 cuentan con una o un menor integrado. “Es un programa que sobre el papel existe —cuenta Carrera—. Está demostrado que es muy eficaz, pero tiene una cobertura y un alcance muy pequeño”.

Otro problema que remarcan las instituciones es el abandono de los adolescentes que cumplen 18 años. El informe de Unicef señala que en noviembre, 39 adolescentes que estaban en el Hogar Seguro egresaron por mayoría de edad: “Salen del sistema de protección sin ningún apoyo o seguimiento para su reinserción social y vida independiente”.

Óscar Rodríguez, defensor de la niñez y adolescencia, y Claudia Maselli, procuradora adjunta de PDH lo comparten. “Cuando un adolescente cumple 18 años, el Estado prácticamente lo lanza a la calle. No hay ninguna institución que se dedique a velar por ellos. El plan de vida no se está cumpliendo. No se les están dando los insumos necesarios para integrarse a la sociedad”, explica Rodríguez. No se da capacitación al trabajo —completa Maselli—. Esto sucede tanto en niños institucionalizados como en cualquier entorno de nuestra sociedad”.

Las organizaciones también coinciden en la falta de conciencia y empatía de la sociedad, que es parte del problema. Cabrera, de Save The Children, cuenta que después de la tragedia, acompañaron a la SBS a buscar establecimientos para alojar a los menores. “Nadie quería poner en renta un lugar para esta población. En la zona 15 y en San Cristóbal, los vecinos pidieron que los niños se fueran”.

No estás registrado, no existes.

“Una vez ocurrida la tragedia no había quién pudiera determinar el registro de todas las personas que se encontraban en el hogar, y esa falencia todavía está”, lamenta la procuradora adjunta.

“A un año de la tragedia, seguimos sin saber cuántos niños había ahí. Nadie sabe cuántos escaparon, cuántos regresaron”, comparte Miguel Ángel López, de Conacmi. Esta preocupación está muy relacionada con las trabas que tiene el Estado para dar un seguimiento adecuado a los menores que se reintegran a sus familias, que cumplen la mayoría de edad o que abandonan procesos. 

Esto se vio reflejado en enero de este año, cuando una de las sobrevivientes del incendio desapareció. La adolescente fue localizada un mes después, el 28 de febrero y fue resguardada en un albergue de protección.

En su informe, Unicef expone que “una de las complicaciones para el seguimiento de los casos ha sido la ubicación geográfica de los niños, niñas y adolescentes, ya que las instituciones de Gobierno no cuentan con servicios especializados a nivel departamental, municipal o comunitario”. El Comité de los Derechos del Niño recomienda que se cree un registro “desglosado por sexo, edad, origen étnico y tipo de discapacidad con la intención de mejorar la reintegración social”.

El problema es que no existe un registro unificado de todas las instituciones. Cada una de las muchas entidades públicas dedicadas a protección de niñez y adolescencia tienen su propio sistema.

“Aunque hay mandatos de las organizaciones de las diferentes instancias, de que tienen que tenerlo (un sistema de información) —explica Carrera, de Unicef—, no ha habido un plan escrito para hacerlo”. Enríquez del CNA añade que colectivamente piden a los hogares los listados de los niños presentes, los que egresaron y los que ingresaron, para poder mantener un control. “No tenemos toda la fuerza coercitiva que quisiéramos y los hogares tienen muy pocos recursos para poder dedicarlos a esta digitación de información. Tenemos una información aproximada, pero no logramos tener una certeza total”.

“Lo que se busca en algún momento determinado es hacer un sistema en donde estén integradas las instituciones y se pueda contabilizar cuántos niños ingresan —completa Bautista, de PGN—. Cada quien desde su competencia va viendo su data para poder hacer una comparación entre las mismas”.

Una iniciativa engavetada

El 15 de mayo de 2017, dos meses después del incendio, varios diputados presentaron una iniciativa de ley para crear la Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Son 218 artículos que cuentan con dictamen favorable de la Comisión del Menor y de la Familia y de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

La iniciativa propone la creación de varias entidades, pero el punto que suscita más interés es el establecimiento del Instituto de Protección Especial. Este sería el ente encargado de ejecutar las políticas, planes y programas. También representaría legalmente a los menores —función que hasta ahora lleva a cabo la PGN— y además asumirá las obligaciones del Consejo Nacional de Adopciones.

Las organizaciones que trabajan temas de niñez acogieron con buenos ojos la presentación de esta iniciativa. Es un proyecto que venían trabajando desde 2016, y lo sucedido en marzo hizo que se moviera con agilidad en el Legislativo. Sin embargo, hoy, a casi diez meses de su presentación, la iniciativa 5285 está detenida, pendiente de ser conocida en tercera lectura y de la lectura por artículos en el pleno del Congreso.

En su informe, Unicef lamenta que la iniciativa corra el riesgo de que no se le considere una prioridad. Carrera cuenta que la semana del 19 de febrero, la directora regional de la entidad de Naciones Unidas se reunió con el actual presidente del Legislativo, con miembros de la comisión de Derechos Humanos e instituciones de la sociedad civil. El objetivo era invitar al Congreso a acelerar el proceso de aprobación de la ley. “Por supuesto, una ley no va a mejorar todos los problemas de un país —expone Carrera—, pero tiene algunos avances importantes. Ordena de mejor manera el sistema de protección. Hoy hay muchas instituciones que dedican a estos roles. La idea sería que se unificaran algunas de estas funciones en una institución más fuerte, más potente, que tuviera un rol rector”.

El Comité de los Derechos del niño también apremia a que se apruebe la ley. Enríquez, del CNA, lo ve como una oportunidad de conseguir un sistema que trabaje de manera armoniosa.

“No es que sea una maravilla, pero es mejor que lo que tenemos a nivel de protección —resume Carolina Escobar Sarti— Tiene una serie de vacíos aún. Para que pasara y que todas estas visiones conservadoras del Congreso le dieran el visto bueno, le quitaron muchas cosas, a mi parecer. El tema de género, entre otras cosas”.

La tragedia que nada garantiza que no vuelva a ocurrir

Nadie quiere que una tragedia como la del Hogar Seguro Virgen de la Asunción vuelva a suceder, pero nada garantiza que no ocurra. La conclusión es común. “No es fácil —suspira Carolina Escobar Sarti—. En cualquier momento cualquier cosa podría pasar”

“No solo en un albergue estatal. Eso está latente. Niñas encerradas y niños encerrados siempre van a querer salir de ahí. Siempre va a estar el riesgo de que una niña se quiera suicidar, de que alguien quiera matar a otra, alguien puede prender un fósforo. Porque vienen de los horrores más horrores. Pero no en cualquier momento alguien se niega a abrir puertas, a meter una llave en un candado. No en cualquier momento pasan tantos minutos para que alguien se queme vivo sin hacer nada”.

La diferencia, remarca Escobar, va a venir de la capacidad de las personas a cargo del cuidado de estos niños, niñas y adolescentes. “Cuando están permanentemente escuchadas y observadas, podemos preventivamente entrar en esto. Esto exige conocimiento, experiencia, conciencia, compromiso, cuidados, un equipo preparado, que no solo esté trabajando por dinero. En esta sociedad no se sabe cuidar a los niños. Aprendimos primero a matar que a cuidar”.

"Vemos grandes desafíos y que falta bastante por hacer —concluye Liliana Valiña, de OACNUDH— En términos de tiempo, no parece que haya habido una urgencia. Si bien hay esfuerzos, la situación per se podría repetirse".

“Esperamos que esto no vuelva a ocurrir —remarca Maselli, de PDH—. Sin embargo, varios de los elementos que provocaron la tragedia siguen vigentes. No hay un protocolo de atención en crisis. Elementos tan básicos como un extintor demuestran que desde la infraestructura no se están cuidando los pequeños detalles, que pueden dejar un grave riesgo para que esto vuelva a ocurrir”.

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