¿Explicaciones o excusas?

Esta teoría argumentativa de la razón viene al caso luego de leer La discordia por el consejo de administración judicial, una nota de Édgar Ortiz en República. En primera lectura, la nota presenta una «postura razonable y razonada», lo cual se le agradece a un medio dado con lamentable frecuencia al panfleto más que al argumento.

Al reflexionar más sobre el texto, el asunto se complica. Tanto que no solo cuestiona la lógica de Ortiz, sino incluso la de muchos que opinamos sobre las reformas. Nos gusta creer que evaluamos la evidencia —en este caso, sobre la segregación de funciones en un consejo de administración judicial— para tomar una decisión de aceptación o rechazo basada en esa evidencia. Pero muchas veces los argumentos solo sirven para justificar una posición ya tomada. En este contexto, lo escrito por Ortiz puede leerse así: «Escojo cuestionar las reformas a la Constitución, y ahora déjeme encontrar una explicación que me justifique».

El autor tropieza con al menos dos escollos lógicos. El primero es su propia evidencia, cuando apunta que tanto Honduras como Costa Rica tienen consejos de administración judicial con resultados muy distintos. Bajo sus propios términos, esas muestras no deberían servir para decidir. Pero igual se decanta por cuestionar la propuesta guatemalteca, como si el fracaso de Honduras pesara más que el éxito de Costa Rica solo porque sí.

El segundo tropiezo es afirmar que el reto no es de diseño constitucional, pues «la parte más importante estará en la implementación». Si es así, vale preguntarse por qué tanto esfuerzo en cuestionar el diseño. Tendría más sentido apurar la aprobación y pasar a lo que realmente cuenta, que es la implementación.

Llegado a este punto cuenta poco la intención del autor. Queriendo o sin querer, se ha sumado ya a quienes decidieron a priori rechazar las reformas, y su voz «razonable y razonada» termina siendo apenas excusa para decir, como siempre, que no.

Ahora bien, mi argumento está montado en un enorme y brillante espejo. Toda mi crítica a Ortiz puede voltearse para sugerir que yo, como tantos otros, enfrentamos el mismo problema: optamos por apoyar las reformas aun antes de presentar los argumentos. ¡Y es cierto! La razón de esto es profunda y me afecta a mí tanto como a Ortiz: la decisión sobre las reformas a la justicia es primero una apuesta ética y política y, solo de forma derivada, una cuestión de eficacia institucional.

Lo que subyace al debate es el encuentro entre dos visiones acerca de las instituciones del Estado. Por un lado nos alineamos quienes creemos que el Estado somos todos, sin distingo de tez, cuna o recursos; que la justicia debe ser accesible para todos; que todas y todos tenemos igual derecho a decidir sobre los asuntos públicos; y que el Estado se organiza primero para el bien común. Por el otro se disponen quienes creen que el Estado es para las élites mestizas, urbanas y acaudaladas; que la justicia debe un trato particular a los más vivos, a los amigos y a los que se parecen a uno; que los pobres y los que no han tenido oportunidad tampoco merecen decidir sobre sus vidas y las de sus iguales; y que el Estado se organiza para mantener la ventaja de unos pocos sin importar lo que diga la Constitución.

Es solo después de escogido uno de estos bandos que se construyen los argumentos. El diseño siempre es secundario a la intención: cómo hago que las instituciones respondan mejor al interés de todos o cómo hago que respondan mejor al interés de los pocos. Cómo construyo una entidad que ayude a sacar las manos sucias de la asignación de jueces y casos o cómo construyo una estructura (consejo de administración, corte suprema, administrador judicial, esto ya es enteramente secundario) donde siempre pesen más mis intereses particulares o de clase sobre la justicia.

Herodes acabó hace rato con los inocentes, pero vale la pena subrayar la lección: por estas apuestas de fondo es que algunos resistieron a la jurisdicción indígena y por ellas, ya retirada esa propuesta, igual siguieron rechazando las reformas. Por eso ahora rechazan el consejo de administración y, no se engañe, rechazarán cualquier otra propuesta administrativa, a menos que se queden con una justicia hecha a su medida, siempre de ellos, solo de ellos.