Los momentos políticos que pueden catalogarse como puntos de quiebre se definen, en última instancia, en razón de las valoraciones personales que tienen los actores políticos.
Así, por ejemplo, en la historia política, concretamente en las etapas de transición a la democracia, si los actores políticos son capaces de comprender el momento que viven en razón de las ideas que manejan, la transición se consolida. Supongamos, por ejemplo, que Juan Carlos I de España hubiese legitimado las acciones de Antonio Tejero. El gobierno de Suárez sin duda habría caído. Otro caso. Supongamos que Pablo Iglesias hubiese aceptado conformar la coalición tripartita en el 2016. ¿Acaso no estarían construyendo su proceso de maduración política a estas alturas? Aunque, si somos honestos, luego se piensa que Podemos habría legitimado la declaración unilateral de independencia de Cataluña, por lo que es mejor que se mantenga como actor político marginal. Otro ejemplo. ¿Qué habría pasado si Vicente Fox no hubiera optado por hacer una alianza con los priistas de su momento? Posiblemente muchas de las reformas necesarias para la coyuntura mexicana del 2000 serían realidad. Algunas de ellas, en materia de libertad de prensa y censura. Sin embargo, la inocencia de Fox lo premió con un gobierno de agenda entrampada.
En los casos anteriores entendemos que la formación teórica previa para comprender la acción política se puede obviar en razón de que los presidentes y jefes de Estado pueden reunir consejo de expertos (aunque a veces sea necesario traducir las ideas más de una vez).
Algo así parece sucederle al gobierno del presidente Morales: él es incapaz de entender la gravedad del momento que vive más allá de la realidad parroquiana en la que se encuentra. Solo así puede explicarse que justifique una decisión equivocadísima de política exterior (para llamar la atención de los estadounidenses) cuando el mensaje es clarísimo por parte del secretario de Estado estadounidense. No importa si mueves embajadas de la Luna a Saturno. La agenda para tu gobierno es el combate de la corrupción y concretamente del narcotráfico. Nada más cuenta. El apoyo que pueda conseguirse con el lobby evangélico republicano no tiene la capacidad de modificar las líneas de la política exterior estadounidense. Lo que sí tenemos muy claro es que, con todo y que la embajada se movería a Jerusalén, el presidente Trump no tuvo reparo en decir: «Están llegando de El Salvador, Guatemala, Honduras, México. De todos lados. Ellos simplemente se están escurriendo en nuestro país. Estos países no son nuestros amigos, ustedes lo saben».
Hay otras posiciones de función pública que sí requieren un clarísimo expertise. Por ejemplo, ser canciller. Todavía están frescas las declaraciones de Luis Videgaray cuando en su discurso de toma de posesión como secretario de Relaciones Exteriores dijera: «Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). No soy un diplomático. Lo digo de corazón y con humildad: vengo a aprender de ustedes». Un momento épico. Si no lo cree, aquí está el video. De nuevo, el equipo de consejeros y viceministros puede jugar un rol de apoyo, pero la curva de aprendizaje en estos puestos no puede ser demasiado pronunciada. Lo ideal es el valor meritocrático, y no los nombramientos políticos.
Con los secretarios de Gobernación (o ministros del Interior) puede suceder lo mismo. Es una posición en la cual tanto el expertise técnico como las valoraciones políticas personales juegan un rol determinante. Sobre todo, otra vez, en momentos de puntos de quiebre. ¿Se imagina usted que los encargados de la seguridad de Portugal hubieran actuado diferente durante la Revolución de los Claveles? ¿O si el politburó soviético hubiese ordenado disparar a los alemanes del este que comenzaron a cruzar la frontera? Allí está el famoso caso de la Sublevación de 1953 en la Alemania oriental, en la que más de un centenar de obreros fueron masacrados por la fuerzas del orden comunista. Paradigmático, pero los comunistas sacrifican a sus propios obreros cuando de mantener la ortodoxia se trata.
En las democracias contemporáneas, los ministros del Interior deben absorber en el menor tiempo posible las implicaciones de la seguridad democrática, sus valores, sus formas y sus implicaciones, sobre todo cuando no han ejercido cargos anteriores relacionados con la política de seguridad. Al mismo tiempo deben conocer las obligaciones contraídas por el Estado en materia de derechos humanos o de consolidación del poder civil sobre el ejercicio de la seguridad. Por ejemplo, en Guatemala, si bien hay presiones muy concretas para desplegar efectivos militares en la realización de patrullajes combinados, no se pueden olvidar los compromisos ya adquiridos de retirar el Ejército de estas actividades (además del hecho de que la función de los militares no es propiamente patrullar calles).
Sumado a las visiones sobre seguridad democrática y de rutas de acción en materia de cooperación, también es importante tener siempre presentes los protocolos establecidos que ya marcan el accionar de las gendarmerías en sociedades democráticas, particularmente en momentos cuando las expresiones ciudadanas se manifiestan. O cuando las expresiones ciudadanas se tornan complicadas. Es fundamental, entonces, que las nuevas autoridades de Gobernación de Guatemala transiten sobre la ruta que ya dejó la gestión del anterior ministro, Rivas, que constituyen, además, el marco ideológico de la actual cúpula de la PNC: la implementación de mesas de negociación y la priorización del diálogo como instrumento.
En un solo plato, la esencia de los protocolos actuales: la violencia como último recurso.
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