Sin duda, han logrado impedir el retorno a Guatemala de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), incluso desobedeciendo a la Corte de Constitucionalidad y contradiciendo la opinión de Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público. El cabildeo en Washington D. C. les procuró cierto apoyo del gobierno de Donald Trump y de los republicanos a cambio de mascaradas como el caso Bitkov o el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén.
Además, han logrado algún impacto en la opinión pública con la campaña mediática contra la Cicig, mediante la cual han estimulado sentimientos nacionalistas y xenofóbicos e incluso han levantado las viejas banderas de la Guerra Fría al alegar que Velásquez es comunista o que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una cuestión ideológica de izquierda extrema. Eligieron una junta directiva del Congreso de la República para 2019 integrada por delincuentes corruptos de cepa pura y dura. Finalmente, han logrado el apoyo de algunas facciones del sector privado, lo que evidencia la voracidad y la carencia de escrúpulos de un grupo de empresarios.
Sin duda, un festín para los pesimistas y los derrotistas. Pero ¿son estas las evidencias de una victoria definitiva del pacto de corruptos?
Un análisis más a fondo y cuidadoso revela fisuras graves en las carrozas de la victoria de Jimmy Morales y de sus aliados. Primero, el mismo Morales y varios de sus ministros están en grave peligro por haber desobedecido una resolución de la Corte de Constitucionalidad, lo cual, en el caso de los ministros, implicaría su destitución inmediata. Segundo, la Cicig y el Ministerio Público siguen trabajando con un perfil mediático más bajo, pero con resultados tangibles como el caso de ejecuciones extrajudiciales y de tortura que involucra a Carlos Vielmann y por el cual permanece prófugo Kamilo Rivera, exviceministro de Gobernación de Jimmy Morales.
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Con el control demócrata del Congreso de Estados Unidos a partir de enero, el apoyo de esa nación al gobierno de Jimmy Morales decaerá una vez que se desmientan los datos impresionantes (en realidad falsos y absurdos) de incautación de drogas y de capturas de terroristas del Estado Islámico presentados por Morales. El apoyo popular y empresarial al pacto de corruptos es en realidad minoritario, ya que la gran mayoría de la ciudadanía y del empresariado es honesta y cree y entiende los daños que provocan la corrupción y la impunidad.
Pero sobre todo lo más importante: al pacto de corruptos se le está acabando el tiempo. Sus integrantes les tienen tanto miedo a la justicia y a la posibilidad de que en un futuro cercano sean perseguidos penalmente por sus crímenes que su desesperación explicaría las propuestas (ridículas) de disolver la Corte de Constitucionalidad, tipificar como delito las críticas a los diputados o permitir la reelección presidencial a la hondureña.
Por ello, seamos cuidadosos en el análisis. Puede que la ferocidad del ataque de Jimmy Morales en contra de la Cicig no esté motivado por el triunfalismo, sino por un miedo profundo y desesperado a enfrentar la justicia después de enero de 2020: el resultado de un instinto básico, como el de una bestia herida; una cuestión de sobrevivencia cuyas opciones son lograr y preservar la impunidad o la cárcel.
Como ciudadanía, no caigamos en el derrotismo. Con los pies bien puestos sobre la tierra, hagamos un análisis realista de la coyuntura y no perdamos la esperanza. Veamos más allá del triunfalismo de Jimmy Morales y del pacto de corruptos y entendamos que están desesperados por su miedo a la justicia.
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