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“Este es el momento oportuno para reglamentar las consultas. Hoy estoy yo. Mañana no estoy”
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“Este es el momento oportuno para reglamentar las consultas. Hoy estoy yo. Mañana no estoy”

Leticia Teleguario en el salón de reuniones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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La ministra Leticia Teleguario ha liderado el diseño de la Guía para las Consultas de los Pueblos Indígenas, presentada por Jimmy Morales el 18 de julio, y rechaza que todo deba reducirse a la pregunta por un “sí” o un “no”. Según ella, todos tienen algo que ganar con estos procesos. Confía en que el Congreso aprovechará el documento para desarrollar el reglamento definitivo, según ordena la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, lo defiende porque, según dice, sigue el espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y apela al “diálogo” con las autoridades indígenas que lo rechazan.

Nació en Patzún (Chimaltenango), fue delegada de la agenda estadounidense de cooperación (USAID, por sus siglas en inglés) y es la primera mujer indígena que encabeza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Teleguario, que asumió la tarea de desarrollar una guía preliminar sobre las consultas comunitarias, considera que debe verse como una gran oportunidad que la iniciativa esté liderada por un grupo de indígenas. Tanto ella como uno de sus asesorers, Martín Sacalxot, sentado a su lado, están tan convencidos de las bonanzas de la guía que dedican el primer cuarto de hora a desglosar sus antecedentes y su contenido, en esta entrevista que se celebra el 23 de agosto, cuatro días antes de la consulta de buena fe sobre Oxec en Santa María Cahabón y de la crisis política abierta por el presidente, Jimmy Morales, al ordenar la expulsión de Iván Velásquez.

En primer lugar, recuerdan que el gobierno de Álvaro Colom ya trató de armar un reglamento, pero lo desmanteló la Corte de Constitucionalidad. También el Ejecutivo de Otto Pérez Molina puso esta cuestión en la agenda pero, dice Teleguario, “quedó a medias por las complejidades que vivió el país”.

Partiendo de ahí, analizaron las 87 consultas que, según dice, habían realizado las propias comunidades. También revisaron “las iniciativas del sector privado”. Al mismo tiempo, desarrollaron procesos participativos en 56 comunidades de 12 departamentos y estudiaron el Convenio 169. “Valoramos bastante el ejercicio que se ha venido haciendo de parte de los propios pueblos, de parte del sector privado, pero si no hay participación de los tres sectores, no es válido”, asegura. El “tercer sector” al que se refiere, es el Estado.

Cuando todo este proceso estaba en marcha llegó la sentencia de la CC sobre Oxec I y II, emitida el 26 de mayo, que define cómo debería preguntarse a las comunidades e insta al poder legislativo a desarrollar un reglamento en el plazo de un año. La ministra aboga por la implicación de todos los poderes del Estado. “El convenio lo ratificó el Estado y los tres órganos tienen que ver en su implementación. La construcción del instrumento (ya sea ley, reglamento o guía) debe ser con visión de Estado, es decir, Congreso, Ejecutivo y Judicial.”

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A pesar de las certezas de la ministra Teleguario, el debate sigue abierto. Buena parte de las autoridades ancestrales y sectores que reivindicaron el 169 como freno a los grandes proyectos extractivistas rechazan ahora el reglamento por dos razones: una, porque lo consideran hecho a medida de las empresas; y la otra, porque creen que un reglamento único no puede aplicársele a comunidades con tradiciones y prácticas tan distintas.

Por parte de las cámaras empresariales también se ha cambiado la perspectiva. Ahora defienden el la consulta, con reglamento, apelando a la “certeza jurídica” y alertados por los fallos judiciales que ordenaron el cese de actividades de empresas extractivas.

El documento elaborado por el ministerio parte de seis principios. La consulta debe ser “previa”, “libre”, “informada”, “de buena fe”, “culturalmente adecuada” y “flexible”. Además, se basa en ocho pasos: “etapa preparatoria”, “generación de confianza”, “formulación del plan de consulta (o fase de preconsulta)”, “información de la medida a consultar”, “análisis de la información”, “diálogo intercultural”, “conclusiones y acuerdos” y “definición de garantías de cumplimiento”.

Según la CC, es el Congreso el que tiene que definir la reglamentación de las consultas, así que esta guía no es un instrumento definitivo. No obstante, se aplicará en los casos en los que se pregunte antes de que el legislativo haya aprobado una ley.

La ministra reconoce que no existe igualdad entre pueblos indígenas y empresas a la hora de abordar un diálogo. Por eso defiende el instrumento y el papel del Estado como “árbitro”. Reitera que no es cuestión de un “sí” o un “no”, sino que el objetivo es que “las dos partes tengan algo que ganar”.

Simone Dalmasso

La guía se presentó el 18 de julio. ¿Ya funciona?

Leticia Teleguario: En Nebaj y San Juan Cotzal, en los casos de La Vega I y La Vega II, y Transnova, la cortes han dado plazos para consultar a ambas comunidades. En el caso de Nebaj, como en el de Oxec, el Mnisterio de Energía y Minas (MEM) debe hacer la consulta. En San Juan Cotzal, nosotros, como gabinete. Así que sí, en estos casos.

Martín Sacalxot: Parte del sustento de la guía se basa en la experiencia práctica. Está bastante apegado al convenio 169, y eso es parte de su virtud. Algunos no quieren reglas, quieren hacer las cosas por su propia cuenta. Pero el Estado tiene obligaciones. La guía pretende perfeccionar la práctica del Estado.

L.T.: Es un ejercicio que ahora nos sirve a nosotros para hacer las consultas. Recientemente, la ministra de Salud ( Lucrecia Hernández Mack dimitió días después de esta entrevista), me decía: “¿Qué pasaría si yo quiero construir un hospital, sin ir más lejos, en Totonicapán, o en Sololá, o en Chimaltenango? ¿Necesito consultar también?”. Luego me pregunta: “¿A quién le voy a consultar? ¿Puedo ir con la alcaldía municipal? ¿Si hay autoridades indígenas o ancestrales, voy con las autoridades indígenas y ancestrales? ¿Si hay organizaciones de jóvenes, voy con las organizaciones de jóvenes?”. Son muy válidas esas preguntas. “¿Qué pasa -me dice-, si por ejemplo voy con las autoridades indígenas de Tecpán, y ellos me dicen que no quieren que haya hospital?”

Las diez sentencias judiciales sobre consultas a pueblos indígenas han estado relacionadas con grandes proyectos extractivos, no con servicios públicos como un hospital.

L.T.: Pero el 169 es un todo, no solo con el extractivismo. Nos hemos centrado en el 169 al hablar de proyectos de hidroeléctrica o minería, pero es un todo. El principio del 169 es la protección de los derechos. Todos los proyectos que son susceptibles de afectar derechos, que requieren de la decisión de alguna autoridad del Estado, queda obligada la consulta. El convenio 169 registra seis áreas de consulta. La más general son las medidas administrativas. La siguiente, las medidas legislativas que afecten directamente a los pueblos indígenas. Igualmente la explotación de recursos naturales es una parte específica: cuando haya explotación de recursos debe hacerse consulta para ver si los intereses de ese pueblo se viesen perjudicados y en qué medida. También la enajenación de tierras, que es probable que no tenga que ver con Guatemala, porque acá no se puede enajenar las tierras indígenas. Un quinto momento está en los programas especiales de formación, para que reflejen la idiosincrasia. Un sexto campo, las normas mínimas para crear las instituciones educativas. Esos son los distintos campos del 169. Pero es necesario delimitar los alcances de la consulta. No es un pretexto ni un obstáculo para implementar derechos, sino un mecanismo para protegerlos. Por ejemplo, si hay ampliaciones de caminos o el arreglo de la carretera, no va a consulta.

Las diez sentencias de la CC son sobre proyectos extractivistas, no sobre otros asuntos. Además, resulta difícil creer que, en un país con graves carencias en el ámbito de la salud, una comunidad rechace la construcción de un hospital. ¿Existe la posibilidad de elegir? ¿O esta es una fórmula para el acuerdo partiendo de que el proyecto se realizará de igual modo?

L.T.: Lo que pretende la guía es un diálogo continuo entre los interesados. La consulta no es solo un momento en el que todos nos reunimos y preguntamos a la población si quieren o no. Son procesos que no se solventan en un solo día ni con un “sí” ni con un “no”. El paso número tres de la guía es el medular: la formulación del plan de consultas, la preconsulta, un momento en el cual las partes deciden dialogar, entenderse y, ojalá, llegar a un acuerdo.

Simone Dalmasso

¿Qué ocurre si no hay acuerdo?

L.T.: Depende de la naturaleza del proyecto. De si es la necesidad pertinente de la población.

M.S.: Si la gente va a un diálogo con intención de hacer algo negativo siempre va a querer hacer cosas que garanticen esa parte. La virtud de este proceso es generar el diálogo entre el Gobierno y las comunidades indígenas. Hay un momento en el que las comunidades toman su propia decisión evaluando las distintas circunstancias que hay en torno a un proyecto determinado.

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Insisto, ¿y si la decisión es que no quieren la infraestructura?

M.S.: Esperamos…

L.T.: …que ese no sea el caso…

M.S.: Una comunidad puede decir que no quiere diálogo, que rechaza al Estado. Creemos que esas son cuestiones específicas, no generales. Igual en un diálogo determinado la comunidad dice: “hemos evaluado todo el proyecto y nos es profundamente perjudicial y dañino, que no lo aceptamos”.

L.T.: Con pruebas. Si dialogamos y nos dicen los pueblos: “no queremos este proyecto”. ¿Por qué? “Aquí están las pruebas de que perjudica la salud, contamina el ambiente, y esto, esto y lo otro”. Pero que realmente sean pruebas que nos den argumentos suficientes. Con base en esto, se toma una decisión.

M.S.: Si no es una especulación, si es demostrable, que está relacionado con el proyecto.... Por eso el Estado está en la obligación de generar condiciones para que las comunidades puedan estar en esa capacidad de análisis de la información. Muchas veces son informaciones técnicas y hay mala fe si no se crean condiciones en las comunidades para analizarlas. Pero hay que demostrar que afecta a mi territorio porque aquí tengo mis títulos, acá están mis ancestros, mi delimitación...

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¿Para qué sirve la consulta si la decisión está tomada previamente?

L.T.: No es que esté tomada previamente. Esto son los procesos de construcción de confianza y diálogo entre las partes. Como usted dice, no tendría razón de ser, para qué se hacen las consultas si al final el proyecto va porque va. Ese no es el objetivo. Si hay afectación mostrable de que el proyecto es dañino para la población, trastorna la cotidianeidad de los pueblos y que daña el entorno de todos sus habitantes, es bastante ilógico para el Estado impulsarlo. Gran parte del problema es que hemos fallado. La ausencia del Estado en las mismas comunidades. Mire lo que sucede con el ejercicio de lo que llevamos acá. La primera vez que íbamos a una de las comunidades de las más lejanas, decíamos que veníamos del ministerio para conocer como hacen las consultas comunitarias. Esa era la razón de ser. Pero ese tema lo dejaban último. Porque, como llegábamos, nos decían que necesitaban escuelas, hospitales, alimentación. Al final de cuentas, por lo mismo, creemos que la ley de consultas no tiene que ir por sí sola. Tiene que ir con un plan integral para atender las necesidades latentes de la población. Ahora estamos en una situación muy compleja. Porque ya han sentencias específicas. Ya lo dice: “consulta previa, libre e informada”.

Simone Dalmasso

Hay problemas en tres áreas distintas, dice Teleguario. Por un lado, los proyectos nuevos. Por otro, diez casos ya judicializados. Por último, si las cortes lo deciden, la guía se utilizará de forma retroactiva. Tenemos más de cien casos en los que las consultas se hicieron solo de un lado. Hay que buscar un acercamiento de buena fe para hacer estas consultas ahora que ya se tienen los casos específicos de lo que hay que hacer. “Esto debió pasar en 1996”.

M.S.: Este Gobierno se encuentra con cosas que se construyeron mal en el transcurso de los últimos 20 años. Desde al año pasado hasta acá no ha habido autorizaciones. La orden es que se vaya todo en camino de la consulta.

Sobre las consultas creemos que lo fundamental es la libertad de las personas. También que el tenga lugar tras un proceso de adecuación cultural, porque hay culturas, costumbres, que hacen particular cada lugar. No hay un modelo único.

En el caso de Oxec, la consulta del 27 de agosto se toma como una posibilidad de rechazo. ¿Es posible rechazar una infraestructura con este procedimiento?

L.T.: No es un “sí” o un “no” lo que buscamos. Queremos que las dos partes tengan la posibilidad de ganar. Es un proceso participativo entre los dos sectores, porque de lo contrario esto no va a funcionar.

M.S.: Los pueblos indígenas somos cerca de ocho millones de personas. Hay un profundo reconocimiento y respeto a las estructuras que han resurgido, otras las que permanecen en el tiempo. Pero es fundamental tener presente que los pueblos indígenas han sobrevivido no solo diciendo “sí” o “no”, se han involucrado, inclusive llegando a cogobernar a nivel local, a tener sus planteamientos en los distintos niveles y estructuras del Estado. De lo contrario, o bien se han quedado totalmente marginados o bien han desaparecido esos pueblos.

Habla de que todos ganen a través de la consulta. ¿Existe igualdad de condiciones entre los pueblos indígenas y las empresas para abordar un diálogo?

L.T.: No, por supuesto que no. Y he ahí el rol fundamental del gobierno. Somos conscientes. Desde aquí viene la diferencia y es ahí donde queremos contribuir.

Nada más hacerse pública la guía, diversas autoridades ancestrales la rechazaron. ¿Cómo van a gestionar la negativa del principal colectivo afectado por la iniciativa?

L.T.: No es la primera vez que pasa, porque la información no llega. Nosotros queremos abonar a que haya más acuerdos entre las partes. Reconociendo lógicamente los derechos de los pueblos indígenas pero planteando: “dadnos la oportunidad de conocer el uno al otro”. Se lo decimos como personas maya quiché y maya caqchiquel. Lo pusimos como prioridad porque era uno de los legados que queríamos dejar. Este proceso era una de las demandas más latentes de la población indígena. Y era el momento para hacerlo. En esta sala recibimos a gran cantidad de personas. Algunos nos dijeron que no querían saber nada sobre una posible reglamentación. Otros estaban muy de acuerdo. ¿Qué hacemos con las personas, las organizaciones o las autoridades que rechazan un ejercicio como este? Seguirlos invitando a que participen. El 169 indica que los países que han ratificado el convenio se comprometen a adecuar la legislación nacional. La guía cumple estos requisitos. Aunado a lo que dice la CC. Paradójicamente, las personas que han exigido el cumplimiento del 169 son algunos de los que se oponen a que tengamos un instrumento que lo haga viable. Ya la CC da tiempos específicos para tener la ley. Ahora ya no está bajo nuestra responsabilidad, sino la del Congreso. Hay agendas que van más allá del 169. La semana pasada cursamos una invitación a un taller sobre el 169 pero vimos en las redes sociales que una organización llamaba a no asistir porque era traicionar a los pueblos. Eso no es así. Tomemos como ventaja este espacio de participación e incidencia. Permitámonos darnos la oportunidad de que pueblos indígenas participen en la constitución de la ley y que la misma recoja su experiencia. Este es un momento oportuno. Tenemos un equipo comprometido con el desarrollo, la inclusión equitativa y responsable. Hoy estoy yo. Mañana no estoy.

Paradójicamente, quienes han sido más reacias a las consultas, las cámaras empresariales, son ahora las que aplauden el reglamento. ¿No explica esto las sospechas de las autoridades indígenas?

L.T.: También están las últimas sentencias de la CC. La certeza jurídica sirve tanto a los pueblos indígenas como a la empresa privada. Una vez la Corte nos dijo que habíamos hecho el ejercicio con pueblos indígenas y gobierno, pero el sector privado tiene que estar en este proceso. Al final, ¿quiénes vamos a perder si no nos unimos en el caso de que el Congreso, ojalá, decida hacer este ejercicio participativo como hemos solicitado?

M.S.: Con algunos líderes hemos hablado. Su oposición a que se emita un instrumento o se haga la consulta anula la obligación del Gobierno. Están renunciando a su derecho de ser consultados bajo los términos de la obligación del Estado.

"Si hay afectación mostrable de que el proyecto es dañino para la población, trastorna la cotidianeidad de los pueblos y que daña el entorno de todos sus habitantes, es bastante ilógico para el Estado impulsarlo."
"Paradójicamente, las personas que han exigido el cumplimiento del 169 son algunos de los que se oponen a que tengamos un instrumento que lo haga viable."
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