Entre los resultados del modelo económico con relación a las condiciones que hacen más vulnerable a la población en el enfrentamiento de la pandemia sobresalen a) que más del 70 % sobrevive en la economía informal, lo que obliga a trabajar diariamente para conseguir los mínimos y escasos satisfactores para las ingentes necesidades; b) la cantidad y calidad del empleo formal, que en estas condiciones se enfrenta a la amenaza de despidos, dadas las prioridades de quienes controlan el capital y la política económica; c) la desprotección y falta de apoyo a los sectores económicos, que, como el campesino, proveen la mayor cantidad de alimentos que consume la población, y d) las condiciones imperantes de hambre y pobreza, que rondan a más del 60 % de la población, con sus consabidos índices de desnutrición.
Después de casi 40 años de política neoliberal, el Estado carece de capacidades para agenciarse recursos financieros debido a la venta de empresas estatales rentables (como la telefónica y la de energía eléctrica), la eliminación de su capacidad de lograr una carga tributaria que permita garantizar derechos como la salud y la eliminación de su carácter rector de la economía. En específico, la salud pública es deficitaria en cobertura y calidad y está privatizada en buena medida. En ese mismo sentido, la norma y política de Estado en materia de economía opera en la lógica de reproducir dicho modelo económico y de priorizar los intereses del gran capital antes que los de los ciudadanos. Esta prioridad puede constatarse en el llamado Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica y en la solicitud de aumento del presupuesto para 2020, hechos públicos por el Gobierno nacional el 17 de marzo.
Dada la dimensión de la pandemia, las condiciones reproducidas por el modelo económico imperante y la orientación fundamental de la política de Estado auguran un contexto complejo y complicado para garantizar la contención, atención y erradicación del problema. La tendencia de la afectación sanitaria que ocasionan revela que el problema se agravará e impactará previsiblemente aún más, en comparación con otros países que cuentan con mejores condiciones económicas, sociales y, en particular, de salud pública.
[frasepzp1]
En este marco, siendo el aislamiento social la acción más efectiva para enfrentar la pandemia, en Guatemala esta medida ha sido tomada raquítica y tardíamente, nuevamente priorizando el interés empresarial antes que la salud pública. Esto hace prever que el avance del problema lleve al colapso al ya raquítico sistema de salud pública, en el cual han emergido incluso contradicciones, tal como la renuncia del viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, quien cuestionó la política y los procedimientos decididos para enfrentar la crisis.
Es previsible que, en el enfrentamiento de la pandemia, se desnude aún más el enclenque Estado con el que contamos: sin políticas, institucionalidad y recursos necesarios después de décadas de neoliberalismo y saqueo. Esto se agrava con los primeros pasos del gobierno actual, en buena medida contradictorios e incoherentes con el carácter del problema, cuya solución requiere decisiones contundentes para lograr lo más pronto posible el aislamiento social y para contar con las medidas, la infraestructura y los recursos sanitarios indispensables.
Más allá de políticas de enfrentamiento de la crisis económica en perspectiva empresarial, son necesarios la garantía de agua para toda la población; provisión de alimentos y recursos financieros a los más necesitados; combate del acaparamiento, la especulación y el aumento de precios —en especial de alimentos y medicamentos—; inamovilidad y garantías laborales; apoyo a las pequeñas empresas y a los pequeños productores de alimentos; congelamiento de intereses por créditos, y promoción de la organización, la solidaridad y la responsabilidad social, entre otras medidas ineludibles que son responsabilidad del Gobierno.
Los reportes y análisis científicos sobre la evolución de la pandemia indican que se agravará. En estas condiciones, el Estado y el gobierno actual darán pauta sobre su desempeño, lo que permitirá determinar la profundidad del desastre del Estado y la necesidad de cambios sustanciales en su carácter, normativa y política fundamentales.
Más de este autor