Una y otra vez se limitan a responder con un respetar, defender o hacer que se cumpla el Estado de Derecho a toda costa. Pero, ¿de qué Estado de Derecho hablan?
A ver, por poner dos ejemplos cercanos: hace unos días, Félix Alvarado nos hablaba de un Estado construido desde y para las derechas y Guillermo Pineda nos explicaba de cómo el Estado sirve a intereses empresariales limitados. Y es que este Estado no se formó para las mayorías mortales. Su normativa e institucionalidad es la que ha creado las desigualdades e injusticias con las que vivimos y sigue siendo el responsable de su producción y reproducción. Entonces, ¿por qué apostarle a defender este modelo de Estado?
Muchas veces, quienes se empecinan en el discurso del respeto al mentado Estado de Derecho es porque les va bien con la forma como funciona este sistema, pero la noticia es que no es así para la mayoría. Un breve panorama: hay por lo menos 6.4 millones de guatemaltecos y guatemaltecas que viven en pobreza y un millón en la miseria; la mitad de los niños y niñas menores de cinco años sufren desnutrición crónica; siete de cada diez personas están en el trabajo informal o por cuenta propia y no cuentan con las protecciones mínimas; el 98% de los casos sufren impunidad como sentencia final. El Estado viola el derecho a la salud, educación, vivienda, etc. Entonces, ¿qué Estado de Derecho pretenden defender? ¿Ese que permite vivir bien a unos pocos nada más?
A muchos de los que se aferran a este discurso del Estado de Derecho también les encanta hablar de mantener la “gobernabilidad”, que en la práctica no significa más que callar –a cualquier precio– las voces disidentes, que denuncian la corrupción y las injusticias, a quienes resisten de diversas formas a un sistema aplastante para las mayorías. Estos partidarios de defender el Estado de Derecho como principal fin, le temen a quienes se atreven a cuestionar al sistema, a desafiar el silencio y a quienes saben que es inaceptable obedecer lógicas y mandatos injustos.
Estos defensores del Estado de Derecho también se rasgan las vestiduras por la “igualdad jurídica”. Para qué hacer leyes que favorezcan a ciertos grupos “vulnerables”, dicen, si todos tenemos reconocidos los mismos derechos, sólo es cuestión de hacer las cosas bien. Pero es que del papel a la realidad hay mil vidas de diferencia. No nos engañemos porque no todos nacemos con los mismos derechos y oportunidades, aunque así lo diga la Constitución, la CSJ, la CC y la Corte Celestial.
Si se cumpliera básica y mínimamente con el principio más elemental que reza la Constitución respecto a que el Estado deber garantizar el bien común, pues que se venga el respeto a un Estado de Derecho, pero seguir validando este Estado: no, no y no. Porque es ese marco legal e institucional que tenemos –y quienes lo controlan–, lo que precisamente se alinea –en un caos intencional y necesario– para mantener el orden establecido. Son estas normas e instituciones las que hacen legales las injusticias, los despojos, la represión, las ejecuciones extrajudiciales, etc. Entonces, ¿por qué defender un Estado de Derecho que no fue diseñado para defender a las mayorías?
Entonces, recordemos, lo legal no es siempre legítimo ni lo más justo. Mejor apostémosle a la lucha por la justicia social en lugar de defender ese inexistente Estado de Derecho.
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