Es por demás evidente que el modelo económico excluye del trabajo, del salario digno y de satisfactores esenciales a más del 70 % de la población. Este modelo se desmoronaría sin el aporte del 13.8 del PIB (10,500 millones de dólares) de los migrantes que envían remesas a sus familias. Sin este flujo constante, sin duda estaríamos ante una economía más raquítica y en condiciones de subsistencia aún más graves.
Con relación al Estado, son cotidianos los cuestionamientos de la política institucionalizada, ya que prioriza los intereses de grupos minoritarios, lo cual se explica por el secuestro de las esferas decisorias de sus principales organismos. Esto se traduce en una falta de capacidad rectora sobre la economía, sin los suficientes ingresos fiscales y con las profundas debilidades institucionales para atender las necesidades sociales crecientes.
A dos meses del primer caso de covid-19 han aflorado tales desigualdades y vulnerabilidades sociales, al igual que la orientación política del Estado y sus debilidades para enfrentar la pandemia. El aumento de despidos, la disminución o pérdida del salario y las dificultades para sostener el trabajo por cuenta propia han devenido en un aumento de la crisis social que se traduce en un aumento de personas solicitando ayuda alimentaria en calles y carreteras. El desmantelamiento de la salud pública, recursos insuficientes e incapacidad para gestionarlos y ejecutarlos se traducen en una falta de trabajadores de salud, de equipo, de pruebas de detección del virus y de insumos necesarios para atender a los pacientes. Producto del histórico abandono del campo, en particular de la economía campesina, se carece de condiciones y recursos suficientes para sostener y aumentar la producción de alimentos, esencial en este momento, especialmente cuando los campesinos y pequeños agricultores constituyen los principales proveedores del mercado nacional.
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Pese a que se decidieron ampliaciones en el presupuesto de egresos de la nación, en este momento son evidentes la carencia de recursos y la falta de capacidad para ejecutar y agilizar programas que, aun mínimos e insuficientes, son necesarios y urgentes. Esto hace que observemos a tantos trabajadores de la salud protestando por la falta de condiciones y de recursos en los hospitales que atienden a pacientes con covid-19, a cientos de personas con banderas blancas pidiendo ayuda alimentaria, miles de solicitudes al fondo del empleo, todo lo cual cubrirá deficitariamente a la población necesitada y vulnerable.
Así las cosas, se reproduce un círculo indeseable de condiciones que hacen prever una agudización de la crisis para las mayorías sociales. Esto requiere una política y acción pública orientadas a resolver las enormes carencias e incapacidades para la preservación de la salud y la vida. En segundo lugar (y, en buena medida, supeditada a lo anterior), es necesaria la reactivación de la economía. Y es aquí donde empiezan a surgir las interrogantes, en especial al pensar la posemergencia. ¿Será una reactivación para recuperar el modelo económico, que prioriza a los sectores económicos históricamente poderosos y excluye a los sectores productivos y comerciales populares (pequeños productores, campesinos, trabajadores por cuenta propia, etcétera)? ¿Se mantendrá el Estado débil, incapaz de regir la economía, de crear institucionalidad garante de derechos y de instituir políticas de bienestar social?
En conclusión, la crisis multidimensional (sanitaria, social, económica e institucional) requiere empezar desde ya el tránsito hacia un Estado que se oriente a la solución de los profundos problemas nacionales, que al salir de la emergencia sanitaria se expresarán en un aumento de la desigualdad, la pobreza y el hambre. Así las cosas, la política de reactivación económica será absolutamente insuficiente. Se requiere desde ya pensar en un Estado de bienestar —como mínimo—, con una economía que priorice el bienestar social y una institucionalidad orientada a reducir los índices sociales indignantes, y trabajar por construirlo.
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