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Opinión
4 06 18

La libertad de conciencia es el derecho más humano y fundamental, la piedra filosofal de donde brotan las demás libertades. Pero, cuando confundimos conciencia con religión y religión con Estado, les abrimos las puertas a la demagogia y al control indebido de las masas.

Quienes conocen a Cash Luna saben que él casi no da entrevistas, pero en lo que va del año ha comido con la BBC y se ha dejado ver por El Faro. Yo también quise buscarlo para hablar un poco sobre la teología de la prosperidad, propia de su enfoque neopentecostal. Una isla ideológica en medio de un gran océano de desigualdad. ¿Qué dice? Esencialmente, que Dios bendice con dinero y bienestar material a sus hijos que le rinden ofrendas, pues, de dinero. Fondos para su obra, su cruzada, su yihad neoliberal. Desde luego, fondos administrados por sus mandatarios financieros en la tierra. «Imagínate si cobrara IVA sobre el diezmo», me dice Cash con cierta satisfacción ante mi pregunta cajonera sobre privilegios fiscales. «Les queda el 90 % para ellos. Dios solo pide el 10 %. Además, nosotros no nos podemos repartir dividendos. De alguna manera estamos cooptados».

Pero no solo es el 10 % del salario. También están las promesas de fe, las donaciones extraordinarias, las ofrendas especiales, el servicio voluntario. Como en los bancos, ya no saben ni cómo llamarle a la transmisión de valores para que se vea todo muy consensuado en el libre mercado de la fe —o en el libre albedrío del capitalismo financiero, vea usted—. Quise moverme entonces hacia temas como poder y desigualdad, pero él se desmarcó. «Los líderes religiosos no nos ocupamos con la política», me dijo. «Nuestro trabajo es pastorear el alma».

Le creería si no fuera porque las evidencias dicen todo lo contrario. ¿Hacemos un repaso?

En Costa Rica, el predicador evangélico Fabricio Alvarado casi gana la primera magistratura de la nación declarándole la guerra a la educación laica por considerarla anticristiana. En El Salvador se espera que el proceso de canonización de monseñor Óscar Romero sea utilizado como carta electoral. En Guatemala, el presidente evangélico «puesto en eminencia», Jimmy Morales, cierra todas sus intervenciones oficiales con un «bendiciones» que suena a «hail, Hydra», como si fuera el sumo sacerdote de una confesión particular, y no el presidente de una república laica.

¿Y cómo olvidar las célebres incursiones de los pastores Ríos Montt, Serrano Elías, Francisco Bianchi y Harold Caballeros en la politiquería nacional enarbolando la palabra de Dios como argumento de Estado?

Lo cierto es que la religión, y en particular las Iglesias cristianas —la católica primero y las evangélicas después—, ha sido usada por las élites económicas y políticas del país como instrumento de dominación desde el gobierno conservador de Rafael Carrera. En colusión con obispos y apóstoles —y bien asociadas al Estado militar—, han invocado desde arriba una imagen torcida de Jesucristo como eslogan para justificar cualquier tipo de imposición sobre los grupos desprotegidos o distraídos por la necesidad. Específicamente, la derecha guatemalteca ha sabido utilizar el cristianismo dominante de los tiempos para darles contenido a sus propias filosofías políticas. En el siglo XIX adoptaron el conservadurismo católico como activo propio, en el XX le anexaron una capa de anticomunismo protestante y a finales de la última centuria incorporaron las máximas del neoliberalismo evangélico de Reagan y Thatcher a su consenso ideológico.

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Desde que en 1852 [1] se unificaran Iglesia y Estado explícitamente, de iure, a través de un pacto con la Santa Sede —conocido como el Concordato—, Guatemala no ha disfrutado de una atmósfera laica, de genuina libertad de conciencia, salvo por un brevísimo período pos revolución liberal (1871-1882) y por la década de los gobiernos de centroizquierda de Arévalo y Árbenz (1944-1954). El caso es que con la ratificación del Concordato en 1854 se instauró la educación confesional católica en todos los centros de instrucción del país, se estableció el diezmo obligatorio, se creó el fuero eclesiástico y —vean esto— se obtuvo la bendición del Vaticano para mantener el orden jerárquico interno y proteger la propiedad privada de la Iglesia y de la aristocracia a través de las armas, el Ejército y la lógica militar. Cualquiera diría que el Concordato se firmó ayer, solo que sustituyendo «católico» por «evangélico». No obstante, la transición de la confesión católica ortodoxa a la protestante como artefacto predilecto de control social no fue fluida, pues sufrió dos interrupciones históricas: la mencionada revolución liberal de 1871 y, sobre todo, la articulación de la teología de la liberación de finales de los años 60, que le apostaba a la emancipación de los pobres y perdía por ello su condición instrumental idónea para la protección del sistema de privilegios.

El Concordato de 1852 ya no está vigente, pero ¿hemos superado la confusión entre el espacio propio de la conciencia y los asuntos típicos de Estado? Cash Luna dice que sí y me asegura no tener intenciones de inmiscuirse en cuestiones de democracia electoral aunque todos lo busquen. Lo suyo es empujar el mensaje de la prosperidad: «Dios bendice al que se esfuerza y recompensa al que sigue sus mandamientos».

No impugno la religión como tal. De alguna manera estaría negando la libertad de conciencia. En cambio, nos llamo a que desterremos toda superstición y todo pensamiento mágico del manejo de la cosa pública. Precisamos construir espacios de comunión y comunidad dignos, autónomos y neutros, que nos proyecten hacia un Estado laico, social, tecnocientífico e incluyente.

Entonces sí de derecho.

(Continúa acá, en Res publica christiana).

 


[1] Ya en el artículo 12 de la Constitución de Cádiz, de 1812, y en el artículo 11 de la Constitución Federal de Centro América, de 1824, se establecía la religión «católica, apostólica, romana» como la confesión pública de Guatemala.

La religión, y en particular las Iglesias cristianas —la católica primero y las evangélicas después—, ha sido usada por las élites económicas y políticas del país como instrumento de dominación.
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