En Guatemala se nos ha inculcado una fascinación dogmática por la estabilidad, por mantener las cosas sin peligro de cambiar. Un concepto que aplicamos a una gama amplia y diversa de ámbitos: el social, el económico, el familiar, etc. Hemos llegado a repetir como loros que la estabilidad es un objetivo y principio bueno y que todo factor desestabilizador debe sofocarse como si de un peligroso incendio se tratase.
Quizá esta sea una de las mejores pruebas del carácter conservador de la sociedad guatemalteca: haber logrado incrustarnos con éxito el rechazo al cambio, la preservación del statu quo como un principio de vida. Claro, un orden establecido del cual disfruta solo una élite pequeña, cuyos privilegios y riquezas desproporcionados se ven amenazados cuando surgen movimientos con el potencial de cambiar o reformar la estructura. Así, mantener la estabilidad, las cosas como están hoy, sin mejora ni deterioro, es una forma de preservar sus privilegios y riquezas. Para ellos, la falta de mejora es el costo de mantener sus beneficios.
Pero esos beneficios no son para todos. El esfuerzo contra la impunidad y la corrupción en Guatemala es ya un ejemplo paradigmático. Para la gran mayoría, romper con el orden establecido de corrupción e impunidad es de indiscutible beneficio social, económico y político, pero es un peligro mortal para esa pequeña élite que se ha enriquecido y ejerce el poder precisamente por las estructuras cuyo funcionamiento se basa intensivamente en la impunidad y la corrupción.
Por ello, cuando hoy se levanta la voz y se antepone la necesidad de estabilizar la situación y dejar atrás la crisis que ha generado la persecución penal de la corrupción, ¿la estabilidad de qué es la que se está defendiendo en realidad? ¿Acaso una lucha legítima y efectiva contra la corrupción y la impunidad no debe, precisamente, lograr desestabilizar y romper con el orden actual de las cosas?
Demandar de forma simultánea estabilidad y reformas estructurales es inconsistente. La primera refiere a la falta de cambio, mientras que las segundas son cambios profundos que para Guatemala han devenido en urgentes demandas ciudadanas.
Entender la estabilidad como objetivo y asumirla como bandera de lucha es rechazar el tránsito de casos de alto impacto en tribunales a reformas estructurales. La lucha en contra de la corrupción no puede ni debe basarse únicamente en un número creciente de casos de alto impacto que logren la persecución penal de los corruptos. Para que esa lucha sea exitosa y legítima, debe cambiar de paradigma abandonando la estabilidad y asumiendo los cambios que implican reformas estructurales en sistemas como el electoral y de partidos políticos, el de administración de justicia y el de política fiscal, entre otros.
De Arzú, de Jimmy Morales, de la gavilla de este y de los grupos ultraconservadores del sector privado no extraña el pánico que les provoca la idea de cambiar el statu quo, lo cual los fuerza a defender fanáticamente su dogma de la estabilidad. Les toca a la ciudadanía consciente, a los miembros del sector privado que son los empresarios de verdad (es decir, los que entienden que el emprendimiento se nutre de los cambios y las reformas estructurales para mejorar) y principalmente a la juventud de hoy, a su deseo natural por mejorar, entender y defender el cambio de paradigma, cambiar y mejorar las estructuras por encima de la estabilidad.
Si la estabilidad prevalece, habremos perdido: nada habrá cambiado. La lucha debe ser por cambios, por reformas estructurales que mejoren las cosas, ¡pero de verdad!
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