El "caso Bárcenas"
España ha vivido en los últimos cinco años una crisis económica y social sin precedentes. A estos graves problemas se le ha sumado el escándalo de corrupción que ha puesto en jaque al gobierno del Partido Popular (PP) en cabeza de Mariano Rajoy.
El caso tuvo sus primeros desarrollos en 2009, con la renuncia temporal del tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuando la Fiscalía Anticorrupción le implicó en la trama Gürtel, lo cual lo hizo renunciar a su curul en el Senado, después de tres décadas de militancia.
Pero el escándalo empezó cuando hace seis meses el diario El País dio cuenta de documentos que constataban la existencia de una doble contabilidad en el PP, y de algunas evidencias sobre pagos adicionales a altos dirigentes de este partido -- incluido el actual presidente de gobierno--.
Los documentos empezaron a ser conocidos como “los papeles Bárcenas”, revelando que --además de los pagos a la dirigencia-- el Partido había recibido “donaciones” irregulares por parte de empresas privadas que, a su vez, recibieron favores mediante concesiones o contratos con el Estado.
En junio de este año Bárcenas fue detenido y al mes siguiente en la declaración al juez certificó la autenticidad y autoría de los documentos publicados por El País. Así, este caso de corrupción involucra a uno de los principales partidos de España, que actualmente ocupa la presidencia de Gobierno con mayoría en el Parlamento. Desatando todo tipo de polémicas y dudas, profundizando el descrédito de la clase política en una coyuntura de profunda crisis social y económica.
El Partido Popular: resistir en silencio y eludir responsabilidades
El PP ha intentado salvar su responsabilidad, ha acusado a Bárcenas de mentir, y Rajoy se niega a dimitir, aunque aumentan las presiones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de los demás partidos minoritarios y de la población reunida en marchas de protesta frecuentes.
La actitud dilatoria del actual presidente de gobierno ha sido una de las conductas más criticadas: las ruedas de prensa a través de un monitor sin posibilidad de preguntas, más el escarceo y la elusión a los medios en días clave o respecto de hechos relevantes, han producido oleadas de críticas. La ausencia de explicaciones ha agravado la polarización y ha acentuado la crisis política. La disciplina del PP y el silencio de sus dirigentes contribuyen a esta crítica situación, mientras las denuncias continúan y las noticias dan cuenta de que Mariano Rajoy mantuvo el contacto con Bárcenas, a quien manifestó su apoyo después de confirmarse la existencia de sus fondos en la banca Suiza.
Un aspecto importante de este caso ha sido la vinculación del partido de gobierno a dos procesos judiciales por corrupción en el curso de unos meses. Francisco Camps, presidente de una Comunidad Autónoma, llamado a juicio en julio de 2011, dimitió de su cargo y abandonó la política pese a haber sido declarado no culpable. En ambos casos la dirigencia del PP ha actuado torpemente, pues las dimisiones han sido tardías, a regañadientes, e incluso dirigentes cuestionados han recibido apoyo de otros miembros de la organización.
Españoles indignados
Los españoles se sienten engañados por el PP y están indignados por el escándalo, una actitud que se suma al desconcierto por las medidas de recorte adoptadas por el partido desde su llegada al poder en noviembre de 2011, algunas de ellas contrarias a las promesas electorales.
Pero aunque la protesta callejera está presente, el aliento que galvanizó a “los indignados” hace más de dos años parece estar agotado y haberse desplazado hacia la recolección de firmas contra diversas medidas de recorte -- la más reciente, el recorte de fondos para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que amenaza su cierre, institución de gran prestigio en el país--.
No es extraño que la gente vaya perdiendo el interés por la corrupción política, puesto que tiene que hacer frente a problemas más reales y próximos como la falta de empleo y su precarización, la imposición de nuevos cobros en la salud y en la educación pública.
La precariedad del empleo, la falta de recursos para la subsistencia y para programas sociales básicos de los españoles contrastan con los millonarios montos por pagos fraudulentos o con los gastos millonarios en campañas electorales.
Por su parte, el principal partido de oposición –el PSOE- carece de la fuerza parlamentaria para promover y presionar la dimisión inmediata y el adelanto de elecciones y pasa por un periodo de crisis de liderazgos nacionales. Asimismo, su división interna plantea serios inconvenientes en la proyección de un liderazgo que congregue al electorado.
Los niveles de confianza en las instituciones decaen y afectan especialmente a los partidos y a los políticos, tanto así que índice de percepción de corrupción de los partidos políticos se ha situado en un 4,4 sobre 10 (Transparencia Internacional) y que el 40,5 por ciento de españoles señalen no tener una simpatía partidista según el CIS.
Los políticos ante los jueces
En todo este escándalo, ¿cómo ha actuado la justicia española? Hay una ola de denuncias y varias investigaciones en curso:
- Luís Bárcenas se encuentra detenido desde el 27 de junio. Según El Mundo, se pretende que la detención evite “el riesgo de fuga, asegurar la preservación de fuentes de prueba”.
- Bárcenas denunció a los dirigentes del PP por violar su despacho en búsqueda de información y por haber retirado algunos computadores.
- El Partido Izquierda Unida interpuso una querella contra Bárcenas y quince dirigentes más del PP por corrupción al recibir ilegalmente fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos.
- El juez ha citado a comparecer a los últimos tres secretarios generales del partido: María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas. Deben aclarar las denuncias de los pagos irregulares de montos millonarios a funcionarios del partido, mientras devengaban salarios por ostentar cargos públicos y declarar sobre el manejo financiero y los tipos de donantes.
Mientras tanto, la comparecencia del Presidente ante el parlamento, con una cómoda mayoría que le proporciona estabilidad gubernamental, no impide que la legitimidad de ejercicio siga en duda. Por ahora Mariano Rajoy se niega a dimitir, aunque las presiones en el Parlamento sigan.
En todo caso, la sensación entre los españoles es que los procesos no prosperarán y que la financiación irregular nunca será comprobada.
Muchas dudas
El manejo de la crisis política requiere de argumentos y en eso el gobierno es un gran deudor. Requiere también de alternativas y de actores políticos que asuman posiciones críticas y contundentes frente a la corrupción, las erráticas políticas y los manejos censurables. El panorama actual es muy confuso.
La población demanda cambios radicales para superar la partidización de las organizaciones públicas, como en el poder Judicial y el Ministerio Público; los solapamientos en las competencias, con la actual organización territorial del poder y el bicameralismo que ha entrado en crisis, con un Senado que no se sabe muy bien para qué sirve.
Hay escepticismo respecto de los cambios, hasta ahora parecen improbables y las crisis se siguen acumulando. El verano y las vacaciones llegan y será un período de gracia para sortear las presiones internacionales y soslayar las locales.
*Publicado en Razón Pública el 4 de agosto.
Más de este autor