Digo animal raro no en forma peyorativa, sino en términos de que será muy difícil clasificar qué tipo de mecanismo ha sido concretamente esta comisión. Si bien nace en el espíritu de la persecución de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, la comisión ha tenido una evolución muy interesante. No solo opera para desmantelar estos cuerpos paralelos, sino también es una agencia de fiscalización horizontal, por no decir que es una superfiscalía anticorrupción, pues engloba el modelo de Falcone en términos del combate del crimen organizado: un órgano dotado de prerrogativas, rodeado de lo mejor que el sistema tiene para la persecución de la justicia. Al mismo tiempo es un ente que puede sentar agenda y que incluso realiza tareas como si fuera un watchdog.
Quizá sería interesante reparar en la influencia positiva de la comisión en términos de insumos creados a raíz de su existencia. Se develan figuras penales nuevas en la LCCO, entre ellas la creación de juzgados de mayor riesgo, asociación ilícita, conspiración, obstrucción de la justicia, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo transnacional (entre otras). Si bien es cierto que dicha ley es del 2007, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala genera toda una serie de reformas en el año 2009 para en 2012 ver por fin la luz con estas añadiduras.
El sistema de justicia y las formas de operar tienen un antes y un después con la Cicig. Basta observar la estructura que hoy realizan las escuchas telefónicas en la misma PNC: la tecnología, la profesionalidad y la forma de procesar información no se tenían en Guatemala antes del 2007. No digamos la experiencia que fiscales e investigadores están adquiriendo en carne y hueso respecto a cómo coordinar esfuerzos y blindar operaciones. Luego de casi una década de esta experiencia, los cambios son más que estéticos.
La decisión de ampliar el mandato de la comisión por parte del gobierno del presidente Morales es afortunada, aunque es una razón de necesidad de supervivencia política. Sin embargo, quizá lo peor aún no se ha visto. Porque en la estructura de combate actual de la comisión en razón de la estrategia de eliminación de objetivos de alto valor (lo mismo que decapitar liderazgos de estructuras) falta aún la reacción del agrupamiento de las estructuras afectadas. No solo en ataques y descrédito a la comisión, sino en el bloqueo por parte del sistema y en la violencia simbólica hacia quienes apoyan este esfuerzo (no solamente porque destapan escándalos fiscales). La experiencia de la Cicig puede intentar desmantelar y desbaratar cuanta estructura paralela exista, pero dichas estructuras no desaparecen, sino mutan. Por lo tanto, más allá del período de la comisión, ¿qué agenda existe?
Quizá entonces, antes de preguntarnos sobre el traspaso de capacidades, es necesario ir adelantando esfuerzos ante el escenario de todo un sistema corrupto que intenta dar un último zarpazo. La Italia de Falcone y Borsellino fue testigo de ello. La Colombia de Velázquez también vivió dicho punto de inflexión, en el que parece que todo lo ganado se pierde. Hay que prepararse para ello. Y en tanto el experimento de la Cicig no puede eternizarse, llegará un momento cuando las lecciones y capacidades aprendidas han de ser preservadas por los mismos guatemaltecos de bien.
Y cómo decía Falcone: «La mafia somos todos en tanto el dinero sucio nos facilita la vida».
¿Habremos aprendido la lección de estos más de diez años?
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