El viernes pasado se publicó el Acuerdo Gubernativo No. 30-2014, mediante el cual el Ejecutivo dispuso cobrar US$15 a quienes salgan de o ingresen a Guatemala por vía aérea, y cuya recaudación será fondo privativo de la Dirección General de Migración (DGM). La medida ya está causando malestar, y algunas bancadas en el Congreso se apresuran a cuestionar a los funcionarios que autorizaron esta medida, sobre la cual el propio Ministro de Gobernación dijo ignorar el destino de los recursos.
Los impuestos, tasas, arbitrios y otros cobros establecidos por ley siempre generarán malestar y rechazo, pero su permanencia gana legitimidad toda vez el destino de los recursos sea para el bien común. En el caso del cobro recién creado, se supone que el destino será cubrir financieramente el costo del registro y documentación del control migratorio. Que este propósito justifique el cobro es muy discutible, y además de su debilidad técnica y creación antojadiza, la cosa empeora cuando cabe la posibilidad que sea inconstitucional (un impuesto “disfrazado” de cobro por documentación migratoria).
Pero, si se llegara a demostrar que no es inconstitucional o que no viola otras leyes, las autoridades podrían tener alguna oportunidad de defensa si demostraran ante la opinión pública el beneficio social del uso de estos recursos. Pero nada qué ver. La realidad es casi un escándalo de las más grandes proporciones.
Ocurre que el 16 de enero recién pasado, la DGM abrió el concurso por cotización pública DGM-001-2014 con el número de identificación de Guatecompras (NOG) 3080072, mediante el cual se pretendió usar fondos públicos para que el Interventor de esa entidad, Vicente Roca Menéndez, se condujera en una camioneta protegida con blindaje nivel 7 (el mayor posible, contra bombas y atentados mayores), color negro, modelo 2014 y otras características anómalamente específicas (deléitese el lector con las bases del concurso aprobadas, con todo y dictámenes jurídicos y técnicos). Según la única oferta recibida, un vehículo como el requerido por Roca Menéndez cuesta más de Q 850 mil.
¡Pero por Dios! ¿A qué le teme este señor? O, ¿será un caso de ambición desmedida de un funcionario público malversando fondos?
Así que tenemos al Interventor de la DGM pretendiendo destinar el cobro que aprobó el Presidente y el Ministro de Gobernación (y que, según el Acuerdo Gubernativo No. 30-2014, hasta los deportados tendrían que pagar por control migratorio e ingresar por vía aérea al país), para comprar la camioneta blindada de sus sueños. ¿Qué tal?
Según historial de acciones de Guatecompras, a las 11:35:50 horas de ayer lunes 3 de febrero, Priscila Eugenia Valdéz Gómez cargó en el sistema la Resolución DGM-012-2014, mediante la cual Roca Menéndez autorizó la compra de su camioneta blindada. Alrededor de las 12 horas recibí una llamada de la periodista que estaba investigando este escándalo, recopilando opiniones técnicas y posturas, quien en particular, llamó al vocero de la DGM. Misteriosamente, a las 12:48:32 horas, un poco más de una hora después de haberse autorizado la compra, la misma operadora Valdéz Gómez cargó en el sistema la Resolución DGM-013-2014, en la que ahora Roca Menéndez prescindió (anuló) la operación.
¿Qué pretendía este señor? ¿Acaso que no nos diésemos cuenta lo que intentó hacer?
Le toca a Roca Menéndez explicar estas actuaciones. A nosotros, nos toca darnos cuenta del valor de la auditoría social y el poder ciudadano de exponer los actos anómalos de funcionarios y del uso indebido de fondos públicos.
Presidente, ¿y su discurso de austeridad, transparencia y combate a la corrupción?
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