El retorno a la normalidad de crisis política, social y económica luego del puente y feriado por la fiesta de la ciudad capital ha sido fundamentalmente trágico. La masacre ejecutada a plena luz del día en uno de los más grandes centros de atención hospitalaria ha llenado de luto y dolor a varias familias y sectores. Un comando integrado por presuntos miembros de pandillas tomó por asalto el hospital Roosevelt para liberar a Anderson Daniel Cabrera Cifuentes. El grupo alcanzó su objetivo, pero a costa de la muerte de varias personas, entre quienes se encuentran un médico, un residente, un niño, dos guardias del Sistema Penitenciario y un guardia privado. La acción se asemeja al ataque realizado en marzo de 2015 al Hospital General San Juan de Dios, en el cual murieron cuatro personas.
La magnitud del hecho fue cubierta por la prensa, en la cual destacaron las intenciones del sector mediático, vinculado al empresario Ángel González, de motivar que la sociedad renuncie a la defensa de sus derechos. Con el juego informativo de señalar la necesidad de mano dura, culpan al ejercicio de los derechos humanos de las gravísimas fallas del sistema político y económico nacional.
No faltaron los diputados que con dicho discurso levantaron la aprobación de una ley para el supuesto control de maras y pandillas, pero que en realidad está redactada de tal forma que no contribuye a resolver el fenómeno y criminaliza el ejercicio de derechos. Es decir, un Congreso que ha estado presto a manosear el presupuesto y a recetarse prebendas, cual mara organizada y con corbata, intenta quedar bien y lavarse la cara supuestamente promulgando leyes de mano dura, pero en realidad sirve en bandeja de plata la norma para que se considere terrorismo el ejercicio del derecho de manifestación, petición o reclamo social y ciudadano al Estado.
Ni qué decir de aprovechar la atención social concentrada en la tragedia para intentar aprobar en definitiva una nueva ley del Ejército que reviva el fuero militar, el cual se extendería a oficiales retirados justo cuando han mantenido en impasse los procesos por violaciones de derechos humanos. Por si fuera poco, también muy calladitos reviven la posibilidad de que se vuelva a formar el Estado Mayor Presidencial, de triste recordación por criminal y corrupto.
El sistema judicial no se ha quedado atrás y, como cuota de impunidad, se da el lujo de dejar en libertad a responsables de la tragedia en la que se asesinó a 41 niñas y se dejó gravemente heridas a otras 15 en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción. De igual manera, uno de los casos fundamentales por la estructura de corrupción, el del Bufete de la Impunidad, vinculado a la magistrada de la corrupción Blanca Stalling, también fue sobreseído en primera instancia. Por si fuera poco, la tragedia en el hospital Roosevelt tuvo su origen en una orden emanada del Tribunal C de Mayor Riesgo, presidido por el juez Pablo Xitumul.
El día se cierra con la renuncia obligada del director de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos (USAC). El funcionario universitario entregó una copia del padrón estudiantil —luego de dictamen favorable del secretario jurídico de la entidad— a un grupo que no tenía base legal para ello. Con esta acción resulta que hay dos entidades que en la misma fecha realizarán elecciones para la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), algo no solo irregular, sino absolutamente ilegal. La renuncia del personero de la USAC no repara el gravísimo daño causado al esfuerzo por rescatar a la AEU de las mafias que la tienen capturada desde hace 17 años. Vulnera también el esfuerzo que desde dentro ha efectuado el movimiento estudiantil por el rescate de su entidad gremial, que ahora se ve en riesgo de quedar manejada por la alianza corrupta de quienes detentan la dirigencia de la AEU y de la universidad misma.
De esa manera, el oscurantismo nacional ha tenido, con este variopinto panorama de sucesos, amplios motivos de celebración y de reacomodo. Cabe preguntarse si seguiremos haciendo culto a la indiferencia y permitiremos que nuestro destino sea trazado por el lado turbio de la sociedad o si alzaremos la voz en defensa de la vida. Si nos movilizaremos en reclamo de nuestros derechos y en exigencia al Estado para que cumpla sus obligaciones. Si despertaremos por fin del letargo del horror.
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