Sin embargo, este procedimiento no será ‘miel sobre hojuelas’, particularmente porque el partido de los militares actualmente en el poder se ha opuesto férreamente a las cuestiones efectivamente democráticas contenidas en esa propuesta, apoyando sólo aquellas que se refieran a agilizar el funcionamiento del TSE. Es decir, los patriotistas y sus aliados dentro y fuera del Hemiciclo, especialistas en maquillaje y “shampoos”, no confían en la democracia y no son aliados de la ciudadanía cuando de ella se trata.
Igualmente puede suceder con la agrupación ahora mayoritaria en el Congreso, pues si bien se han pronunciado a favor de todos los cambios, es común verles decir una cosa y proceder de forma contraria, más aún ahora que han absorbido “temporalmente” a los tránsfugas de micro partidos que, cínicamente, han dicho que por ahora correrán con ese partido, pero que guardan la ficha del suyo para el futuro.
Evidentemente, hay reformas que como el voto en el extranjero (Art. 12), la limitación de los períodos de reelección del Secretario General de los partidos (Art. 32), la cancelación de partidos al no participar (Art. 93), establecimiento de cuotas para pueblos originarios y mujeres (Art. 212), así como la contratación a través del TSE de la propaganda en medios de comunicación impresa, radial y televisiva (Arts. 220, 221 y 222), aportan a la creación de un sistema político democrático, siendo estos asuntos donde el grupo en el poder y la franquicia electoral que supuestamente se les opone en el Congreso harán uso de todos sus trucos para evitar que se aprueben. Aunque usando distintos métodos y procedimientos, ambos grupos políticos intentarán a toda costa evitar que esos artículos, conservando ese espíritu, se conviertan en Ley.
Hay, no obstante, otras reformas que aunque a simple vista parecen mejorar el sistema político nacional, en el fondo resultan antidemocráticas, y es notorio que la CC las aprobó porque dejan en manos de los grupos conservadores el control del poder político, ya que evitan el surgimiento y consolidación de tendencias críticas y cuestionadoras.
Tal es el caso del establecimiento 160 diputados como máximo para integrar el Congreso (Art. 205). En una sociedad con un acelerado crecimiento poblacional, este número pronto hará no sólo difícil sino casi imposible la representación de efectivas y reales minorías, necesarias e indispensables para la construcción de la democracia. El Legislativo se mantendrá en manos de los que cuenten con el apoyo abierto u oculto del poder económico. A menor cantidad de diputados, más votos serán necesarios para obtener la curul, con lo que los distritos que tienen apenas dos o tres representantes se verán sometidos a la manipulación de los caciques locales, cuya hegemonía será cada vez más difícil de romper. Evidentemente, ésta es una medida que a simple vista agrada a la población pero, si lo que se quiere es abaratar el costo del Legislativo, ¿por qué no reducir las remuneraciones y las dietas?
De igual manera, resulta antidemocrático ampliar arbitrariamente el número de afiliados de los partidos (Art. 19), pues eso condena a nuevas expresiones ideológicas a realizar muchos más esfuerzos que los hechos por los partidos ya existentes para obtener su inscripción, abriendo la puerta a la compra-venta de “fichas electorales” como sucedió recientemente con el Partido Verde y es la pública intensión de los dueños de la GANA. En lugar de ello, la reforma bien podría haber ido a exigir que cada cuatro o cinco años los partidos presentaran nuevamente sus listados de afiliación, de manera que el trabajo de proselitismo resulte permanente y no simplemente una tarea fundacional.
Reducir el número de miembros de los comités ejecutivos nacionales, sin dejar claramente condicionada la representación de minorías dentro de los partidos resulta también antidemocrático, pues los sectores que tengan visiones diferentes al interior de una organización política tendrán que optar por salirse de la ella (los casos de la GANA y Unionistas como desprendimiento del PAN son ejemplos recientes) o participar en permanente marginación al interior de su agrupación. Los CEN cerrados y reducidos tienden a fortalecer los cacicazgos.
Finalmente, resulta extraño que siendo la reelección indefinida de alcaldes y miembros de las corporaciones municipales fuente de tanta corrupción, este asunto no haya sido incluido en las propuestas de reformas que se propusieron en el Congreso el año pasado.
Evidentemente las reformas en su conjunto, si aprobadas, constituyen un significativo avance para la modernización y transparencia del sistema político, con algunos atisbos para la creación, finalmente, de un sistema efectivamente democrático. Sin embargo, es notorio que la reforma profunda de nuestro sistema político y estructura de gobierno resulta urgente e imprescindible y para ello es indispensable una reforma constitucional.
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