Sin embargo, no es enumerar las mentiras del gobernante lo que mueve esta columna. No. Lo que interesa analizar es el pensamiento y la doctrina política que estas encierran, y más aún cuando provienen de una de las más importantes autoridades del país. No olvidemos que el ejercicio del poder en Guatemala ha estado marcado por el abuso, la arbitrariedad y el autoritarismo.
La etapa de la democracia formal, iniciada en 1985 con la entrada en vigor de la actual Constitución Política, no logró superar esta falla. Conforme el sistema político quedó en control de estructuras corruptas y de crimen organizado, esos niveles se acrecentaron y profundizaron con cada gobierno, en particular en los dos últimos, con Jimmy Morales y ahora con Alejandro Giammattei, en los cuales la relación con la prensa fue de mal en peor.
Una situación que atenta de manera brutal contra los principios esenciales de la democracia. En tanto suscriptor de los tratados que le dan vida, este país garantiza la libertad de expresión con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), la Convención Americana de los Derechos del Hombre (artículo IV) y, por supuesto, la Constitución Política de la República (artículo 35). Y con ello quedan garantizados también la labor de la prensa y el derecho de toda persona a informar y a estar informada.
Recién inaugurado el actual gobierno, Giammattei se atrevió a rociar con un aerosol a los reporteros que cubrían su actividad argumentando que los fumigaba: una clara alusión a la eliminación de plagas que resultaba ser el concepto que en ese momento el gobernante externaba sobre la prensa. Luego de que en varias investigaciones periodísticas se evidenciara el rol que seguían jugando sus asesores de campaña Poll Anria y Kif Nava, los reporteros Marvin del Cid y Sonny Figueroa fueron acosados por elementos de seguridad de la Presidencia. Posteriormente, Figueroa enfrentó una campaña de desprestigio en redes sociales.
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La publicación de un reportaje sobre quiénes integran el Centro de Gobierno, dirigido por el protegido de Giammattei, Luis Miguel Martínez, desató el ataque y la criminalización (es decir, el uso indebido del derecho penal) en contra de Figueroa. Al mismo tiempo, Martínez informó que su familia había demandado a Plaza Pública por acoso luego de que este medio publicara una investigación que revelaba los vínculos de dicho funcionario con Giammattei a partir de una empresa en común.
En una semana, la vena autoritaria, arbitraria y abusiva del Gobierno salió a relucir plenamente. Si en meses previos apenas había asomado con acciones contra la prensa independiente, en la última semana transcurrida se mostró en todo su esplendor y peligrosidad. Silenciar la prensa independiente es una acción de gravísimas consecuencias para el ejercicio de todos los derechos y libertades, ya de por sí constantemente amenazados.
Dado el nivel de arrogancia que caracteriza y engorda el ego del gobernante, es impensable que ofrezca una disculpa a los periodistas agredidos y, peor aún, que ordene a su protegido que desista de sus acciones abusivas y arbitrarias. En tal sentido, toca a la sociedad en general, a la sociedad organizada y a la prensa independiente ejercer sus derechos y no bajar la guardia ante la amenaza.
Solo una actuación de unidad en el movimiento social y de respaldo gremial entre las y los periodistas hará llegar la lección de que no hay democracia sin derechos y de que estos solo se ejercen a plenitud si se vive en democracia.
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