Entrar al quite

Autores como Pettit han apuntado al ethos republicano más importante: el pago de impuestos. Alcántara mismo, al referirse a los aspectos que sustentan la gobernabilidad del sistema democrático, delinea esa relación profunda que debe existir en la contribución ciudadana para sostener y garantizar el correcto funcionamiento de los procesos estatales. Contemporáneamente, los enfoques más cercanos a la ortodoxia económica apuntarán a la medición de dicha contribución con base no en el pago de impuestos indirectos, sino en el de impuestos directos, como el indicador para determinar cuál es el sector ciudadano que legitima el pacto político. En efecto, cuando las tasas de informalidad en la población económicamente activa de la región sobrepasan el 50 %, hay de hecho un problema sistémico, pues pocos parecen legitimar el contrato social.

¿Quién quiere pagar entonces por el sistema?

Me refiero al término sistema tratando de argumentar lo poco que ayuda la visión marxista del Estado cuando estamos en un contexto donde lo que discutimos son ejes de reforma. El sistema per se es un contexto o un ambiente que regula interrelaciones y provee entradas y salidas para la coordinación de demandas. En efecto, así como el sistema puede negarse a atender solicitudes concretas, también puede, al mismo tiempo, proteger derechos como la libre expresión o la manifestación pública, que en estos días resultan importantes. Poder salir al espacio público para expresarse y manifestar es también el sistema. El problema no es el sistema. El problema es el tipo de reglas existentes que orientan los comportamientos del sistema.

A veces un sistema puede requerir de respiradores artificiales para operar. Visto desde un enfoque behaviorista, esta ha sido en concreto la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Por cierto, creer en la labor de la Cicig y apoyarla significa también que el sistema, en efecto, se puede reformar a pesar de sus bemoles. Y lo que la Cicig ha hecho precisamente es mostrarnos que, con los incentivos correctos y con los costos de transacción apropiados, el sistema puede dar resultados importantes. Porque, en serio, para resistir, destruir o refundar un sistema, el modelo de la Cicig no hace falta. Basta tomar la actitud de ciertos actores económicamente relevantes que, en la posición antisistémica más pura, siempre han rehuido la responsabilidad fiscal para proveerse por vía paralela del sistema.

Ahora bien, ¿cuánto cuesta el modelo de la Cicig? ¿Cuánto cuesta el tipo de justicia que la Cicig produce? ¿Cuál es el precio de los casos de corrupción de alto impacto?

Precisamente estos casos han motivado expresiones interesantes de la sociedad civil, pero hay que decirlo: es muy fácil simplemente indignarse frente al televisor o salir a agitar banderas el sábado. La pregunta de madurez política es la siguiente: ¿está la ciudadanía lista para absorber el costo de una justicia al estilo Cicig? Es una pregunta muy compleja de responder frente a las cifras que muestran que menos de dos millones de guatemaltecos pagan el ISR. El debate, como todo lo que tiene un efecto sistémico en Guatemala, es de carácter fiscal. Lo fiscal encendió las expresiones populares, pero es al mismo tiempo el aspecto que podrá evitar o generar la institucionalización de dichos mecanismos.

Quizá habría que plantear otras ideas.

¿Cuál es la dificultad de construir este tipo de casos?

De acuerdo con estándares más o menos internacionales (al menos en el modelo de investigación utilizado por el Buró Federal de Investigación —FBI, por sus siglas en inglés— y por las gendarmerías europeas), no son menos de 90 días de trabajo continuo los que determinan si un caso tiene relevancia o no. Lo anterior debe sumarse a todos los casos existentes y se hace más complejo según el número de investigadores disponibles. Obviamente, las superfiscalías tienen mayor presupuesto y mayor dotación de investigadores, analistas, especialistas en contabilidad forense y personal de planta para realizar escuchas y sin número de etcéteras. Pero eso tiene un costo. No hay cifras específicas de acceso público para determinar cuál es el costo de producir una investigación que nos da como resultado casos como TCQ o Cooperacha. Pero sí sabemos que el presupuesto anual de la comisión ronda por entre 12 o 15 millones de dólares. Entonces, por ahí, más lo que cuestan las escuchas, la protección de testigos y todos los aspectos invisibles para el público con relación a la construcción de un caso de alto impacto, es como vamos trazando el costo de la justifica efectiva. A manera de alegoría, otro ejemplo. La Dirección de Investigación Antimafia (Direzione Investigativa Antimafia), que depende del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior italiano, debe rascar los recursos asignados que se supone que sean al menos paralelos al 6 % del PIB italiano (octava economía mundial). Pero resulta que las ganancias de la mafia superan el presupuesto entero de la UE. A merced de la crisis y del daño que el berlusconismo le hizo a la agenda antimafia dejada por Falcone, el mismo caso de Italia nos muestra lo difícil que es hacer permanentes los ejes de reforma en el contexto de la provisión de justicia.

Por eso, cuando argumentamos que es vital que la ciudadanía acuerpe a la Cicig, no solo se trata de un apoyo moral, que en efecto es importante. Basta recordar que, hasta antes del 2015, para la mayoría de la clase media, la Cicig era una piedra en el zapato. El espíritu de cuerpo es fundamental, pero es importante, muy importante, colocar dos escenarios en el horizonte. Quizá sean aventurados, pero no dejan de servirnos para la discusión.

Primero, dado el problema de corrupción estructural del Estado guatemalteco, así como la eventual reacción de los poderes paralelos ante este problema, es iluso pensar que en el 2017 se pueda suponer que la misión ha sido cumplida. Segundo, así las cosas, el mandato de la Cicig debe extenderse, pero, ante la crisis económica actual, no es aventurado pensar que la ciudadanía local deba entrar al quite. Incluso, en el peor escenario posible, habría que suponer que nos tocaría pagar un impuesto extraordinario para empoderar las estructuras de seguridad y, además, cofinanciar la Cicig.

¿Los cambios estructurales se pueden lograr operando desde lo parasistémico?

Es muy difícil.

Es necesario vincularse al sistema. Y allí es donde el compromiso y la vocación ciudadana real se miden. Vocación y compromiso a los que históricamente tanto el gran capital como las derechas e izquierdas de carácter antisistémico (menos republicanas) les han dado muy poca importancia, por no decir ninguna.