Una larga historia de exclusión que padece gran parte de la sociedad guatemalteca, y que es uno de los principales aspectos que subyacen en toda la movilización social que actualmente se genera en Guatemala.
La literatura especializada ha demostrado que, por lo general, la movilización social es propiciada por sentimientos de agravio generalizado como los que produce la pobreza, pero también se sabe que aunque esta es una condición necesaria, no es suficiente en sí misma para provocar la conflictividad.
¿Cuál son entonces los detonantes de la movilización?, o en otras palabras, ¿por qué en determinados momentos se activa con fuerza la conflictividad?
Los indicios parecen enfatizar varios elementos: en primer lugar, cambios en el entorno político, tales como la transición democrática y el apoyo económico de actores internacionales a grupos y actores subalternos, lo que significa que hay una percepción de que existen algunas “ventanas de oportunidad” para muchos sectores sociales subordinados. Esta expiación pinta un panorama de intensa lucha entre los sectores que pretenden mantener el statu quo, o las condiciones de exclusión que tanto les ha favorecido, y los sectores que pretenden mejorar sus condiciones de inclusión en el sistema político.
En segundo lugar, parece existir una imagen generalizada en muchos actores nacionales de que en esta apuesta por el cambio, las instituciones se convierten más en un obstáculo que en un potencial aliado, lo cual ha permitido que exista una clara diferenciación en la acción: algunos sectores –los menos– libran una batalla política en la arena de las reglas formales, intentando cambiar y/o hacer valer el ordenamiento legal.
La mayor parte de los actores políticos y organizaciones sociales apuestan por transformar –o consolidar– su realidad mediante demostraciones de fuerza y violencia que no son más que el uso de los mecanismos políticos informales que durante tanto tiempo han sido usados repetidamente en el pasado, lo cual contribuye a la imposibilidad práctica de imponer lo que los juristas llaman el Estado de Derecho. La consecuencia de ello es lo que apreciamos en Guatemala: la sistemática persistencia de los fenómenos de la violencia y del conflicto.
En Guatemala, la debilidad del entorno institucional, que no cumple con el papel estabilizador de las relaciones sociales, es uno de los principales detonantes de la conflictividad, tal como hemos señalado repetidas veces en otros artículos, lo cual induce trágicamente a los actores sociales a recurrir a estrategias de fuerza que permitan negociar lo que en por otros caminos, es imposible obtener. ¿El resultado? En cada negociación se debilita aún más la de por sí, débil institucionalidad.
Por ello, la lógica del conflicto en Guatemala está atravesada por esta desestructuración sistemática de la institucionalidad, la cual tiene una secuencia reproductiva más que consolidativa. Es decir, frente a una situación en la que las reglas formales son violentadas por los acuerdos informales –usualmente, arreglos que se basan en la correlación de fuerzas que existe en la sociedad–, los actores sociales recurren a la estrategia de la presión política por la vía de acciones violentas, consolidando la vía del poder informal y paralelo que reta a las estructuras formales, obligándolas a modificar su accionar.
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