A fin de dar paso a las políticas de contención, las primeras disposiciones conllevaron la restricción de garantías, la cancelación de eventos, la adopción de cuarentenas domiciliares y la preparación de infraestructura sanitaria. La declaratoria del estado de calamidad depositó en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el liderazgo de las acciones acordadas. Luego de habilitar el hospital de especialidades del municipio de Villa Nueva, se adecuaron las instalaciones del Parque de la Industria en la ciudad capital y en otras cabeceras departamentales, como las de Quezaltenango, Petén y Zacapa.
El hospital de campaña del Parque de la Industria fue acondicionado, según publicaciones de prensa y comunicaciones oficiales, a partir de donaciones provenientes del sector privado, particularmente de las empresas más grandes del país, las cuales aportaron un promedio cercano al millón de dólares por entidad. Las imágenes de los primeros donativos mostraron camas y equipo de uso hospitalario para la atención de los pacientes que habrían de ser atendidos en el lugar.
Sin embargo, en poco menos de un mes desde que se trasladó a las primeras personas surgieron denuncias sobre las condiciones inadecuadas del sitio. Un video que circuló profusamente en redes sociales mostraba que quienes hacían la denuncia no utilizaban ropa hospitalaria adecuada. Las imágenes del sitio mostraban también que las personas debían dormir sobre catres acondicionados con esponjas, y no en las camas de uso hospitalario donadas. Y si estas no eran suficientes, el hospital contaba con una asignación presupuestaria aún no ejecutada con la cual podría haber adquirido las faltantes.
Pero es precisamente la baja o nula ejecución lo que caracteriza la práctica institucional en la emergencia. De 1,400 millones de quetzales adjudicados por el Congreso para atender la crisis del covid-19 en Guatemala, en lo que va desde el acuerdo apenas se ha ejecutado el 0.49 %. Entonces, la pregunta es dónde está el dinero que debe destinarse para equipamiento, personal e insumos para diagnóstico masivo (entre estos, pruebas del covid-19).
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La duda crece cuando la información es nula. No es lo mismo aparición que información. Eso queda probado con las casi diarias cadenas nacionales que ofrece el presidente Giammattei. En estas, poco o nada se le informa a la población. En tanto, la prensa, que debe tener acceso a los datos esenciales, no solo enfrenta sequía de estos, sino también cortapisas oficiales a su labor. Al mismo tiempo, los periodistas que cuestionan abiertamente este actuar o revelan acciones opacas de funcionarios públicos enfrentan campañas de difamación e incluso reprimendas del mismo gobernante.
El poco tiempo que tenía en el gobierno es inadmisible como excusa para lo que sucede, pues Alejandro Giammattei no es un político novel, sino experimentado. Pero además él mismo añade el plus de ser médico de profesión y, por lo tanto, de supuesto conocedor de las necesidades que se viven o, en todo caso, de ser alguien que entiende a los expertos en la materia. Sin embargo, las acciones oficiales evidencian, en su inmensa mayoría, que esto no es así.
La ambigüedad o ambivalencia de las disposiciones de resguardo sanitario pone en riesgo los pocos resultados alcanzados. La limitada o nula ejecución deja duda sobre el destino final de los recursos económicos, en tanto que la ausencia de información y de datos a la sociedad y a la prensa tiende un manto de opacidad sobre la gestión gubernamental.
Cabe requerir como ciudadanía que el presidente corrija el rumbo y desvanezca con ello el meme que circula y destaca que él ha superado a Roxana Baldetti, ya que solo le ha tomado tres meses reunir la fortuna que ella hizo en tres años de saqueo de las arcas nacionales.
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