La acumulación desmedida de riquezas para España, los militares de esa época y la Iglesia se fundó sobre las leyes impuestas y sobre la organización de una serie de enclaves (que, articulados, algunos llaman Estado) que permitieron contar con instrumentos, procedimientos, estructuras, imaginarios y acciones para el ejercicio del poder colonial.
Cinco siglos después, la institución más fuerte material e ideológicamente dentro del Estado es el Ejército, que con las Iglesias sustenta los privilegios de las élites oligárquicas y opera con estas al unísono para mantener el sistema.
Pedro de Alvarado, el primer militar colonial, se hizo de vastos territorios, así como de pueblos, de títulos ganados por su violencia, de desprecio a los pueblos originarios y de privilegios que, como los de otros militares, religiosos y comerciantes, constituyeron las primeras riquezas que hoy sustentan a la oligarquía guatemalteca.
Los militares que han dirigido el país se han enriquecido a costa de la explotación de la madre naturaleza y de los pueblos indígenas. El más icónico de ellos, Justo Rufino Barrios, que institucionalizó y fortaleció legal e ilegalmente el Ejército (que lo tiene como su fundador), acumuló enormes riquezas obtenidas por el ejercicio del poder de las armas y por el poder político.
En el documento jurídico Memoria de la riqueza de la mortual del señor general expresidente don Justo Rufino Barrios en su relación con los intereses de la hacienda pública (Guatemala, El Renacimiento, 1885, segunda edición aumentada) se hace un inventario de los bienes de dicho militar, que abarcaban, en resumen, 22 fincas en distintos departamentos del país, una casa en Nueva York, un palacio en París (sic), una finca en México, un lote de costosas alhajas y miles de fanegas de maíz, café, panela, sal y henequén, además de sus propiedades y de su participación en mineras y en las diligencias que viajaban a Quetzaltenango. También se incluyen una gran cantidad de efectivo por la venta de ganado, muchas acciones y derechos en varias entidades comerciales impulsadas por su gobierno.
El presidente también poseía acciones del Banco de Occidente, del Hipódromo, de los ferrocarriles de Champerico, del sur y del urbano, así como de la compañía de vapores, de los cuales recibía grandes utilidades. Eran obras construidas, la mayoría, con dinero público. También tenía ingresos por las peleas de gallos y por las casas de préstamos, además de 300 caballerías de tierra en el trayecto del ferrocarril del norte.
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Según el documento, Barrios recibía 500 pesos diarios al año, gastos de representación indebidamente (sic) pagados por la administración de licores, 200 pesos diarios de la artillería, ingresos del negocio de licores en su casa, un «tributo feudal» que recibía de los presidentes de El Salvador y de Honduras, donaciones del Gobierno mexicano (depositadas en bancos extranjeros), utilidades en los contratos de gobierno, sueldos para los gastos de su casa, utilidades en la sociedad de licores que no pagaban impuestos aduaneros, regalos en efectivo de la Asamblea Constituyente, sueldos como teniente general y como presidente y cantidades significativas de dinero sacadas extraordinariamente del presupuesto militar.
También recibía dinero de los pueblos indígenas para no ponerles estancos de chicha y de aguardiente, pagos para no hacer trabajo forzado e ingresos por indultos a presos. El personal que trabajaba en sus propiedades y negocios era pagado con fondos públicos.
En el documento hay otros rubros inventariados. Todo producto de la extracción de los recursos del Estado y la suma final de sus bienes eran de 33 millones y medio de pesos, cuya heredera universal fue doña Francisca Aparicio de Barrios.
Siempre ha sido así con los presidentes militares. Jorge Ubico, millonario. Arana Osorio, con la transversal del norte, permitió que muchos militares se hicieran de tierras ilegalmente, lo que originó ese largo calvario de los pueblos indígenas (en las Verapaces, especialmente) que ha costado miles de vidas por defender un territorio robado por la fuerza. La misma historia con Otto Pérez Molina y con el hijo del general Ríos Montt, procesado este último por defraudación al Ejército por 471 millones de quetzales.
Paradójicamente, desde la invasión son los indígenas los forzados a integrar la tropa militar mientras el mando es para los estratos blancos y ladino-mestizos.
Para eso se crearon las instituciones como enclaves: impenetrables para la población, mantienen los privilegios internos de los que son parte de dichos espacios coloniales de poder.
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