Maestro de profesión y vocación, Bernardo ha dedicado su vida a la educación y a la lucha por la defensa del territorio en la región del río Cahabón. A pedido de sus hermanos y hermanas del pueblo q’eqchi’, se involucró en las movilizaciones para luchar contra los proyectos extractivos Oxec I y Oxec II, de sendas hidroeléctricas, que destruirán el río, fuente de vida para las comunidades.
Con el apoyo de Bernardo, las comunidades probaron que dichas hidroeléctricas se apropiaron de terrenos comunitarios. Las gestiones ante las autoridades estatales para revertir la concesión ilegal otorgada por el Gobierno pusieron a Bernardo en la mira de las empresas. De tal suerte, una protesta y los sucesos que se dieron en ella el 15 de octubre de 2015 sirvieron de pretexto para montar un caso espurio en contra del defensor.
La denuncia contra Bernardo, como ha sucedido en otros casos de criminalización, fue presentada por empleados de una empresa. Trabajadores de Netzone, S. A., que tercerizaba servicios de construcción para la segunda planta de la hidroeléctrica Oxec, afirmaron que fueron retenidos y despojados de sus pertenencias por un grupo de comunitarios que se oponían a la hidroeléctrica. Los denunciantes aseguraron, mintiendo, que Bernardo lideraba el grupo que supuestamente los agredió. Pese a la evidencia de que el defensor del territorio no se encontraba en el sitio de los hechos cuando estos se dieron, el juez resolvió condenarlo.
Esta semana también empezó la etapa intermedia en el proceso contra la defensora del territorio María Cuc Choc, detenida el 17 de enero. A María se le acusa de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal. La acusación es encabezada por la empresa Lisbal, S. A., la cual, según una publicación del Centro de Medios Independientes, está vinculada a Rodrigo Lainfiesta Rímola, sindicado por la Cicig en el caso Fraijanes II. María es acusada por hechos en los que, al igual que Bernardo, no participó. Sin embargo, pese a ello, también ha avanzado el proceso y está por comenzar la etapa de acusación en su contra.
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En febrero de 2017, otro maestro y también dirigente comunitario q'eqchi', Abelino Chub Ical, fue capturado. Se lo ha ligado a proceso por los delitos de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita. Pese a que el Ministerio Público (MP) pidió la libertad del defensor y planteó que no hay pruebas en su contra, el juez de Izabal ordenó ligarlo a proceso. Contra Abelino ha accionado la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ahora de capital ruso.
Bernardo, Abelino y María son solo una muestra de las decenas de líderes comunitarios y de pueblos indígenas que enfrentan criminalización por ejercer derechos. Bernardo ha sido sentenciado injusta e ilegalmente. Abelino, al igual que María, está por enfrentar proceso. Además de sus raíces indígenas y comunitarias q’eqchi’, los tres tienen en común que detrás de la acusación hay una empresa vinculada a la industria de explotación irracional de recursos naturales: minería, hidroeléctricas y monocultivo extensivo (palma africana o caña de azúcar), entre otros. Ellos tres y el resto de los líderes criminalizados han sufrido campañas de difamación (como la recién iniciada en contra de Rigoberto Juárez), amenazas y, finalmente, persecución penal. Cuando esta estrategia fracasa, recurren a la ejecución, como ha sucedido con los 24 defensores asesinados en 2018.
La cárcel o la muerte: esas son las opciones que el Estado de Guatemala, en colusión con empresas extractivas que operan al margen de la ley, ofrece a quien se dedica a la defensa del territorio, del ambiente y, con ello, de la vida. Ninguna persona merece enfrentar cárcel o muerte por ello. Abelino, María y Bernardo merecen y deben estar en libertad. Es lo justo y lo correcto.
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