Edgar Pérez, abogado de las víctimas, dijo que los abogados del general retirado y ex presidente de facto entre 1982 y 1983 han interpuesto 39 amparos. Todos, salvo uno, han sido rechazados. “Se nota que la defensa de Ríos Montt quiere retrasar maliciosamente el proceso para evitar llegar a juicio”, dijo Pérez durante una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir sobre el último amparo pendiente en un plazo de cinco días a un mes. Dicho amparo fue interpuesto por la defensa alegando que un decreto de 1986 emitido por el entonces presidente golpista Oscar Humberto Mejía Víctores libraba de responsabilidad a todos los autores de delitos relacionados con el conflicto armado. Rodolfo Rohrmoser, expresidente de la Corte de Constitucionalidad, dijo que cualquier ley de amnistía no cubre a los delitos de lesa humanidad porque estaría en contra de los tratados internacionales. Además, agregó que es urgente que los amparos planteados con el motivo de retrasar los procesos se castiguen con más dureza. Actualmente se castiga con Q1 mil por cada amparo rechazado pero, según Rohrmoser, las multas deberían adecuarse a la realidad, “si las multas fueran de Q12 mil en vez de Q1 mil, cualquier abogado pensaría más de dos veces en presentar un amparo de mala fe”.