Se trata de la directora de Xolabaj Radio y Xolabaj TV, quien es acusada de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado. La orden de captura fue emitida por la jueza de primera instancia penal de Quiché Susy Elizabeth Pérez Cabrera, a quien se le conocen antecedentes de acciones en contra de la prensa y de favorecer a acusados de cometer crímenes de guerra, entre otras anomalías.
La información disponible apunta a que la captura de Mejía Tiriquiz podría ser una represalia por su cobertura de las protestas en contra del alcalde de Joyabaj, Florencio Carrascoza Gámez, electo y reelecto por los partidos Libertad Democrática Renovada de Manuel Baldizón y Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres.
Como típico cacique local, durante más de una década Carrascoza Gámez ha mantenido un control férreo sobre la municipalidad de Joyabaj. Acostumbrado a ignorar las protestas en su contra, las cosas cambiaron en agosto pasado, cuando degeneraron en disturbios y en el saqueo del edificio municipal. Las razones de este enojo ciudadano fueron supuestos actos de corrupción y, recientemente, la malversación de alimentos destinados a asistir a los más afectados por la pandemia del covid-19. Entre numerosos señalamientos, los ciudadanos de Joyabaj acusan a Carrascoza Gámez de entregarlos solo a sus allegados.
Las imágenes captadas por Mejía Tiriquiz muestran que, durante la irrupción violenta en el edificio municipal, efectivamente se encontraron alimentos no distribuidos. Durante su larga gestión edil, Carrascoza Gámez ha acumulado numerosas denuncias, solicitudes de antejuicio y escándalos. Entre las solicitudes de antejuicio figura la presentada precisamente por la periodista Mejía Tiriquiz en 2017, con el número 269-2017. El móvil para una detención ilegal posiblemente orquestada por Carrascoza es evidente, lo cual debería activar al Ministerio Público para proceder en su contra.
[frasepzp1]
Sin embargo, Carrascoza pertenece al grupo de alcaldes mimados por presidentes, jueces y otros estamentos. Es a alcaldes como este a los que Giammattei quiere premiar, de urgencia nacional, liberándolos de los controles que contiene la Ley de Contrataciones del Estado para que puedan darles rienda suelta a sus apetitos corruptos comprando y contratando sin control. Y, claro, deviene lógico: si un alcalde como Carrascoza puede entregarse impunemente a su frenesí de corrupción comprando y contratando, ¿por qué no amedrentar encarcelando a una periodista molesta, que, además de decir la verdad, hasta ha solicitado antejuicio en su contra? El que lo haya hecho demuestra que Carrascoza y el resto de la gavilla a la que pertenece están confiados y se sienten respaldados para hacerlo.
Anastasia Mejía Tiriquiz debe ser liberada de inmediato. El Procurador de los Derechos Humanos y las instancias nacionales e internacionales que correspondan deben movilizarse para protegerla y garantizar sus derechos. El ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, es responsable de investigar a los agentes de la Policía Nacional Civil que se prestaron a la captura ilegal. La jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera debe ser investigada por esta y todas sus resoluciones anómalas. El Ministerio Público debe solicitar retirarle el antejuicio al alcalde Carrascoza.
Estas deben ser solo las primeras medidas para corregir un problema de magnitud estructural. El ataque en contra de la periodista Mejía Tiriquiz se suma a otros en contra de la prensa, la captura del periodista Sony Figueroa otro muy reciente. Nos toca a todos colaborar en lo que podamos, seguramente levantando la voz y demostrando nuestro rechazo a la corrupción y a la impunidad imperantes.
¡Liberen ya a Anastasia!
Más de este autor