Sin embargo, como ahora se ha puesto de moda certificar liberales o repartir carnés de liberalismo, si algún lector duda de mis convicciones, le recomiendo que lea el artículo ¿Para que están las cortes?, del doctor Eduardo Mayora Alvarado, o los análisis legales del profesor Édgar Ortiz Romero, que reflejan mucho de mi postura. Sin lugar a duda, estos autores gozan de la requerida acreditación liberal.
Hecha esta salvedad, entremos en materia: ¿por qué, como liberal, abogo por que se obedezca a la Corte de Constitucionalidad (CC)?
Existen dos versiones de respuesta a esta pregunta. Una de ellas es corta: porque desobedecer materialmente una resolución de la CC con uso de violencia, de la fuerza pública, implica un rompimiento del orden constitucional. Un típico caso de golpe de Estado, pues, aunque no se ha materializado, el Ejecutivo insiste en desobedecer. Pero la mayoría de la población aún no dimensiona el tamaño del problema. Lo pongo así: o el presidente obedece lo ordenado por la corte, o no habrá elecciones, no habrá Constitución y, por ende, no habrá república de Guatemala, sino que pasaríamos a ser el imperio o reino de Guatemala, bajo los designios del líder supremo Jimmy Morales en un régimen antiliberal.
Así las cosas, ante la poca claridad de ideas en la discusión intelectual, es necesaria una respuesta larga. Trataré de ilustrar —aunque no creo hacerlo mejor que el doctor Mayora— por qué, a pesar de los cuestionamientos existentes, es preciso, necesario e imperativo que se obedezca a la CC en aras del bienestar nacional.
En el núcleo del liberalismo y del derecho constitucional está la idea fundamental de la limitación del poder político, ya que los hombres no son ángeles y el poder corrompe. Por esas razones es que se idea toda la estructura republicana de gobierno: para prevenir la concentración de poder y estructurar un gobierno que dote de orden a la sociedad de tal manera que los ciudadanos efectivamente puedan gozar del ejercicio de sus derechos fundamentales y prosperar en paz.
En ese orden de ideas, dentro la estructura republicana de gobierno siempre habrá un árbitro final que materializará el sometimiento del poder político al derecho. Y ese árbitro son los tribunales de justicia —como bien lo explica Mayora—. En el caso de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, que, como todo órgano integrado por humanos, es falible, se equivoca, lo cual no justifica que se le desobedezca a costa de tirar por la borda el Estado constitucional que maltrechamente hemos construido en tres décadas. Sobre los errores y aciertos de la CC, me permito poner dos ejemplos de su actuación en la vida democrática nacional.
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El ejemplo más claro de la actuación de la CC en defensa del orden constitucional se dio en el serranazo. En esa ocasión, el tribunal constitucional conoció de oficio la constitucionalidad del decreto en el que el entonces presidente Serrano disolvía de un plumazo la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República a pesar de que la Ley de Amparo es clara al señalar que la CC siempre conoce en instancia rogada —a solicitud de parte—. ¿A algún republicano se le ocurrirá ahora promover un proceso por prevaricato contra esos magistrados por su defensa material del orden constitucional?
Y otro caso célebre, pero esta vez por la mala actuación de dicha corte, fue el de la candidatura del general Ríos Montt en 2003, cuando la CC resolvió positivamente sobre la inscripción de este. Pero al artículo 186 constitucional, que versa sobre las prohibiciones para optar al cargo de presidente de la república, solo le hace falta una dedicatoria expresa al general. En esa ocasión Ríos Montt participó y años después la CC enmendó el craso error en su jurisprudencia. ¿Algún liberal argumentó en esa ocasión a favor de un rompimiento constitucional —que obviamente implicaba un régimen de facto del presidente Portillo— por esa resolución de la CC?
Hay argumentos válidos sobre los defectos de nuestra arquitectura constitucional. Yo comparto muchos y abogo por reformas, como en el tema de la duración de los períodos de los magistrados y en el fundamental problema de la amplitud en la materia susceptible de amparo. Pero estos se deben corregir por el cauce institucional, y no a costa de destruir nuestro escuálido Estado de derecho.
Si temen que nos convirtamos en Nicaragua o Venezuela, los invito a que vean por la ventana y chequeen la evidencia y los facts sobre nuestros indicadores sociales. Se darán cuenta de que ya estamos cerca. Y en esta coyuntura, más a cada minuto, sobre todo cuando los verdaderos enemigos de la libertad se envalentonan para concretar la ruptura del orden republicano al escuchar voces liberales dispuestas a justificar una deriva autoritaria.
Me preocupa profundamente lo que pasa en mi país como cristiano y liberal, como ciudadano, pero por ahora solo queda esperar. Mientras tanto, seguiré con la frente en alto, defendiendo mis valores y principios liberales y, por ende, abogando por que se obedezca a la CC y se respete el orden constitucional. Y lo hago porque soy un joven idealista, un romántico, alguien que no deja de soñar —como Manuel Ayau— con que algún día Guatemala y todo su pueblo prosperarán.
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