Con criterios y fundamentos estrictamente jurídicos o no, finalmente ha sido esa instancia la que ha frustrado la participación de dos candidaturas de derecha punteras en la competencia electoral: Thelma Aldana (Semilla) y Zury Ríos (Valor). Está pendiente un proceso contra Sandra Torres (UNE), que probablemente no impida la inclusión de ella en la papeleta electoral.
La candidatura de Aldana, autodefinida como de derecha moderada, era la opción de una amalgama de fuerzas cuyas características principales pueden situarse en la anticorrupción y el reformismo institucional. Esta opción no riñe con el modelo de acumulación de capital y la esencia del régimen político. No obstante, al optar por la línea anticorrupción, fue vista por las fuerzas que integran el llamado Pacto de Corruptos como la candidatura a defenestrar. Era la opción más agradable a la embajada estadounidense, que en estas circunstancias podría volcar su apoyo a otra candidatura o renegociar los términos de su relación con alguna de las fuerzas del actual bloque de poder o con la misma Sandra Torres.
La candidatura de Torres es otra de las opciones de derecha. Devenida de un partido autodenominado socialdemócrata, durante el gobierno 2008-2012 impulsó programas paliativos contra la pobreza, pero representó la continuidad del modelo de acumulación de capital imperante. Su disputa frente a partidos tradicionales devino posteriormente en alianzas para garantizar impunidad a sus principales dirigentes, incluida su candidata presidencial, por acusaciones de ilícitos en la contienda de 2015. Asimismo, ha incorporado a financistas de dudosos intereses y ha cedido candidaturas a funcionarios y políticos responsables del desastre en que se encuentra el país.
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La propuesta de Zury Ríos y su partido forman parte de las fuerzas que integran el llamado Pacto de Corruptos. Este bloque de poder se configuró con grupos económicos, militares y políticos que coincidieron en intereses de acumulación, enriquecimiento e impunidad. No obstante, en el ámbito se despliega en varias fuerzas partidarias y candidaturas que expresan a grupos de interés específico, cuyo objetivo es lograr la mayor cuota de poder en el Congreso y posicionarse como la principal opción electoral para constituirse en el punto de articulación de cara a la segunda vuelta electoral.
Lo previsible es que este conjunto de grupos y partidos del Pacto de Corruptos se articule, como lo hizo en 2015, en torno a la candidatura presidencial que logre posicionarse con las mayores posibilidades de ganar la presidencia. Esta articulación se irá gestando a partir de los resultados de las encuestas por venir y, principalmente, del resultado de la primera vuelta electoral. En este sentido, según la última encuesta disponible y después de la veda a la candidatura de Ríos, las principales opciones de este bloque estarían en los candidatos Alejandro Giammattei (Vamos) y Roberto Arzú (PAN y Podemos, candidatura indecisa aún en el TSE). No obstante, su avance en las encuestas dependerá de las alianzas que haga el partido de la defenestrada Ríos, de hacia dónde opte el electorado, que hasta hace unos días la favorecía, o de la orientación de los votantes adeptos a candidaturas invalidadas como la de Mario Estrada (UCN) y Mauricio Radford (Fuerza).
Sin Aldana en la contienda, muy probablemente el bloque que integra el llamado Pacto de Corruptos tendrá las mayores posibilidades de mantener el control del Gobierno y del Congreso, en especial porque la candidatura de Torres cuenta con un antivoto bastante alto y porque la votación para el Congreso suele dispersarse. No es de descartar que en el último mes surja una opción competitiva emergente también de derecha, pero más cercana a la línea de Aldana, quizá en la figura de Manfredo Marroquín (EG) o en la de Edmond Mulet (Humanista).
Mientras esto sucede con las derechas, las izquierdas, también fragmentadas, muy probablemente obtengan resultados modestos que en algunos casos provoquen la desaparición de más de uno de los cuatro partidos de esta tendencia.
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