“Los otros juicios por genocidio contra jefes de Estado se han realizado por tribunales especiales de la ONU, como en Yugoslavia o Ruanda”, dijo Edgar Pérez, abogado de las víctimas que trabaja en este caso desde 1999.
El juicio por genocidio y deberes contra la humanidad supuestamente cometidos contra la población Ixil entre 1982 y 1983 bajo las órdenes de ambos comenzará el martes 19 de marzo.
Según Pérez, también se ha juzgado el genocidio en América Latina en Perú, Colombia y Bolivia pero nunca contra jefes de Estado, pues en esos países han sido procesados únicamente altos mandos de las fuerzas armadas.
“En Bolivia condenaron por genocidio a un grupo de militares que ordenó una matanza tres veces menor que la que perpetuó el ejército en Plan de Sánchez, Baja Verapaz, donde murieron 256 personas”, añadió Pérez.
Benjamín Manuel Gerónimo es el representante legal de la Asociación Justicia y Reconciliación, la agrupación que es querellante adhesiva en la acusación contra los militares. Gerónimo perdió 14 miembros de su familia el 18 de julio de 1982 cuando, asegura, miembros del ejército irrumpieron en el Plan de Sánchez, Baja Verapaz “en busca de guerrilleros” y mataron a sus hermanos, a su madre, su esposa, sobrinos, abuelos y primos, algunos menores de edad.
Pérez dijo que la importancia de este juicio estriba en que se conozca “la historia de sangre del país para que exista reconciliación y se sancione al estado racista para que incluya a los pueblos indígenas en sus políticas”.
Francisco Palomo, abogado defensor de los militares, dijo que la jueza debería suspender la audiencia de mañana porque está pendiente de resolverse un amparo presentado por la defensa, donde se le pide a la Corte de Apelaciones que permita que participen en el juicio tres peritos que el juez Miguel Ángel Gálvez rechazó por haber sido presentados fuera de tiempo. Palomo apuntó que este es un juicio político, que busca linchar a una figura mediática, como es Ríos Montt. Si la jueza no lo suspende, aseguró, “estamos preparados”.
El abogado constitucionalista Álvaro Castellanos, dijo que se debe buscar en este proceso el conocimiento de la verdad histórica. Lo más relevante, según Castellanos, es que la población y quienes se consideran víctimas de diferentes delitos confían ahora en el sistema de justicia independientemente de qué se resuelva. Porque “la única verdadera paz se logrará a través de la justicia y una sentencia en este juicio insertaría a Guatemala a un concierto de naciones que están dispuestas a juzgar los de delitos de lesa humanidad”.
El 4 de febrero el juez Miguel Ángel Gálvez dictó el auto de apertura a juicio donde le ordenó al Tribunal de Sentencia A de Mayor Riesgo presidido por Jasmín Barrios que sometiera a juicio a los acusados porque existen suficientes pruebas para creer que dirigieron y planificaron genocidio contra la población Ixil cuando ejercieron los mandos más altos del país.
Mañana, cuando sea sentado en el banquillo de los acusados y enfrente a la Justicia cara a cara, Ríos Montt tendrá la oportunidad de exponer su versión de los hechos, negará que durante su Gobierno el Ejército bajo su mando haya cometido genocidio, y reclamará su inocencia.
Los 1.771 indígenas ixiles que según la Fiscalía fueron asesinados a manos de los soldados que Ríos Montt dirigía como comandante general de las Fuerzas Armadas, no tuvieron oportunidad de defensa, reclaman los sobrevivientes
